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Una de las profesoras del acta falsificada: “Salimos muy perjudicadas”

La profesora Clara Souto, a la salida de la Universidad Rey Juan Carlos. Foto: Olmo Calvo

Laura Galaup

Las profesoras que supuestamente evaluaron a Cristina Cifuentes el 2 de julio de 2012 siguen sin dar explicaciones. Dos de ellas han optado por el portazo y el silencio para no responder este miércoles a los periodistas sobre la información de El Confidencial. Han tomado esta decisión a pesar de que este medio asegura que dos de las firmas del acta de la defensa del Trabajo Fin de Máster presentadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid se falsificaron.

Clara Souto es una de las profesoras a las apunta directamente esta noticia. En ella se asegura que tanto su rúbrica como la de Alicia López de los Mozos no es original. “No nos respetáis”, ha apuntado Souto a los periodistas que han acudido al campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos. No ha querido dar su versión sobre esta nueva información.

Este miércoles se votaba la reelección de Enrique Álvarez Conde como director del Instituto de Derecho Público. Junto a Souto también ha acudido a esta convocatoria Rosado, la única profesora que supuestamente firmó ese papel falso. Fuentes de este departamento han confirmado a eldiario.es que López de los Mozos no ha asistido.

A este organismo pertenecen estas tres profesoras y es el que organizó el máster al que se matriculó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Está dirigido por el mismo catedrático que es tutor del supuesto Trabajo de Fin de Máster y que fue presentado como director del máster, aunque como publicó eldiario.es figuraba oficialmente como directora entonces Cecilia Rosado.

Souto no ha querido pararse para atender a la prensa ni responder a las preguntas relativas a la presunta falsificación de su firma, la asistencia de Cifuentes a la presentación de su TFM y tampoco ha aportado información sobre las explicaciones que va a dar a la universidad esta semana. Ha evitado responder sobre el caso del máster tanto al entrar a la reunión y como al salir, cuando ha optado por huir hacia su coche. “Dejad que atendamos a la Universidad y que les demos las explicaciones”, ha asegurado en alusión a la investigación abierta por la Rey Juan Carlos.

“Entiendo vuestro trabajo pero intentad respetar el nuestro. Se están poniendo en duda muchas cosas y salimos muy perjudicadas”, ha apuntado a los medios de comunicación. Ante la pregunta de si firmó el acta que está en entredicho, ha vuelto a “pedir respeto”.

Además ha reseñado que tras la publicación de la información de la fasificación de la rúbrica “nadie” de la Universidad se ha puesto en contacto con ella. Y ha eludido la oportunidad de atender a los periodistas en el futuro. “Tiene que hablar otra gente”, ha incidido antes de meterse en su coche.

Esta profesional está especializada en temas de género y es hija de José Antonio Souto Paz, catedrático de derecho canónico y primer alcalde democrático de Santiago de Compostela tras la dictadura por UCD. Souto Paz, fallecido en septiembre de 2017, figura como titular de varios trabajos de investigación en la URJC en los que también están sus tres hijas: Clara Souto, Esther Souto y Beatriz Souto, investigaciones en las que también aparece Enrique Álvarez Conde, Cecilia Rosado y Alicia López.

Por su parte, Rosado no ha dado ninguna respuesta. “No tengo nada que decir”, ha apuntado ante las preguntas de los medios. Esta docente llegó a la universidad desde entorno de la antigua federación de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IUCM) de José Antonio Moral Santín, hoy condenado por las tarjetas Black. Es, a su vez, sobrina de Santiago Rosado Pacheco, catedrático de derecho administrativo en la URJC. Formó parte de las listas de la candidatura de Luis García Montero a la Comunidad de Madrid. Tanto ella como las otras dos profesoras están vinculadas a Comisiones Obreras de la URJC. Formaron parte de una misma candidatura de este sindicato en el año 2014.

Finalmente, Álvarez Conde ha aplazado la reelección de director del Instituto. Ha justificado esta decisión apuntando que su “honorabildiad” y la del departamento “está siendo puesta en tela de juicio”. Aunque tiene “el convencimiento de que esta injusta situación se resolverá favorablemente en tiempo prudencial”.

Además ha evitado responder a cuestiones sobre las nuevas informaciones del acta del TFM y la reunión que El Confidencial asegura que mantuvo el martes junto a las otras docentes “para tratar de pactar una versión común” de cara a la investigación iniciada por la Universidad.

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