Un juez que atacó la ley de Memoria Histórica suspende el visto bueno urbanístico para exhumar a Franco
El magistrado José Yusty Bastarreche, que atacó la ley de Memoria Histórica en un artículo académico en el que afirmaba que la norma suscitaba “agrias polémicas de carácter político en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil” ha suspendido el informe que admitía las obras de exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos. El caso cayó en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid del que es encargado. El auto, adelantado por El Independiente, paraliza cautelarmente la autorización municipal para las obras que el Gobierno planeaba para sacar el cadáver del dictador.
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que tiene ahora tres días para alegar, había emitido un análisis favorable para conceder la licencia de obras menores. Las actuaciones planeadas por el Ministerio de Justicia incluían el “levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco y su traslado a otro lugar”. Al juez le han bastado dos días para resolver pues la petición de medidas cautelares se hizo el 22 de febrero, según indica el auto firmado este lunes, día 25.
El Juez Yusty Bastarreche se hizo famoso al suspender un acto sobre el derecho a decidir en Madrid en 2017. Anteriormente había escrito un artículo académico criticando la ley de Memoria Histórica, como publicó eldiario.es, en el que atribuía al Ejecutivo de José Luiz Rodríguez Zapatero objetivos ocultos para redactar dicha norma: “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”, redactó. El texto decía que la norma “representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron”.
Para argumentar su decisión el juez se basa en varias ideas entre las que está un informe de arquitectos de la fundación Francisco Franco firmado por José Ismael de la Barba y Enrique Porto. Hace suyas las conclusiones del estudio y redacta que “debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”. Apunta a un posible derrumbe.
Contrasta con la opinión técnica de la persona que enterró a Franco en 1975, Gabino Abánades, que contó a eldiario.es en agosto de 2018 que la exhumación sería “un proceso sencillo en el que se moverá la lápida, se romperá la tabica que tapa el ataúd, se recogerá el cuerpo y se trasladará a otro féretro”. El actual alcalde de la localidad de Sacecorbo (Guadalajara) se ofreció a ayudar: “Pueden contar con mi ayuda para lo que necesiten y así se lo hecho saber a todos lo que me han consultado opinión”.
Múltiples recursos particulares en distintos juzgados
El Ayuntamiento por su parte ha recibido el auto con estupor: “Basta leerlo para ver cómo queda marcada la ideología del magistrado”, cuentan fuentes municipales. El equipo de Gobierno planea presentar alegaciones. Contra la autorización del Ayuntamiento “se han presentado docena y media de recursos particulares. Todos calcan la misma argumentación y utilizan el informe de la Fundación Franco que este juez ha usado en su argumentación. Pedimos que se juntaran todos los procesos en un mismo juzgado, pero no se ha hecho así que igual mañana nos encontramos con un decisión contrario de otro magistrado”, aseguran las mismas fuentes.
Sin embargo, el juez de insiste al exponer que no hay ninguna urgencia en la exhumación “del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica [...] más de 44 años”. Además, Yusty Bastarreche considera que las dificultades técnicas de la exhumación suponen a la larga una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. “No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra [...] pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho [...], esto es, poner en peligro la vida humana”, concluye.
El magistrado se recrea en las características de la lápida y lo que supondría sacar el cuerpo de la Basílica. “Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000kgs. de peso, y no hace falta ser arquitecto [...] para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y, por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra.”
Este juez es uno de los ocho hijos que tuvo el almirante de la Armada José Yusty Pita que fue nombrado comandante general de la Base Naval de Canarias el 25 de septiembre de 1968 destinado a las islas. De su paso por Canarias queda una calle en su honor: 'Almirante Yusty Pita', en la localidad de Agüimes, en la provincia de Las Palmas. Una conmemoración que todavía existe.
