“El Gobierno pierde una oportunidad de recuperar el carácter fundamental de la red pública en su reforma educativa”

En las próximas semanas el texto con el que el Gobierno pretende derogar la Lomce llegará al Congreso. La ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró que esto sucederá en febrero. En ese momento, el Gobierno tendrá que negociar con los grupos parlamentarios para conseguir que su reforma educativa, que consiste en una vuelta a la LOE del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuente con los apoyos suficientes para sustituir a la Ley Wert, aprobada sin consenso con la mayoría absoluta que tenía el PP en 2013.

El diputado de Unidos Podemos Javier Sánchez explica en una entrevista con eldiario.es que la coalición de izquierdas exigirá a la ministra que el texto cuente con un compromiso económico –que por ahora no está planteado– para tener su apoyo.

¿Qué valoración hacen del anteproyecto de ley presentado por el Gobierno?

Es un paso necesario para derogar de una vez la Lomce, pero quizá el contenido no sea suficiente o no responda del todo a las demandas, ni a las expectativas que tenía la comunidad educativa. Hay que recordar que todos los grupos de la oposición llegamos con la propuesta de derogar la Lomce, pero no para volver a la LOE del 2006. Lo hicimos para empezar a elaborar una ley conjuntamente con la comunidad educativa. Ese es el compromiso firmado en el documento Bases para una ley de educación, firmado por PSOE y el espacio de Unidos Podemos. Muchas de las reivindicaciones de ese documento, que en la oposición asumía el PSOE, no están del todo recogidos en este proyecto de ley. Es un proyecto de ley un poco conservador porque hay cuestiones con las que no se atreven a dar un paso más allá.

¿En qué puntos echa menos ese paso?

No es una ley que venga acompañada con una memoria económica que permita que en nuestro país se recupere la financiación al 5% [del PIB]. No es una proposición de ley que refuerce el carácter de la pública, que se está viendo muy atacada por la política de las tres derechas. No es un proyecto de ley que aborde el problema del laicismo o plantee grandes cambios en lo que relativo a políticas de atención a la diversidad e inclusión. Por lo tanto, sabemos que es mejor a lo que había, era difícil que fuese peor que la Lomce. Pero nos hubiera gustado que hubiera más ambición en determinados temas, hasta el punto de que nos estamos planteando presentar una proposición de ley al final del mes de enero en defensa de la educación pública, que recupere muchos de los planteamientos que tiene la LODE (1985), que consideraba a la red pública, la principal y a la concertada, como una red subsidiaria.

Si el Gobierno no va más allá en su proyecto de ley, tendremos que presentar otra proposición de ley para que al menos se tenga ese debate. Parece que hay temas que al Gobierno le parecen espinosos y no se quiere dar el debate por la defensa de la educación pública, el debate por el laicismo o el debate por la financiación. ¿Cuáles van a ser los objetivos de financiación para el 2020, 2021 o 2022? El Consejo Escolar ha pedido que se converja con los países más punteros de Europa en el gasto del 7%.

Nosotros le planteábamos al Gobierno que al menos en este proyecto de ley fijara el suelo mínimo en un 5% y tampoco se ha recogido. Nos ha sorprendido porque el motivo fundamental por el que naufragó la comisión del pacto educativo fue por este motivo. El Gobierno [del PP] no lo aceptó, PSOE y UP nos levantamos de la mesa. Ahora ese compromiso no está. La vuelta a la LOE no nos parece suficiente, se tendría que hacer una apuesta de futuro.

¿Les han dado alguna explicación de por qué no figura ese compromiso económico?

Yo le pregunté a la ministra en una comparecencia sobre este tema y echó balones fuera, diciendo que lo que se estaba presentando era un borrador y que no descartaba finalmente presentar una memoria económica. El problema es que a día de hoy no tenemos noticias de que eso vaya a ser así. Siempre ha sido una reivindicación de la comunidad educativa que las leyes de educación vayan acompañadas de una memoria económica, que al menos fijaran ese compromiso. Si no se fijan compromisos presupuestarios, los buenos deseos planteados en los preámbulos de las leyes no se cumplen. Pasaba lo mismo en el pacto contra la violencia de género.

Es verdad que en la propuesta de presupuestos que están encima de la mesa se recupera algo de inversión. Hay una subida del 5,9% respecto a las cuentas del año pasado pero no es la inversión que necesitamos para recuperar todo lo que se ha perdido en estos años, sabiendo que este porcentaje no compete solamente al Gobierno central. Tiene que ser un acuerdo de Estado, al que se llegue con las comunidades autónomas. Eso implica política.

¿Qué lineas rojas plantea Unidos Podemos para apoyar la nueva reforma educativa?

No entenderíamos un nuevo texto legal sobre educación que no viniera acompañado de una memoria económica. Hay cosas positivas de esa reforma, que deberían estar acompañadas de compromisos de financiación. No podemos estar siempre peleando en las mesas de negociación de presupuestos. Si consideramos que hay que recuperar un programa fundamental como la educación compensatoria, si se apuesta por un acompañamiento al alumnado con más dificultades, si se sabe que muchos de los problemas educativos no se solucionan solo con repeticiones, tiene que haber partidas específicas y subidas en el programa de educación compensatoria. Todo esto tiene que venir reflejado.

Una de las cosas que le vamos a plantear es que para tener nuestro apoyo el proyecto de ley tiene que venir acompañado de una memoria económica y tenemos que fijar compromisos presupuestarios para los próximos años, si queremos conformar ese Gobierno de coalición progresista.

En la última Conferencia sectorial de Educación los consejeros del Partido Popular plantearon que la derogación de la Lomce y la vuelta a la LOE suponía “una vuelta al pasado”. ¿Cree que ha faltado ambición para modernizar la normativa?

Me sorprenden algunas críticas del PP hablando de modernizar cuando han traído de vuelta cosas tan antiguas como la educación segregada por sexos. Reconociendo que en esta ley se abordan problemas educativos de una forma, creo que es mucho más progresiva e inclusiva. Las reválidas y las repeticiones que incluyó el partido popular en la Lomce no estaban funcionando para tener un modelo educativo más cohesionador. La prueba es que la segregación ha aumentado trece puntos en los últimos años. Creo que con esta reforma se pierde una oportunidad para recuperar el carácter fundamental de la red pública, esa es nuestra principal crítica. En estos años ha habido un avance de las opciones educativas privadas subvencionadas y una erosión de la escuela pública.

Teniendo en cuenta los escaños que tiene el Gobierno, que no le aseguran aguantar toda la legislatura, la reforma educativa dependerá de la estabilidad del mandato de Sánchez, ¿cree que la derogación de la Lomce por ley orgánica y no por decretos – como llegó se plantear en algún momento desde el Ministerio de Educación – es la vía más efectiva?

Tuvimos un debate y había varias interpretaciones jurídicas. Nuestros técnicos defendían que se podía derogar la Lomce por Real Decreto, el Gobierno decía que había más dificultades. Creo que ha sido una apuesta política para poner en marcha todo un mecanismo que sirva al Gobierno para movilizar a sus comunidades autónomas y a agentes próximos para vender mejor esta reforma de educación. Nos parecen dos vías legítimas, la preocupación que tenemos es esa, ¿cuánto va a durar la legislatura? El Gobierno sabe perfectamente que llevando este proyecto de ley al Congreso en febrero, no tendremos una ley que supla a la Lomce hasta septiembre u octubre de este año. Esto implica que el Gobierno ha hecho una apuesta y que asume una responsabilidad. Cuando llegue el día de las elecciones se tienen que presentar con unos deberes hechos.

Muchas cosas se podían haber hecho con decretos, como se ha hecho la exhumación de Franco. El Real Decreto 14/2012 [de racionalización del gasto educativo] podría haber estado derogado este curso si se hubiese realizado con un Real Decreto este verano. También se podría haber hecho así con muchos aspectos de la LOMCE, que dejasen de lado abordar una reforma integral. Ahora no se está planteando una reforma integral, sino volver a la LOE. Es la opción del Gobierno y habrá que pedirle responsabilidades, en función de que consigan agotar los plazos y se vote una derogación.

Además del aumento en partida de becas en las cuentas del 2019, ¿se ha aumentado la partida presupuestaria en alguno de estos asuntos?

Está claro que becas y ayudas al estudio suben en 1.600 millones. Es un incremento del 10% que consideramos muy importante. También nos hubiese gustado que hubiese alguna disposición para tocar las horquillas de los precios de las tasas universitarias, así lo pedimos en la negociación pero finalmente no lo incluyeron. El Gobierno se ampara en que hasta ahora han hecho un proyecto de ley para derogar la parte del decreto de recortes del Real Decreto 14/2012 que afectaba a la educación obligatoria, Bachillerato y FP, y que en los próximos meses hará otro sobre Universidad. Pero eso se podía haber reflejado en este presupuesto y no lo han hecho.

Nos parece positivo que la formación del profesorado sube en 300 millones, pero hay que decir es la mitad de lo que se invertía en 2009. Si queremos abordar todo lo que hemos dicho estos meses de la mejora de la carrera docente, de la formación del profesorado; siguen siendo insuficientes. Tampoco hay partidas especiales para consolidar la posición del profesorado interino. Es un problema fundamental que tienen nuestras plantillas. Hay un 25% de profesorado interino, todo lo que se firmó para bajar esa interinidad no se está cumpliendo, eso tendría que ser una preocupación del Gobierno que se podría impulsar desde los presupuestos.

En un primer posicionamiento, la ministra ha planteado que podrían mantener el sistema de becas promovido por el exministro José Ignacio Wert, que no permite conocer a los alumnos hasta casi terminando el curso cuánto dinero van a recibir, ¿cómo valoran esta postura?

No estamos de acuerdo. Ellos alegan motivos técnicos para no cambiarlo ahora, pero nosotros dijimos claramente que se tenía que recuperar el carácter socioeconómico de las becas. Además de eliminar las partidas de becas de excelencia, que en estos presupuestos se dejan al mínimo, sí que se tendría que cambiar ese modelo de becas. Quedó como una cosa para el futuro.

¿Hay alternativa a que la Religión no se siga impartiendo en horario escolar? Si fuese así, ¿por qué cree que el PSOE no lo ha contemplado en su reforma educativa?

Claro que hay alternativa. Es una cuestión que sorprende. Sabemos lo que implica conseguir una escuela por fin laica, supone que el Gobierno se atreva de una vez a lo que siempre promete, revisar el concordato del año 79. Pero mientras tanto, mientras no se revise el concordato, se podría sacar la religión del horario escolar. Actualmente, tal y como está en este proyecto de ley, la religión se queda sin asignatura espejo en el horario escolar. Mientras haya niños y niñas que estén en la asignatura de religión, los niños y niñas que no lo elijan no tendrán nada que hacer. Supone una distorsión que no tiene sentido en 2019. Frente a eso proponíamos un modelo como tienen en Francia, en el que se saca del horario escolar, incluso dándose en centros públicos y no distorsiona el horario. Eso se podría hacer, dentro de los límite del concordato.

El Gobierno, que en privado te reconoce que eso sería positivo y que ellos irían mucho más lejos, siempre lo justifican en términos de “ahora no toca”. El problema es que ese “ahora no toca” hace que se pierda una batalla. Como no tocaba al principio de los 2000 tocar el tema del laicismo, han dejado que por el camino se cuelen propuestas como la educación segregada, propuestas como las que plantean PP y Vox de equiparar la educación privada y la pública por cuestiones de libertad. Ese ahora no toca es no querer dar la batalla políticas y culturales fundamentales que son las que sustentan un modelo de sociedad.