Cospedal niega tener “constancia oficial” de la fosa franquista con cien militares asesinados por ser leales a la República

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se moja con la Memoria Histórica al responder en el Congreso sobre las repatriaciones de la División Azul, la fosa de los militares en San Fernando (Cádiz) y los documentos secretos del franquismo. Y lo ha hecho justificando el traslado de los restos de voluntarios que lucharon junto a los nazis “por razones humanitarias”, negando que el Ministerio tenga “constancia oficial” de la tumba ilegal con soldados y ofreciendo la “mano tendida” del Gobierno para “negociar” la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.

Las preguntas, presentadas a la Comisión de Defensa por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea (UP-EC-EM), han causado “sorpresa” a la ministra al tratar sobre lo que ha definido como “asuntos históricos”. El más espinoso, la fosa común con militares desvelada por eldiario.es, Cospedal dice que son “asuntos que no competen a mi departamento” y sobre los que el Ministerio “no ha recibido ninguna petición”.

“Esta solicitud me ha causado cierta sorpresa porque en el Ministerio de Defensa no se tiene constancia oficial alguna sobre el asunto al que se refiere la petición”, asegura Cospedal respecto a los militares asesinados y arrojados a fosas comunes en el municipio gaditano de San Fernando tras permanecer leales al “Ordenamiento Constitucional vigente”, como apunta la pregunta de Unidos Podemos. Una vez publicada esta noticia, fuentes de Defensa han querido matizar que la ministra “no niega la existencia de la fosa” pero que al Ministerio “no ha llegado nunca ninguna petición por parte de los familiares”.

“Únicamente se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, alguno de los cuales solicitó información a la Dirección de Comunicación del Ministerio”, ha alegado Cospedal en referencia a la noticia publicada por eldiario.es. Defensa no contestó a este medio si tenía algún plan con respecto a la fosa común y las víctimas del franquismo pertenecientes al Ejército.

De las 204 víctimas ejecutadas por el franquismo y enterradas en San Fernando, 108 eran miembros de la Armada leales a la República y opuestos al “glorioso Alzamiento Nacional”. Cospedal ha aludido al Mapa de Fosas para alegar que el número de víctimas “en ese enterramiento” está “entre 15 ó 20 personas, no 108”.

El Ejecutivo “se desentiende de la fosa con más de 100 militares”, en opinión del diputado de Unidos Podemos Miguel Ángel Bustamante. Como norma, el Gobierno de Rajoy “se jacta de dedicar cero euros al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica” mientras “no hay dinero para acabar con las fosas del franquismo y sí para traer a las víctimas de la División Azul”.

Bustamante ha solicitado la puesta en marcha de una “partida presupuestaria” concreta dedicada a recuperar los restos de los ejecutados por los golpistas. Como el PSOE, para quien “el problema fundamental está en el incumplimiento de la ley de Memoria Histórica al dejar a cero desde 2012 la financiación para excavación de fosas comunes”, en palabras de Ciprià Ciscar.

“Desconozco qué lleva a decir que el Ministerio de Defensa se desentiende de esta fosa”, ha dicho Cospedal, porque su cartera “no tiene competencia específica en este tema”. Tras la noticia publicada por este medio, el caso llegó al Congreso. Unidos Podemos preguntó a Rajoy y Cospedal por estos soldados asesinados “por defender la democracia”. El Gobierno respondió intentando zanjar un asunto sobre el que asegura no tener “competencia ni responsabilidad”.

Como coartada, Defensa aludió a la intervención arqueológica que en estos momentos se realiza en el cementerio isleño, coordinada desde la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. El trabajo regional “no exime que Gobierno y Defensa puedan actuar” al amparo de una ley de Memoria Histórica “que incumplen”, señalaron a este medio fuentes del Ejecutivo andaluz.

“Algunos quieren abrir heridas por puro tacticismo”, ha espetado el parlamentario del PP Ricardo Tarno en la comparecencia de Cospedal.“En el caso de [la fosa de] San Fernando se habla de un número menor de personas, en ningún caso de esos 100 y ninguna persona ha solicitado ayuda al Ministerio de Defensa”, sostiene. “Si creen que el Gobierno no cumple la ley de Memoria Histórica pido que lo demanden a la administración competente”, ha provocado a la oposición, en vez de “confrontar por confrontar” sobre “temas suficientemente debatidos”.

Los muertos de la División Azul

“Sorprende en la situación actual el enfoque y la prioridad de algunas fuerzas políticas sobre algunas cuestiones teniendo en cuenta que esto es un tema que lleva en marcha cerca de 25 años”, ha justificado la ministra de Defensa sobre las repatriaciones de miembros de la División Azul que lucharon junto a los nazis contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

El convenio con Alemania quedó firmado en 1995. Defensa ha gastado 23.000 euros desde 2003 en trasladar los restos de 29 soldados españoles, 13 de ellos autorizados por los Gobiernos de Mariano Rajoy. Tanto el PSOE, en su momento, como ahora Unidos Podemos han afeado el contraste de este programa con la nula inversión que desde 2012 realiza el Ejecutivo para las exhumaciones de víctimas del franquismo.

La búsqueda de voluntarios de la División Azul está realizada a través de la asociación alemana Wolksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, autorizada a localizar en Rusia la ubicación de los cadáveres. “El acuerdo anterior no se ha ratificado ni corregido”, según Cospedal, que precisa las “circunstancias” necesarias para que Defensa entre al traslado de los restos de “soldados españoles” muertos en combate en el extranjero “sin tener en cuenta las circunstancias políticas” del momento: “que los restos estén localizados, identificados y que algún familiar solicite la repatriación”.

Unos “45.000 españoles estuvieron luchando junto a los nazis” y “todas las familias tienen derecho a enterrar a sus desaparecidos”, ha comentado Miguel Ángel Bustamante. Pero esta “expatriación de cadáveres de soldados de la División Azul” debe estar acompañada de “esa misma diligencia, cuidado y preocupación en cualquier de los casos”, empezando por los que están en suelo patrio“, ha aludido Ciprià Ciscar sobre las víctimas del franquismo.

Archivos secretos del franquismo

En torno a la desclasificación de los “10.000 documentos de la guerra civil y el franquismo (entre 1936 y 1968) conservados en archivos militares”, la ministra de Defensa ha lanzado “la mano tendida del Gobierno para negociar y hablar” sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. “Y al mismo tiempo proponer la posibilidad de incorporar el presupuesto necesario para los cometidos y el expurgado de toda la documentación, que es numerosísima, para que se pueda realizar esta labor desde el Ministerio de Defensa”, ha continuado Cospedal.

El desbloqueo de la legislación que data de 1968, en plena dictadura, tiene el objetivo de establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y de 10 en el caso de los clasificados como reservados. La Secretaría de Estado de Defensa ultimó en 2011 un listado de archivos que entran en estas categorías.

“La precariedad existente en los archivos públicos dificultan la posibilidad del conocimiento amplio de estas materias”, sostiene Ciprià Ciscar. “Y la entrega a fundaciones” de parte de esta documentación “ha debilitado” el conjunto documental, según el parlamentario socialista.

“Estamos cada vez más cerca de una solución”, ha manifestado María Dolores de Cospedal. “Incluso” en lo concerniente “a materias clasificadas y secretos oficiales” con un matiz: “Defensa no pone impedimento alguno a la desclasificación de documentos siempre que se mantenga la seguridad del Estado”. Una cuestión que requerirá, ha dicho, una “valoración individualizada” de cada legajo que precisa “medios de los que en la actualidad no se tiene y que lleva un tiempo considerable”.