Noelia Vera será la nueva secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno de coalición

La actual portavoz de Podemos y diputada por Cádiz en el Congreso de los Diputados, Noelia Vera (Cádiz, 1985), será la nueva secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno de coalición, según ha podido saber este sábado eldiario.es.

Vera es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Periodismo de Agencia en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha colaborado con distintos medios de comunicación entre los que se encuentran eldiario.es, el Diario de Cádiz, la CNN+ o Telemadrid, tal como explica en su biografía oficial. Ha vivido en Argentina, donde realizó prácticas como corresponsal en Buenos Aires para la Agencia EFE, y en Colombia, donde fue asesora de comunicación en la alcaldía de Bogotá entre 2013 y 2014.

En línea con su partido, Noelia Vera, está comprometida con las políticas feministas. Al igual que hiciera Irene Montero y el resto de diputadas del partido, hizo la huelga del 8M de 2018 y 2019 y ha participado activamente en las movilizaciones feministas.

La futura secretaria de Estado de Igualdad sucede en el cargo a Soledad Murillo, que ya había ocupado el mismo puesto en el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero. La diputada por Cádiz de Unidas Podemos desde 2016 se suma así al equipo de la nueva ministra del ramo, Irene Montero. De la Secretaría de Estado de Igualdad cuelga directamente la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que dirigirá la jueza y diputada de la formación morada Victoria Rosell.

Las tareas pendientes

El nuevo Gobierno de coalición ha decidido colocar a un perfil de fuerte protagonismo político dentro de Podemos al frente de un cargo clave en la estructura del Ministerio. Una cartera que tiene varias tareas pendientes sobre la mesa. Son varias las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2016, que aún faltan por poner en práctica, entre ellas la revisión del régimen de visitas en casos de agresiones machistas.

Precisamente esta misma semana se conocía que el Defensor del Pueblo ha enviado una batería de recomendaciones a diferentes departamentos del Gobierno tras la revisión de varios casos. Entre ellos, el de las hijas de Itziar Prats y el de Laura Hernández, asesinados por sus padres en Castellon y Beniel (Murcia) respectivamente. El objetivo de las peticiones es mejorar la protección de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, una tarea aún pendiente.

Pero, además, se debe enfrentar al reto, en aplicación del Convenio de Estambul, de la ampliación del concepto de la violencia machista, actualmente restringido al ámbito de la pareja o expareja en virtud de la ley integral de 2004. El pasado noviembre, el Gobierno ya firmó una instrucción conjunta para poner en marcha el sistema para recopilar todos los asesinatos de mujeres por cuestiones de género.

Este paso de implicaciones solo estadísticas aún tiene pendiente la ampliación del concepto de violencia machista más allá de los datos, en todo lo que tiene que ver con el estatus legal de las víctimas o el funcionamiento de los juzgados, que hasta ahora solo ven casos de agresiones en el marco de una relación sentimental.

Un papel transversal

El acuerdo programático firmado por el PSOE y Unidas Podemos reserva un apartado a la política feminista que tiene que ver también con otros ministerios. De ahí, la necesidad de que Igualdad sea transversal. Tanto Montero como Vera deberán dialogar con el resto de carteras para, entre otras cosas, desarrollar las medidas que tienen que ver con igualdad laboral, la lucha contra la brecha salarial y la conciliación.

El regreso a la ley del aborto de 2010, que devuelve el derecho de las menores de 16 y 17 años a interrumpir voluntariamente su embarazo sin consentimiento paterno, la reforma del Código Penal para garantizar que “solo sí es sí” o la actuación contra las agencias intermediarias de gestación subrogada serán otros de los asuntos en los que el área dirigida por Vera tendrá un papel relevante.

Aunque aún se desconoce si las competencias en diversidad y LGTBI dependerán directamente de la Secretaría de Estado de Igualdad, como ocurría hasta ahora, es probable que este departamento también tenga que asumir la tarea de poner en marcha las leyes antidiscriminacióin a las que se han comprometido ambas formaciones: la ley LGTBI, una Ley Trans y una Ley de Igualdad de Trato. Al menos hasta este momento, el Ministerio de Igualdad contaba con una delegación, dependiente de la Secretaría, que se encargaba de este tema.