El patinazo histórico del Supremo: asume la cronología golpista en el auto de la exhumación de Franco
El Tribunal Supremo ha paralizado la exhumación de Franco del Valle de los Caídos como medida cautelar hasta que haya una sentencia firme sobre el fondo. En el auto, en una línea, describe a Francisco Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento” para justificar que no es un particular y que los intereses públicos priman sobre los de la familia. Pero la elección de la fecha, según historiadores como Paul Preston, Julián Casanova, Ian Gibson o Ángel Viñas, es desafortunada y valida el relato golpista.
Al elegir 1936, en opinión de los expertos, se obvia que hubo un golpe de Estado, una guerra civil y que la República acabó en 1939, no en 1936. Se asume que Francisco Franco fue nombrado como Jefe del Gobierno del Estado el 28 de septiembre de 1936, por una Junta de Defensa Nacional que estaba compuesta por militares golpistas.
“Es incorrecto lo que dice el Tribunal Supremo: Franco nunca fue legalmente Jefe del Estado”, responde el hispanista Paul Preston. “A no ser que se crea que cualquier cosa que hiciesen los golpistas de 1936 fuera legítimo”, continúa.
“Es una vergüenza total, un asco y un desprecio ante los ojos del mundo civilizado”, opina el hispanista Ian Gibson. “Qué desprecio a las víctimas del genocida”, subraya. “El Supremo incurre en un equívoco al datar su calidad de Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936”, incide el historiador Ángel Viñas.
“Reconocimientos” a Franco
“Franco fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado por la Junta de Defensa Nacional en Burgos a finales de septiembre de 1936. Era una Junta compuesta por militares sublevados, no reconocida por ningún Estado y en pugna con el régimen constitucional reconocido por todos”, explica Viñas.
“Aunque la autoridad franquista fue reconocida en noviembre de 1936 por los regímenes nazi-fascista, la ampliación a otros estados se hizo a cuentagotas”, amplía Viñas. “Hasta que no se vio que Franco había ganado la guerra no se desató el chorro de reconocimientos. El de Estados Unidos fue el que más se demoró”, prosigue.
“A Franco lo nombraron Jefe del Gobierno del Estado español sus compañeros golpistas y solo tiene ese título entre ellos y en el territorio que iban conquistando”, enlaza el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza Julián Casanova. El Jefe de Estado “era Manuel Azaña y lo siguió siendo hasta la victoria de las tropas de Franco el 1 de abril de 1939”, concluye.
Fuentes de la sala puntualizan que cuando se habla de Franco como jefe de Estado se hace en el sentido de remarcar que no es un ciudadano cualquiera y que “se van a primar los intereses públicos” sobre otros. Preguntadas las mismas fuentes por la elección de 1936 se remiten a que fue designado en esa fecha y descartan que haya sido un error, recordando que el auto pone de relieve la importancia de los intereses del Estado.
El problema, dice Casanova, es la desmemoria del país. “La historia del siglo XX español, hecha con rigor y fuentes solidas, pasada por el filtro de los debates historiográficos, tardó en entrar en las aulas, en las universidades. Pero hace años que hay una historiografía solida y reconocida sobre esos temas”, remacha.
Tras la suspensión cautelar, queda esperar a la sentencia final, que se podría emitir en dos o tres meses. Los nietos del dictador aducen en su demanda que el Consejo de Ministros no es competente para decidir la exhumación, que se trata de una ley de caso único puesto que solo afecta a su abuelo, que los trabajos de exhumación son de obra mayor y requiere de más permisos, que es inconstitucional o que no era una decisión urgente que había que tomar por Real Decreto ya que su abuelo lleva 44 años enterrado allí.
Por su parte, el Gobierno “está convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco”, según la respuesta oficial del Ejecutivo.
Esa esperanza la ven reforzada por uno de los argumentos que esgrime el alto tribunal en el auto, en el que, para Moncloa, “no discute el interés general de la medida adoptada”. El fallo del Supremo expresa que en los acuerdos del Consejo de Ministros sobre la exhumación del dictador “está también presente el interés general” a través de la modificación vía decreto de la ley de Memoria Histórica. No obstante, dentro del Ejecutivo ha habido dudas desde el inicio del proceso sobre la legalidad de la medida dado que temen que se pueda tumbar al interpretarse que es una “ley de caso único”.
