Las familias en riesgo de desahucio podrán pedir al banco quedarse en su casa con un alquiler social
El Gobierno amplía la moratoria antidesahucios hasta 2020 y añade al decreto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros nuevas medidas que amplían el número de personas que pueden acogerse a la suspensión de los lanzamientos.
Estos grupos son las familias con menores de 18 años a cargo (antes el límite estaba en tres), las monoparentales con hijos (ya no es necesario que tengan dos), las unidades con deudores en desempleo aunque no hayan agotado todas las prestaciones (en el anterior decreto era un requisito) y los núcleos con una víctima de violencia de género o personas en situción de dependencia, discapacidad o enfermedad grave (antes no regulado).
El decreto, pactado con el PSOE y que deberá ser refrendado por el Congreso, incluye también otra novedad: la posibilidad de que los deudores con el desahucio suspendido soliciten al banco quedarse en su vivienda habitual con un alquiler social. “Podrán pedir en el proceso que la vivienda puedan arrendarla durante cinco años extensible a otros cinco”, ha concretado el ministro de Economía Luis de Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El precio máximo anual no podrá superar “el 3% del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate determinado según tasación”, recoge la norma.
Este mecanismo estará incluido, como ha explicado el ministro Luis de Guindos en rueda de prensa, en el Código de Buenas Prácticas que existe desde 2012 y al que las entidades se acogen voluntariamente. El hecho de que el Gobierno lo haya recogido en el código no implica que los bancos acepten conceder el alquiler social, como pasa cuando ahora solicitas una reestructuración de la deuda o la dación en pago.
De Guindos ha avanzado, además, que el Gobierno se da un plazo de ocho meses –y así figura en una disposición del decreto– para plantear medidas para que los deudores recuperen su vivienda habitual “tras el pago de un precio determinado”. “Estas medidas podrían tener en cuenta la aplicación de descuentos en función de las cantidades satisfechas por el ejecutado así como otros factores que garanticen un precio equitativo”.
Según el Gobierno, 80.000 familias se han acogido a alguna de las medidas aprobadas para reducir los desahucios y mejorar la situación de las familias que los sufren. Desde 2012, se han suspendido 24.000 lanzamientos y 46.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas, la mayoría mediante la reestructuración de la deuda y solo 7.000 con dación en pago (entregar el inmueble a cambio de la quita de la deuda). De las 10.000 viviendas que los bancos pusieron a disposición del Fondo Social de Vivienda, un parque creado para realojar a las familias desahuciadas, 9.000 están adjudicadas según el Ejecutivo.
Esta es la segunda vez que el Gobierno prorroga, aunque esta vez con medidas ampliadas, la moratoria antidesahucios y lo hace por primera vez por tres años, hasta 2020.
