España sigue sin ratificar un convenio de la OIT que amplía derechos a las empleadas domésticas

Annelis trabaja como empleada doméstica desde hace 21 años. El mismo tiempo que lleva viviendo en España. En 1993 decidió abandonar su país natal, República Dominicana, en busca de oportunidades. Su objetivo era seguir estudiando, pero la situación económica que atravesaba le obligó a buscar trabajo. El único que encontró fue en el ámbito del empleo doméstico. Algo que no ha dejado de hacer desde entonces.

Lleva 13 años trabajando en la misma casa, en la que limpia y plancha tres días a la semana durante cinco horas. Annelis está preocupada porque no tiene derecho a la prestación por desempleo: “Si algún día me quedo en la calle volveré a buscar trabajo, pero la situación de crisis no es muy alentadora”, dice. No poder cobrar el paro coloca a las trabajadoras domésticas entre la espada y la pared. Por un lado les priva de un sostén económico cuando no ingresan dinero y por otro les obliga a aceptar empleos en condiciones muy precarias.

Conquistar este derecho es factible con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– sobre la equiparación del trabajo doméstico. Sin embargo, el Gobierno español se resiste a hacerlo. En varias ocasiones la Oficina de la OIT en España ha instado al Ejecutivo a que cumpla con sus obligaciones internacionales, pero el Partido Popular no deja de alargar el momento. “No es que no se vaya a ratificar, no digo que sea imposible, pero hay muchas dificultades y habrá que seguir trabajando en ello”, ha afirmado la diputada popular Carmen Álvarez-Arenas en el Congreso de los Diputados.

El convenio, que fue firmado en 2011 y ya ha sido ratificado por 17 países, pondría las bases para “conseguir que el empleo doméstico sea un trabajo decente, valorado por su importancia y en igualdad de derechos que el resto”, apunta Carolina Elías, presidenta de la organización Sedoac –Servicio Doméstico Activo– y miembro del equipo técnico de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España.

Esta resistencia del PP se reprodujo incluso en la Asamblea de Madrid donde el grupo popular, con mayoría absoluta, tumbó una Proposición no de Ley en noviembre de 2014 para reclamar al Gobierno central la ratificación.

Annelis es una de las más de 700.000 trabajadoras del hogar –el 90% son mujeres– que residen en España y una de las 425.000 a las que su empleador ha dado de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, aún son muchas las que no están cotizando a pesar de que en 2012 entró en vigor la ley que integraba a las empleadas domésticas en el régimen general de la Seguridad Social y mejoraba sus derechos laborales. Cabe destacar que menos de un año después, el Gobierno abrió la puerta a que esta responsabilidad recayera de nuevo en las trabajadoras que cotizan menos de 60 horas. “A pesar de los avances muchas de estas obligaciones recogidas en la ley no se cumplen o se cumplen a medias”, comenta Elías. Aunque la norma reconoce el derecho a baja por enfermedad y a no trabajar los festivos, Annelis no disfruta de ello.

“Cuando me pongo mala tengo que recuperarlo e ir a trabajar otro día aunque no me toque, al igual que me pasa con los festivos”, comenta. “Al principio le insistía a mi empleadora en que no había derecho, pero al final te das por vencida. Ella me dice que no hay nada que hacer, que las cosas son así”, afirma indignada. Con las vacaciones le pasa algo parecido: “Tengo acumulada una semana de vacaciones del año pasado pero no me la concede entera, sino como días sueltos, cuando ella se va de viaje me dice: Como no estoy, cógete este día de las vacaciones que te debo”. La ley reconoce explícitamente que los periodos vacacionales son independientes a los del empleador.

“No puedo protestar porque no me puedo permitir perder el trabajo”, dice abatida Annelis. Tiene un hijo de 16 años y su marido está en paro, al que ya se le han terminado todas las ayudas. Con los 450 euros que cobra ella deben mantenerse los tres. Annelis pertenece a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España y a la Asamblea Feminista de Madrid, grupos con los que trata de luchar por sus derechos.

Annelis está indignada por como le han tratado algunos dueños de casas en las que ha trabajado anteriormente. En enero decidió dejar de ir a una de ellas. “La empleadora se puso muy violenta porque quería que fuera a trabajar el Día de Reyes y si no lo hacía, me lo descontaría del sueldo”, recuerda. Cuando ella se quejó, la respuesta fue: “Solo faltaría que en el mes de diciembre todos los martes hubieran sido festivos y te hubiera tenido que pagar sin venir a trabajar”, lee Annelis mientras enseña insistente el mensaje de texto en el que está escrita la conversación.

Las internas, las más vulnerables

Irregularidades de este tipo han sido registradas por varias organizaciones como la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizcaia, que ha documentado que solo en País Vasco el 77% de las internas tiene jornadas de más de 60 horas y varias llegan a 24 horas diarias todos los días de la semana. El convenio 189 de la OIT es un instrumento para controlar y evitar estas prácticas y fomentar el cumplimiento de la ley, puesto que “establece una serie de normas que garantizan la protección de las trabajadoras”, apunta Judith Carreras, Consejera de la Oficina de la OIT para España. En concreto, serviría también para hacer frente a las numerosas situaciones de abuso que sufren las trabajadoras internas, aquellas que viven con su empleador y que son las que más desamparo sufren.

Es el caso de Jamileth, que llegó a España hace tres años procedente de Nicaragua. Ahora mismo está en situación irregular, pero podrá comenzar a gestionar el arraigo al que le da posibilidad la Ley de Extranjería tras haber estado tres años residiendo en el país y acreditarlo junto a un contrato de trabajo. Cuida de un hombre de 90 años en situación de dependencia y se encarga de todas las tareas del hogar. Según la legislación tiene derecho a dos horas diarias de descanso para las comidas principales, pero no las cumple. “No es que no me dejen, es que tienes que estar constantemente pendiente de la persona a la que cuidas; te llama en todo momento y siempre necesita algo”, dice. Jamileth cobra 750 euros y descansa 10 horas el sábado y el domingo completo, sin embargo, no alcanza a las 36 ininterrumpidas que tiene por derecho. Además, trabaja los días festivos.

Su amiga Gioconda también vive una situación parecida. Cuida de una mujer mayor “con la que hay que tener una paciencia infinita”, sostiene. Entre jornada y jornada, las internas deben disfrutar de un tiempo de descanso de 12 horas, pero no es habitual que se cumpla. “Para las trabajadoras que viven con su empleador no existen las jornadas o los límites de horas”, denuncia Carolina Elías. Y es que deben estar constantemente pendientes: “Te duermes, pero con un ojo medio abierto porque al mayor que cuidas le puede pasar algo en cualquier momento”, declara Gioconda. Normalmente ella descansa cuatro horas cuatro días a la semana, algo que no es legal porque deben ser continuadas. “Me parece injusto pero la necesidad hace que digas que sí”.

Jamileth es muy realista: “El de interna es un trabajo que te quita la posibilidad de disfrutar de una vida personal y esa vida que vas perdiendo nadie te la va a reponer”. Gioconda experimenta la misma sensación: “No tienes ni aire para respirar porque estás aquí 24 horas”. El convenio de la OIT incide en estas situaciones, pues dedica un capítulo específico a las normas relativas a trabajadoras y trabajadores que viven en casa de sus empleadores y remarca que deben hacerlo “en condiciones dignas que respeten su privacidad”. Además, también impulsaría la regulación de las inspecciones de trabajo para evaluar las condiciones en las que trabajan las empleadas en las casas, pues actualmente el hogar suele escapar al control del Ministerio de Empleo porque colisiona con el principio de la inviolabilidad del domicilio.

Un trabajo invisible

En palabras de Judith Carreras, además de para mejorar los derechos laborales, serviría para “valorar y reconocer el papel tan fundamental que juegan estas mujeres en nuestras sociedades, el tema debe visibilizarse en la agenda social y política”. En esta misma línea se expresa la economista feminista Amaia Pérez Orozco, que considera que estas situaciones son un reflejo del “nivel de injusticia y desigualdad que existe en los sistemas actuales”.

En su opinión, los cuidados deben situarse en el centro del bienestar de la gente y articularse como una responsabilidad colectiva, además de sacarse del ámbito privado y dejar de asociarlos directamente con las mujeres. Para ella, el problema es que potenciamos “modelos de producción insostenibles que no ponen en el centro el cuidado de las personas”. La solución pasa por “avanzar hacia sistemas justos que no prioricen la producción, sino la reproducción sostenible de la vida”, comenta, “pasando por la necesidad de corresponsabilizar las tareas”.

Jamileth se expresa en el mismo sentido y hace hincapié en las llamadas “cadenas globales de cuidados”. Considera que son tareas de las que el Estado también es responsable y se indigna al hablar de que las mujeres migrantes “dejamos en manos de otras mujeres el cuidado de nuestros hijos e hijas y nuestros hogares en los lugares de los que venimos”. Se calcula que el 50% de las empleadas domésticas son mujeres inmigrantes, eso sin contar a aquellas que no cotizan a la Seguridad Social y que, como Jamileth, trabajan en la economía sumergida.

Las de Annelis, Jamileth y Gioconda son solo ejemplos de las situaciones laborales que viven miles de empleadas del hogar en España. Para revertirlo la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, lleva a cabo diferentes acciones de sensibilización. El pasado día 29 se concentraron en la Puerta del Sol madrileña para pedir la ratificación del Convenio a los poderes públicos. “Estamos cansadas de ser la sirvienta y la chacha; también somos personas y merecemos ser tratadas con dignidad”, concluye Elías.