Ilegalizar la Fundacion Franco o sacar al dictador del Valle de los Caídos, entre los retos que afronta Pedro Sánchez
Pedro Sánchez quiere reformar la ley de Memoria Histórica. PP y Ciudadanos frenaron la propuesta del PSOE y ahora, levantando el veto del Gobierno, el nuevo Ejecutivo tendrá en su mano afrontar cuestiones clave como abrir las fosas comunes del franquismo o sacar a Franco del Valle de los Caídos. Otra cosa será cómo financiarlos. También podrá atacar otros temas que no llevan coste asociados, como ilegalizar la Fundación Franco o retirar la medalla al torturador Billy el Niño.
El giro de timón cuenta con la rémora de los “ceros euros” que Mariano Rajoy ha invertido durante su mandato contra las víctimas del régimen franquista. En 2018 habrá “alguna pequeña modificación de crédito” para comenzar a trabajar y en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 “sí habrá presupuesto para Memoria Histórica”, sostiene en declaraciones a eldiario.es el secretario de Justicia, Nuevos Derechos y Libertades del PSOE, Andrés Perelló.
El retoque a la ley memorialista quedará abierto a propuestas del resto de grupos parlamentarios, apuntan fuentes socialistas, y resulta fundamental para retomar “esta cuestión clave en materia de derechos humanos”. La Memoria Histórica tendrá cabida, en principio, “en el Ministerio de Justicia con rango de dirección general”, apunta Perelló.
Queda por ver cómo el Gobierno Sánchez encara el bloqueo reincidente de la justicia española a la investigación de los crímenes franquistas y cómo apoya a la Querella Argentina aplicando el principio de justicia universal. La idea de Sánchez es asumir las obligaciones pendientes, ya que hasta ahora el gobierno ha frenado algunas iniciativas que pretendían avanzar en el proceso judicial argentino, el único país que juzga la dictadura española.
“Pero tenemos por delante un Gobierno muy temporal y todo esto no se hace en dos días, no podemos decir que lo vamos a resolver todo en unos meses”, precisa Perelló. Harán falta, lanza el guante, “acuerdos” que saldrán adelante “con resoluciones parlamentarias”. Estas son las diez claves memorialistas que puede desbloquear el nuevo gobierno.
1. Reforma de la ley de Memoria
Pedro Sánchez apostó por revitalizar la ley 52/2007 –a diez años de su entrada en vigor– para “garantizar su cumplimiento efectivo” ante su ninguneo presupuestario. La “reforma en profundidad” apela al deber de Estado para exhumar las fosas comunes del franquismo, sacar a Franco de su tumba y convertir el Valle de los Caídos en un centro de memoria, anular las condenas políticas de los tribunales franquistas, poner en marcha una Comisión de la Verdad, crear un banco público de ADN y un censo nacional de víctimas o la retirada efectiva de la simbología fascista. Eso sí, todas estas medidas suponen desembolso.
“En mi conversación con Pedro Sánchez después de ser presidente hablamos de dos posibilidades: que el Gobierno presente una propuesta de ley o levantar el veto a la proposición no de ley (PNL)” que actualiza el texto, apunta Perelló. El Gobierno puede paralizar las PNL alegando que no se puede comprometer presupuesto para ellas, como es el caso. Los socialistas optan por esta segunda opción, levantar el veto gubernamental. “Necesitamos empezar ya, con la aportación de otros grupos”, dice. La herencia de los presupuestos es una rémora que intentarán sortear “con alguna pequeña modificación de crédito” y garantizando que en los Presupuestos de 2019, si no se han convocado elecciones y continúa el gobierno socialista, “sí habrá presupuesto para la Memoria Histórica”.
La iniciativa llegó al Congreso pero el Gobierno de Rajoy vetó la reforma argumentando que suponía un aumento del gasto no previsto de 213 millones de euros. La reforma legislativa socialista venía avalada por juristas como el exjuez Baltasar Garzón, el exfiscal José Antonio Martín Pallín y el abogado memorialista Eduardo Ranz. Sánchez hizo la propuesta siendo secretario general del PSOE. Hoy lo sigue siendo, y le añade una palanca más potente, ahora es presidente del Gobierno.
2. La tumba de Franco
El PSOE exige sacar a Franco del Valle de los Caídos de forma “urgente”, rezaban los titulares de prensa a inicios de febrero de 2017. Ahora “estudiará la salida” de los restos del dictador enterrado en Cuelgamuros “en cuanto se levante el veto a la reforma de la ley”, indican a este medio.
El Congreso ya aprobó esta exhumación con el apoyo de los grupos de la oposición, aunque el Gobierno ignoró el asunto. Franco sigue con flores frescas diarias en el mausoleo construido con trabajo esclavo. Pero el tapón de Rajoy, que era uno de los grandes obstáculos, ya no está. Los socialistas tiraban del informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos encargado en 2011 por el Gobierno Zapatero. Pedro Sánchez mantiene la idea. Habrá que ver con qué fuerza regresa la tumba de Franco a la lista de prioridades memorialistas.
3. Fosas comunes
El Gobierno Sánchez intentará “empezar a trabajar desde julio”, cuando se prevé que puedan quedar aprobados definitivamente los PGE. Abrir las fosas comunes será asumido “como una obligación” por lo que no habrá “asociaciones subvencionadas por el Gobierno” sino que el Estado actuará de oficio, como exige Naciones Unidas. El proyecto activará “exhumaciones en planes cuatrienales” y la propuesta “es que sea una política pública más”, afirma el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE.
Los “cero euros” que el expresidente Mariano Rajoy ha enarbolado durante su mandato ante las víctimas del franquismo tiene bajo tierra su consecuencia más dura. En las fosas y cunetas donde yacen decenas de miles de desaparecidos forzados. El PSOE exigió este año que el Estado asumiera las exhumaciones, pero el Gobierno vetó la propuesta. Con el presupuesto heredado del PP, el nuevo Ejecutivo socialista tiene complicado arañar una partida económica específica para activar trabajos arqueológicos. Toca tirar de imaginación y colaborar con las regiones que ya asumen el papel. En el horizonte, esperar a los siguientes Presupuestos.
4. Valle de los Caídos
Como pedía el PSOE, hay que “resignificar” el mausoleo de Cuelgamuros para que deje de ser un lugar de “memoria franquista y nacional católica”. Para convertir la mayor fosa común de España en un espacio para la cultura de la reconciliación la memoria colectiva democrática. Está por hacer. ¿Habrá llegado el momento con el Sánchez? El Gobierno propondrá “una alternativa para el Valle de los Caídos” para someter la decisión al debate parlamentario, como en el caso de la propia tumba de Franco.
En el conjunto monumental hay 33.833 cadáveres. Franco se llevó 12.410 cuerpos de republicanos para rellenar el Valle de los Caídos. Las peticiones familiares para recuperar sus restos –que Rajoy frenó con una reforma legal– nunca han tenido un final positivo en tumbas que están deterioradas y conforman un caos de huesos, como describía un documento de Patrimonio Nacional. Cuelgamuros es “un insulto a las víctimas” que debe “conocer Europa”, declaraban los eurodiputados que visitaron el memorial franquista este mismo año.
5. Duque de Franco
Otro titular, del 6 de abril de este año: El PSOE pide al rey que anule el ducado de Franco que reclama Carmen Martínez-Bordiu. Muerta la hija, Carmen Franco, la nieta pide el puesto. Los socialistas reclamaron al Ministerio de Justicia que paralizase la sucesión por ser contraria a la ley de Memoria Histórica y aconsejaron al rey Felipe VI que se alejara de estos “vestigios del pasado” que lo conectan con el dictador. Solo han pasado un par de meses. ¿Querrá Pedro Sánchez finiquitar el título nobiliario franquista?
“Lo recurrí [la petición sucesoria del título de Duque de Franco y Grande de España] y el ministro de Justicia [Rafael Catalá] no me ha contestado”, dice Andrés Perelló. “Si no ha resuelto la alegación cuando tome posesión el siguiente ministro se pediría nuevamente”, puntualiza. Aunque la resolución del caso no es clara y, como en otros asuntos, “son opciones que están encima de la mesa”, afirma. En España hay otra treintena que siguen vigentes. Y esto no es más que la parte simbólica de la fortuna corrupta de Franco. En otro capítulo está el expolio a los derrotados como botín de guerra con la punta de iceberg del Pazo de Meirás.
6. Medalla al torturador Billy el Niño
“Para retirar la medalla a Billy el Niño no hace falta acudir a la ley de Memoria Histórica, lo puede hacer el Gobierno”, tercia Andrés Perelló. Y así es: el Ejecutivo puede retirar cualquier condecoración a funcionarios públicos sin siquiera pasar por el Parlamento. Queda comprobar si Pedro Sánchez retirará la medalla al Mérito Policial a José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, como solicitó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con la polémica respuesta en el Congreso, en presencia de víctimas de torturas, del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. “Ojalá el ministro que nombre el PSOE retire esa medalla a ese malnacido”, soltó Iglesias a Zoido. El 'premio' al expolicía de Franco fue activado en 1977, en época preconstitucional, y supone desde entonces un incremento salarial del 15% en su pensión.
7. Bloqueo a la justicia
España bloquea la investigación de los crímenes franquistas y el acceso de las víctimas a la justicia. Es la clave de bóveda que sostiene el “patrón de impunidad” denunciado por la ONU, abroncado por el Consejo de Europa o afeado por Amnistía Internacional. Los tribunales han frenado la aplicación de la ley de Memoria Histórica e ignoran las denuncias por la teórica prescripción de los delitos cometidos tras el golpe de Estado y durante la dictadura.
Y con el comodín de la ley de Amnistía, cuya reforma –planteada por Unidos Podemos, PNV, ERC y EH Bildu– rechazaron en marzo PSOE, PP y Ciudadanos. “En la ley de Memoria Histórica se dice cómo tienen que proceder los jueces y relacionar el tema con la ley de Amnistía no tiene sentido porque no tiene que ver con los crímenes del franquismo, que van con el derecho internacional”, manifiesta Perelló.
Si bien el presidente Pedro Sánchez no tendrá la mano en el volante para girar el rumbo de la justicia española, sí puede allanar un camino dinamitado por una “orden interna” de la Fiscalía General del Estado para señalar a los jueces el camino a seguir: sobreseimiento a las causas.
8. Querella Argentina
El Ministerio Público con el Gobierno de Rajou advirtió que la Querella Argentina no podía cuestionar la Transición española. ¿Cambiará España el perfil con la jueza Servini? “La Querella Argentina tiene que ver con el principio de justicia universal y habría que llevarla como mínimo a los parámetros del Gobierno Zapatero”, asegura Andrés Perelló. Es decir, abierto a la colaboración internacional “como marcan los convenios de derechos humanos que dicen que los crímenes contra la humanidad nunca prescriben”, subraya.
Los regates de España a la persecución argentina sortean la aplicación de la justicia universal en un boicot que busca ignorar la única causa abierta en el mundo contra el franquismo con artimañas como la oposición a extraditar a presuntos delincuentes o ganar tiempo requiriendo a Servini los preguntas que hará a los investigados.
La jueza María Servini de Cubría pedía desde Buenos Aires interrogar a 19 imputados por crímenes franquistas y la Fiscalía acabó torpedeando las declaraciones. Un ejemplo de las peticiones de ida y vuelta es la disputa trasatlántica entre Servini y el exministro Martín Villa. Y el Gobierno puede parar esos balones, como hacía Rajoy, o darle salida. Como victorias de la Querella Argentina, ha logrado llamar a declarar a víctimas y facilitar la exhumación de 105 personas.
9. Ilegalización de la Fundación Franco
“Prohibición de todas las fundaciones que hagan apología del franquismo y del fascismo”, dice el secretario de Justicia del PSOE. Y sobrevuela la frase el lobby que ensalza al dictador, la Fundación Nacional Francisco Franco, que sobrevive como una anomalía democrática. ¿Imaginan una Fundación Hitler en Alemania? Pues España, por ahora, acoge numerosas fundaciones fascistas.
El PSOE ya buscó desde el Senado ilegalizar la Fundación Franco, a primeros de abril, por ser contraria a la Constitución. Pero el PP tumbó la moción. Una revisión de la ley de fundaciones tiene la clave, como pidió la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. ¿Convertirá el nuevo reparto de fuerzas parlamentarias la extinción de la Fundación Franco en una cuestión de interés general?
Además de hacer apología del franquismo, la Fundación Franco tiene documentos secretos, como reconoció el Gobierno. La sociedad franquista también ofrece asesoramiento a alcaldes para incumplir la ley y usa los tribunales contra la Memoria Histórica defendiendo el nombre de un pueblo como homenaje al carnicero de Badajoz o denunciando a Madrid por los cambios en el callejero.
10. Simbología franquista
Como dice el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica: “Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”. Y entre las decisiones “podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”. Como la norma no tiene carácter punitivo –sí lo tienen algunas leyes regionales, caso de Baleares o Andalucía–, queda pues al arbitrio de los gobernantes de turno. De las ganas, el empuje y la decisión de aplicar la ley con todas las consecuencias.
