El Gobierno del PP prolongó una década la degradación ambiental del Mar Menor al ignorar las alarmas de Medio Ambiente
Casi una década desaprovechada. El Gobierno de Mariano Rajoy no hizo caso al diagnóstico interno sobre el Mar Menor que había realizado el Ministerio de Medio Ambiente en 2010, solo un año antes de que llegara al poder, y optó por un paquete de medidas conservadoras que mantuvo hasta que la laguna sufrió su primer episodio de “colapso ambiental” en 2016.
La alerta de Medio Ambiente indicaba que la contaminación por restos de fertilizantes del acuífero que desagua en la laguna era ya tan severa que alcanzar los niveles legales máximos de nitratos iba a prolongarse, al menos, hasta 2027, según recogía el documento de Esquema de Temas Importantes referidos a la cuenca. La mayoría de esos nitratos son desechos de la fertilización de la agricultura intensiva.
Entre las alternativas estudiadas junto a ese diagnóstico había opciones más tímidas con “medidas básicas” que “ya están siendo implementadas” bajo la competencia de la Comunidad Autónoma, opciones más intermedias y variantes que añadían la reducción de la superficie dedicada al regadío intensivo: en un 15, 30 o un 50%.
De manera “preliminar”, explicaban, el coste de esa opción oscilaría entre los 70 y 236 millones de euros. “Desproporcionado”, estimaban en 2010, aunque aclaraban que hacía falta “estudios hidrogeológicos específicos”.
“El Mar Menor está mejor que nunca. De ninguna manera vamos a reducir regadíos”. Esto aseguraba el consejero de Agricultura de la Región de Murcia, Antonio Cerdá (PP), en septiembre de 2010 al saber que una de las alternativas expuestas para aliviar al humedal al preparar el Plan Hidrológico del Segura era expropiar fincas con la idea de limitar el uso de fertilizantes con nitrógeno que luego terminan en el agua subterránea y desembocan en el Mar Menor.
El Ministerio estaba dirigido entonces por Elena Espinosa (PSOE). Un año después, Mariano Rajoy colocaba al mando a Miguel Arias Cañete (PP). El vaticinio del consejero murciano cristalizó. No solo no tuvieron que reducir regadíos, sino que la superficie se dobló en poco tiempo: si los documentos en 2010 aseguraban que, de acuerdo con los datos de teledetección, había algo más de 40.000 hectáreas, en septiembre de 2014 la ficha técnica del Organismo contabiliza una superficie bruta de regadío del Campo de Cartagena de unas 83.088 hectáreas “.
Al redactar y aprobar finalmente el Plan Hidrológico, el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy optó por una opción más conservadora además de admitir que buscaría objetivos menos rigurosos para la calidad del agua.
Así, se incluía la aplicación de buenas prácticas agrícolas, el desarrollo de servicios de asesoría al agricultor y la sustitución del uso de fitosanitarios que contuvieran sustancias potencialmente contaminantes. También se apostó por la construcción de una batería perimetral de pozos para drenar el agua contaminada de manera que “los caudales bombeados sean vertidos al Mar Mediterráneo con tratamiento previo para la eliminación de nutrientes”, describían. Así aparece en el Plan de Medidas que se aprobó en 2013. Ni una mención a rebajar la presión mediante la reducción de las explotaciones de regadío.
El problema fue que, ni siquiera ese plan se implementó según lo anunciado. El análisis de cumplimiento del programa de medidas para contener la contaminación del acuífero que afectaba al Mar Menor realizada en septiembre de 2014 para la revisión del Plan Hidrológico, indicaba que el porcentaje de ejecución era del 0%.
En ese paquete también se preveía la ampliación de la declaración de Zona Vulnerable tanto para el agua subterránea como superficial en el Campo de Cartagena y la implantación de buenas prácticas agrícolas y sustitución de fertilizantes contaminantes por otros neutros.
También la mencionada batería perimetral de pozos cuyo grado de ejecución también era nulo. De hecho, el Plan de Vertido Cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena (aprobado en septiembre pasado) recoge en una de sus medidas la “construcción de una red de drenaje perimetral al frente costero para captar aguas del acuífero antes de su llegada al Mar Menor”. 24 pozos con un coste de construcción de 21-22 millones de euros.
El retraso a la hora de adoptar soluciones efectivas se acumulaba y el estado del Mar Menor empeoraba a pasos agigantados. Sin embargo, Cuando llegó el momento de aprobar el actual plan hidrológico para el ciclo 2015-2021, (publicado el 19 de enero de 2016) el Ministerio de Agricultura, Pesca, Ganadería y Medio Ambiente ya con Isabel García Tejerina como titular explicaba en su documentación técnica que “no se plantean nuevas medidas, sino la implantación de las ya definidas con un calendario previsto que tiene en cuenta los objetivos fijados a 2027 para reducir la concentración de nitratos en las masas de agua subterránea y reducir los aportes de nutrientes de origen subterráneo al Mar Menor”.
Al publicar el Plan se añadía que la alternativa de máximos, la que podría implicar la reducción del regadío, ni siquiera había entrado en la ecuación: “No ha sido evaluada dado que las elevadas necesidades inversoras de la misma no permitirían llevarla a cabo en el contexto económico actual, pues, además, conlleva efectos socioeconómicos adversos, y, sobre todo, incurre en costes desproporcionados, por lo que no se trata de una opción real y viable evaluable como posible alternativa”.
Solo unos meses después, en mayo de 2016, estalló el episodio de sopa verde que alertó sobre la degradación severa que padecía el Mar Menor. Las consecuencias de la eutrofización derivada del alto contenido de nitratos en el agua afloraban virulentamente. El 85% de las praderas del fondo había desaparecido. El Mar Menor había entrado en “colapso ambiental”. En octubre de 2019, la muerte de decenas de miles de ejemplares de fauna acuática por asfixia ha evidenciado que la situación está lejos de solventarse: las palas han sacado tres toneladas de peces muertos en dos días.
