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El nuevo Gobierno eliminará conciertos a los centros que segreguen e incluirá el dentista en el Sistema Nacional de Salud

Gente en la calle

Daniel Sánchez Caballero / Belén Remacha

Derogar la LOMCE, prohibir los conciertos educativos en colegios que segreguen por sexo, subir la inversión educativa y sanitaria, incluir el dentista en el catálogo, eliminar los copagos, mejorar las condiciones laborales de los profesores universitarios, regular la eutanasia, descongestionar las listas de espera de la Dependencia, avanzar hacia la generación del 100% de energía renovable o toda una sección dedicada al feminismo.

Como había anunciado, el futuro Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos dedica una buena parte de su pacto de Gobierno a lo social, casi la mitad del texto. Un total de cinco de los 11 puntos acordados tienen este cariz: Educación, Sanidad, cambio climático, feminismo y despoblación componen los apartados más sociales del documento que se va a presentar esta tarde.

Educación: fin de la LOMCE y de los conciertos que segregan por sexo

La derogación de la LOMCE va a llegar tarde. El futuro nuevo Ejecutivo se compromete en el pacto de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos a tumbar la conocida como ley Wert y sustituirla por una Ley Básica de Educación. Pero los plazos aprietan, derogar en el Congreso una ley orgánica como la LOMCE lleva tiempo y los cursos escolares empiezan a prepararse por marzo, mucho antes de empezar en septiembre. Las cuentas no salen.

Así, en el mejor de los casos la LOMCE habrá resistido casi siete años, pese a ser una ley que “nació muerta”. El Ejecutivo también se compromete a eliminar una de las medidas más polémicas que trajo la ley y que el Tribunal Constitucional avaló: los conciertos educativos en centros que segregan a sus alumnos por sexo. En lo relativo a la escuela concertada, el pacto anuncia que “se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo”.

Todavía dentro de la etapa obligatoria, a la que se dedican 11 de los 17 puntos de la parte educativa, el acuerdo compromete al Gobierno a elevar hasta el 5% del PIB el gasto en Educación (actualmente en el 4,2%) en 2025 (ni rastro de objetivos cercanos al 7%, considerada la cifra mágica en Educación y que algún responsable socialista ha citado como la meta ideal). Por último, se anuncia “la universalización del acceso a la educación infantil 0-3 a través de una red pública de centros”.

En Universidad, para los alumnos el Ejecutivo anuncia que revisará el sistema de becas, que el PP había modificado con rebaja en las cuantías incluida. Entre los objetivos del nuevo Gobierno en este apartado estará que el dinero llegue antes de que empiece el curso, una queja recurrente de las asociaciones de alumnos. También se quiere promover una rebaja de las tasas, que llegaron a subir hasta el 300% según dónde, aunque esta ejecutar esta medida depende de las comunidades autónomas, el Gobierno solo puede modificar los márgenes en los que se moverán las autonomías.

Para los profesores, un vago anuncio de “avanzar en la reducción de la precariedad y progresiva estabilización”, sin más concreción. A los docentes ya consolidados se les ofrece un estatuto docente, otra reivindicación histórica de los funcionarios universitarios. Para el personal de servicios no hay promesas.

El texto también contempla acuerdos en I+D+i. Se comprometen los dos partidos a aumentar la inversión pública y “avanzar” hacia los objetivos comunitarios, lo que supondría duplicar el gasto (no se especifica este objetivo en el acuerdo). También hay una propuesta para facilitar la contratación de personal investigador y aumentar las becas predoctorales y los contratos postdoctorales.

Sanidad y servicios sociales: hola al dentista e impulso a la dependencia

Una de las medidas más ambiciosas que recoge el pacto de gobierno es la introducción de la salud bucodental en el catálogo del Servicio Nacional de Salud. Dicho de otra manera, dentistas gratis. “Progresivamente”, eso sí.

El nuevo Gobierno también pretende eliminar los copagos introducidos en 2012, sin otro plazo que la legislatura. Esta medida empezará por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, el tercero de los 14 puntos dedicados a la Sanidad se refiere al “blindaje” del sistema público de salud, “apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”. En este sentido, el documento fija el 7% del PIB como objetivo de financiación para 2023. Los países europeos que más invierten superan el 8%. Como le sucede en ciertos apartados de educación, el Gobierno central tiene las competencias en Sanidad limitadas y depende en buena parte de lo que las comunidades autónomas quieran o no quieran hacer.

El acuerdo también se refiere a la dependencia. Dice el texto que “mejorarán” la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para “reducir las listas de espera”, poniéndose el objetivo del 75%. Actualmente, la media de espera para recibir una prestación o servicio es de un año y dos meses, según hizo público este mes la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, este año el Sistema, que nació con la Ley de 2007, ha sufrido un retroceso grave: el número de personas que esperaban la valoración alcanzó en verano su récord desde 2012, y también aumentó por primera vez desde 2015 la lista de personas calificadas como severas o graves que no contaban todavía con ayuda.

También prometen PSOE y UP que “se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular”, como piden las asociaciones, y de carácter “finalista”, es decir, que el presupuesto para el Sistema no se pueda desviar. Actualmente, las autonomías aportan el 80% al Sistema y el Gobierno central el 20%, cuando la legislación dicta que debería de ser una inversión al 50%.

Regular la eutanasia

El documento también formaliza dos cuestiones de las que se viene hablando cierto tiempo y que incluso han llegado a entrar al Congreso: las apuestas online y la eutanasia.

Respecto a esta última, el texto promete una respuesta “jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida”. Lo harán impulsando “una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida” y una “Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia”, con servicios incluidos en el Sistema Nacional de Salud.

Esa Ley, que tiene que contar con la mayoría parlamentaria, aparecía en los programas tanto de PSOE como de Unidas Podemos. La eutanasia ocupó un lugar central durante la campaña del 28A por coincidir en el tiempo con el caso de María José Carrasco, pero en la del 10N el tema quedó más desdibujado. Durante la legislatura previa pasó por el Congreso cuatro veces, la última tramitada por el PSOE pero bloqueada en la Mesa por el PP y Ciudadanos.

En cuanto a los juegos de azar y la ludopatía, uno de los caballos de batalla recurrentes en Unidas Podemos, el nuevo Ejecutivo promete regular la publicidad de los juegos de azar y las apuestas en línea con una norma “similar a la del tabaco”, que básicamente prohíbe los anuncios.

“Políticas feministas” y rechazo a los vientres de alquiler

El acuerdo reserva uno de sus once puntos para las “políticas feministas”. Entre ellas incluyen medidas en algunos ámbitos en los que ya coincidían ambos partidos en sus programas: para garantizar la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres, para reforzar la lucha contra la violencia machista (y adaptarse al Convenio de Estambul, que reconoce la violencia machista fuera del ámbito de la pareja), contra la trata con fines de explotación sexual, o para blindar los derechos sexuales y reproductivos. También la intención de desarrollar una “política fiscal con perspectiva de género”, sin concretar cómo.

En el programa hay un “NO” rotundo a los “vientres de alquiler” y la promesa de actuar “frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país”.

No hay mención a cómo se abordaría la prostitución, ámbito en el que sí difieren en algunas posturas PSOE y Podemos. El documento concreta el impulso de un “pacto social y político por la racionalización de los horarios” o de una “protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía”. Y el fin de la “tasa rosa”, aunque tampoco se refieren específicamente a la reducción del IVA en productos menstruales, que sí estaba incluido en los Presupuestos Generales que pactaron el año pasado.

Cambio climático

El acuerdo le dedica todo un apartado en exclusiva, aunque no hay grandes anuncios en el texto. PSOE e Unidas Podemos anuncian su objetivo de alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable. También se anuncia un impulso a la compra de vehículos eléctricos, el fomento del autoconsumo y se establecerá “la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo”, que fija al mismo precio que el mercado mayorista de electricidad. Por último, el Ejecutivo se compromete a prohibir que se le corten los suministros a las familias que no paguen por no tener dinero.

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