Marian Moreno: “El veto parental de la ultraderecha es un ataque directo a los derechos de los niños y niñas”

El pasado viernes el Gobierno inició el procedimiento para exigir a Murcia que retire la norma que permite a los padres vetar actividades en los centros educativos que contravengan sus creencias morales, ideológicas o religiosas. El llamado por Vox 'pin parental' ha desatado una guerra en la región y una firme oposición de los colectivos educativos, feministas y LGTBI y del propio Ministerio de Educación, que recurrirá estas instrucciones en caso de que Murcia no atienda al requerimiento enviado.

Tras haber intentado introducirlo en otras autonomías, Vox finalmente ha logrado allí, junto a PP y Ciudadanos, consagrar el 'pin parental', aunque no blindarlo por ley. Marian Moreno, filóloga, experta en coeducación y profesora de Lengua Castellana en el IES Emilio Alarcos, de Gijón, está acostumbrada a lidiar con los discursos que defienden este tipo de medidas. Es una de las creadoras de Skolae, un programa dedicado a introducir la igualdad en los centros de Navarra que vive “una caza de brujas” por parte de sectores conservadores.

En la práctica, el veto parental de Vox permite a los progenitores autorizar que sus hijos e hijas no asistan a actividades fundamentalmente relacionadas con la diversidad afectivo-sexual y la igualdad de género. ¿Qué implica esta medida?

El veto parental de la ultraderecha es una ocurrencia política que va en contra de los derechos humanos, de los tratados internacionales, de las leyes estatales y autonómicas, de las normativas de las consejerías de Educación e incluso de la propia Constitución. Lo que quiere la ultraderecha es que tengamos una educación de contenidos, no de valores. Y eso es imposible. El sistema educativo está para transmitir valores. Es un ataque directo al profesorado y también a los derechos de los niños y niñas. Lo único que hacemos los maestros y maestras es cumplir las leyes. Y precisamente quienes las incumplen son aquellos que no llevan a sus aulas la igualdad y la diversidad sexual.

¿En qué sentido vulnera los derechos de los menores?

Los vulnera porque todos los menores están dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas lo están. En este sentido, la educación debe fomentar el respeto a la diversidad de género, racial, sexual... de todo tipo. Los niños y niñas tienen derecho a ser educados en el fomento de los derechos humanos y la no discriminación. Esto implica que debemos poner encima de la mesa todos los temas que atañen a la sociedad. Los niños y niñas se dice que son el futuro, pero son el presente. Ya existen y tienen derechos.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”, una afirmación que ha generado polémica.

Es que es cierto. Ninguna persona pertenece a otra. Por lo tanto, los menores no pertenecen a sus familias, simplemente están a cargo de personas adultas, que deben darles una educación para convivir en una sociedad como la nuestra. Y esa educación debe tener el objetivo de prevenir las violencias machistas, los estereotipos y los prejuicios. También enseñar que hay otras formas de ser mujeres y hombres en las que la convivencia es en igualdad y pacífica y no a través de la violencia, del poder y la desigualdad. Parece ser que la ultraderecha no quiere que enseñemos a respetar a las personas.

Sobre el veto parental, alguien podría decir 'bueno, es normal que los padres quieran controlar los contenidos que reciben sus hijos...'

Claro, sí, pero ya lo hacen. En un centro educativo las asociaciones de padres y madres están en el Consejo Escolar; leen y aprueban o no la programación general anual de cada centro educativo; se les da información sobre las actividades extraescolares y complementarias; tienen todos los programas y proyectos. Pero, además, en cualquier momento puede venir un padre o una madre y preguntar a cualquier profe. Los progenitores siempre van a estar informados. Ya existen los mecanismos adecuados de control.

Asistir a este tipo de actividades forma parte también del pleno desarrollo de los niños y niñas. En un escenario en el que hay datos alarmantes como que el 60% de los estudiantes madrileños aseguran haber presenciado acoso homófobo o tránsfobo en clase.el 60% de los estudiantes madrileños aseguran haber presenciado acoso homófobo o tránsfobo en clase.

Totalmente. Nos atacan diciendo que adoctrinamos, pero desde la igualdad y la diversidad sexual no se adoctrina. Simplemente se abre el catálogo, por decirlo de alguna manera, de realidades y actitudes existentes. Para niños y niñas que son LGTBI es indispensable, para que puedan desarrollarse libremente. Este alumnado tiene todo el derecho del mundo a no ser discriminado y, si yo no quiero no discriminar a mi alumnado LGTBI, lo que tengo que empezar a hacer es reconocerlo y, por lo tanto, poner sobre la mesa este tema.

Celaá también ha puesto el ejemplo de que este veto parental podría dar lugar a que un grupo antivacunas no autorizara a sus hijos a asistir a una actividad sobre el tema.

Claro, es que podrían darse situaciones absurdas como que un ultracatólico religioso no deje a un menor que vaya a un taller en el que hablamos de Darwin porque su creencia es que venimos de Adán y Eva. El sistema educativo no puede depender de las ideas y de las creencias de las familias. Está claro que éstas pueden creer lo que quieran, pero no tienen derecho a imponer sus creencias por encima de la ley ni de los marcos internacionales de derechos humanos.

Este tipo de discursos señalan como su argumento base la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y justifican que este tipo de actividades se inmiscuye en las familias.

La Constitución habla de la libertad de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa o moral acorde a sus convicciones. Eso se cumple, claro que tienen esa libertad, pero dice 'moral'. La igualdad y la libertad sexual no son una cuestión moral, son una cuestión ética. Tienen que ver con la ética democrática. Es la gran diferencia. Yo como profesora no me inmiscuyo en la familia, que puede transmitir a sus hijos e hijas lo que considere, pero sí me posiciono a favor de una educación para una ciudadanía democrática, que es a lo que me obliga el Estado.

Usted fue una de las creadoras del programa Skolae, implantado en Navarra, que ha recibido varios premios –entre ellos, el de la Unesco– y fue denunciado por asociaciones de padres ultracatólicos. ¿Cómo habéis lidiado con ello?–entre ellos, el de la Unesco–

Sí, nos denunciaron. Fuimos a testificar en junio y septiembre, pero no hemos vuelto a tener noticias, estamos esperando. A nivel personal, cada una hemos lidiado como hemos podido. Yo que soy muy optimista ya llega un punto que incluso te lo tomas a risa. Hemos recibido insultos de 'pederasta', 'pedófila', 'pro prostitución de menores...'. Profesionalmente ha sido un palo muy duro porque éramos simplemente docentes trabajando por la igualdad. No pretendíamos ni ir a recoger un premio de la Unesco, ni pasar por el juzgado, ni ser insultadas en redes sociales.

Lo que hacen estos sectores con este tipo de medidas y estrategias es imponer la cultura del miedo. La Administración protege al profesorado que trata estos contenidos, pero habrá algunos o algunas que pensarán 'bueno, si no lo hago me meto en menos líos'. Este miedo lleva a la inacción. Ese es el verdadero objetivo.

Aún así, los sectores y las familias contrarias a estas actividades son una minoría...

Sí, totalmente. El 99% de las familias está contenta con la educación para la igualdad, pero el 1% hace mucho ruido. Han hecho ellos más ruido en un año de ultraderecha que el que llevamos haciendo nosotras en 30 años de coeducación. En todo caso, por lo que tenemos que pelear es por sistematizar y ampliar estos contenidos porque están en las leyes y obligatoriamente deberíamos introducirlos, pero en la práctica se ha dejado a merced de la voluntariedad de los centros educativos y del profesorado. Nuestra reivindicación es que se establezcan mecanismos para obligar a cumplir la ley.