La ley LGTBI cumple dos años atascada en el Congreso y pendiente del nuevo equilibrio de fuerzas políticas
La primera ley estatal de derechos LGTBI vio la luz en el Congreso el 19 de septiembre de 2017. Un día como hoy de hace dos años la cámara tomaba en consideración y comenzaba el trámite de una norma que fue elogiada en el pleno como una forma de otorgar a un colectivo “históricamente maltratado” un marco de protección integral sin precedentes. 730 días después, la ley que prometía enfrentar la homofobia y la transfobia sigue en el tintero y subordinada a un escenario de incertidumbre política con muchas posibilidades de precipitar unas nuevas elecciones.
“Asistimos a un momento en el que negar la diversidad LGTBI está a la orden del día. No va a ser fácil, pero por eso precisamente la ley es más necesaria que nunca”, señala Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), que fue la organización encargada de redactar el proyecto de ley. El objetivo, según especifica el preámbulo, es erradicar las situaciones de discriminación que siguen viviendo los gays, las lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales “para asegurar que en el estado español se pueda vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad”.
Sin embargo, la norma nació tropezando y fue objeto de duras críticas cuando fue registrada de la mano de Unidas Podemos- En Comú Podem- En Marea. La primera versión contenía en el apartado de infracciones y sanciones varios artículos que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) calificó de contrarios a la libertad de expresión, entre ellos, uno que posibilitaba la destrucción o incautación de publicaciones en los que se produjeran las infracciones y otros que contemplaban multas para aquellos que expresaran ofensas o vejaciones contra el colectivo LGTBI. Finalmente, y tras una fuerte polémica, tanto el partido como la FELGTB se mostraron abiertos a modificarlos.
La toma en consideración en el Congreso se aprobó con 200 votos a favor, dos en contra –el diputado de UPN Iñigo Jesús Alli Martínez y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz– y 124 abstenciones, entre ellas la del Partido Popular. La formación conservadora presentó entonces una enmienda a la totalidad que vaciaba de contenido la norma, apenas incluía medidas obligatorias e ignoraba la diversidad en las aulas o la prohibición de las terapias de conversión, como las constatadas en el obispado de Alcalá de Henares. El texto alternativo, sin embargo, fue rechazado por el Congreso en un pleno celebrado el 22 de febrero de 2018.
Volverá al Congreso
Así, y tras varias ampliaciones del plazo para que los partidos presentaran enmiendas, el texto pasó a la Comisión de Igualdad para ser debatido. Y allí se mantuvo hasta que se decretó la disolución de las Cortes para ir a elecciones generales. A pesar de la envergadura y complejidad de la norma –contaba con más de 90 artículos–, los colectivos sociales denunciaron en más de una ocasión el “injustificable retraso” que estaba experimentando.“En algunas reuniones se alargan discutiendo artículos que ni están enmendados e incluso ha habido reuniones que se han suspendido a pesar de estar agendadas”, señaló la FELGTB.
A pesar de ello, Unidas Podemos se ha comprometido a registrar de nuevo la norma. “Nuestro compromiso sigue ahí. Es necesario avanzar en la consecución de derechos porque el estado español fue pionero y ahora se ha estacando”, destaca Sofía Castañón, secretaria de Feminismos y LGTBI de Podemos. Para el PSOE, explican fuentes del partido, también “es una prioridad garantizar” la no discriminación del colectivo LGTBI, para lo que apunta a su compromiso con la Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, que incluye también un marco de protección para las personas LGTBI y que volverá a registrar.
La FELGTB señaló directamente a esta formación durante el trámite parlamentario y aseguró que el grupo estaba “poniendo trabas” a parte del contenido de la ley, especialmente la referida a las personas trans. En este sentido, la FELGTB asegura que en la reunión que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la viepresidenta, Carmen Calvo, mantuvieron con varios colectivos LGTBI en agosto se comprometieron a “sacar adelante” las dos leyes. Fuentes del partido destacan que forman parte de “un paquete legislativo necesario”, pero prefieren no adelantar ninguna posición sobre algo “que aún no se ha producido” y destacan que sí la apoyaron en la pasada legislatura.
Ciudadanos, protagonista de la polémica que envolvió al Orgullo este año tras ser bloqueados en la manifestación estatal por sus pactos con Vox, también afirma contundente que volverá a apoyar la norma. “Para Cs, la igualdad se defiende sin matices y avanzar en los derechos de las personas LGTBI es y seguirá siendo una de nuestras prioridades”, apuntan fuentes de la formación naranja, que alude a que “estas causas no deben patrimonializarse por parte de ninguna ideología o partido político”.
Cómo condicionará Vox el debate
La FELGTB, por su parte, se encuentra actualmente realizando cambios en el texto, para “no empezar de cero”, explica Sangil, por lo que se está incluyendo aquello en lo que ya había consenso en la Comisión de Igualdad y “algunas mejoras técnicas”. El fondo de la norma seguirá siendo el mismo: el establecimiento de un marco legal de protección de las personas LGTBI con medidas en diferentes ámbitos. “La situación política actual lo que está haciendo es ralentizar la consecución de derechos de la ciudadanía. Parece que vivimos en el día a día y no pasa nada, pero sí pasan cosas cuando no se legisla”, cree la presidenta de la federación.
Entre otras cosas, incluye la prohibición de las terapias de conversión, atención psicológica para las personas que sufren delitos de odio por motivo de orientación sexual o identidad de género o la obligación de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estén formados en esta materia. En el ámbito de salud, propone el fomento de estrategias destinadas a los problemas de salud específicos de la población LGTBI, en especial de las personas trans, a las que elimina los requisitos médicos para que puedan cambiar su nombre y sexo legal.
También suprime la condición de que las parejas de lesbianas tengan que casarse para inscribir a sus hijos en el Registro Civil y establece varias medidas en el ámbito educativo, entre ellas, un plan integral para introducir en las aulas la diversidad afectivo sexual, la obligación de que el profesorado esté formado en esta materia o el establecimiento de protocolos contra el acoso LGTBIfóbico. Estos contenidos son una de las dianas de Vox, cuya presencia en el Congreso también será un desafío para esta ley. A la espera de unas probables elecciones, el partido de extrema derecha obtuvo en las anteriores 24 diputados.
Desde entonces, ha pedido en dos comunidades autónomas (Valencia y Madrid) los datos de las personas LGTBI que dan charlas de diversidad afectivo-sexual en los colegios y han arremetido contra la educación en esta materia, de la que Rocío Monasterio llegó a hablar en términos de “zoofilia”, “pedofilia” y “adoctrinamiento”. No obstante, y aunque el partido finalmente suavizó sus exigencias para llegar a acuerdos con Ciudadanos y el PP en Madrid o Murcia, sí arrancó medidas que chocan con las normas LGTBI autonómicas y su discurso abiertamente LGTBIfóbico estará presente en el Congreso para debatir leyes como la LGTBI estatal.
La forma en que su discurso condicione el debate preocupa a los colectivos, pero reiteran la importancia de la norma. “Es fundamental establecer las medidas oportunas para paliar todas las situaciones discriminatorias que seguimos enfrentando. Además, no todas las comunidades autónomas tienen leyes LGTBI y las que las tienen, no generan un marco uniforme”, explica la abogada especializada en diversidad afectivo-sexual, Charo Alises.
Por eso, el objetivo es que haya un marco estatal que homogeneice derechos. Comunidades como Asturias, Castilla-La Mancha o Castilla y León siguen sin aprobar leyes autonómicas y hay cosas que difieren en aquellas en las que sí hay. Por ejemplo, solo cuatro, a pesar de que son diez las que cuentan con estas normas, prohíben expresamente las terapias que prometen “ayudar” a las personas a dejar de ser homosexuales, algo que la comunidad científica ha concluido que provoca profundas secuelas psicológicas. Justo esta semana, la Comunidad de Madrid, una de las que sí sancionan estas terapias, ha multado con 20.000 euros a una “coach” que las ofrecía por Internet.
