La Fiscalía cree que UGT Asturias desvió 1,4 millones de cursos de formación

La Fiscalía considera que UGT Asturias y su fundación IFES realizaron operaciones dirigidas al “sistemático” desvío de parte de los fondos públicos recibidos para cursos de formación, al menos entre los años 2010 y 2014 y por un importe de más de 1,4 millones de euros.

El Ministerio Fiscal estima que los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Así se recoge en el escrito que la Fiscalía ha remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo que investiga al sindicato por presunto fraude en las subvenciones por los cursos de formación, en el que solicita que se proceda a finalizar la instrucción y que se dé traslado a las acusaciones para que formulen sus escritos.

La Fiscalía, de forma provisional, ve indicios racionales de delito en el entonces secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, que dejó el cargo en 2016 tras dieciséis años al frente de la organización, y otros cinco trabajadores del sindicato.

En su escrito, la Fiscalía sostiene que el desvío sistemático de fondos públicos se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que UGT y su fundación IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones.

Para ocultar a la administración el sobrecoste en que incurrían, según la Fiscalía, recurrían al aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con tres sociedades, de las que se proveían de los bienes y servicios para las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional.

La Fiscalía estima que hay indicios suficientes para formular la acusación a través de las testificales practicadas, la numerosa documentación recogida y los informes periciales de la Intervención General de la Administración del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La investigación se inició en Asturias en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación por hechos similares en Sevilla.

Las subvenciones concedidas por el Principado estaban cofinanciadas con el Fondo Social Europeo.