Por qué más del 90% de las personas pobres en España no llegan a recibir la ayuda mínima para la inserción

En España hay muy pocas personas pobres que se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), y cada vez menos. Lo delatan los datos del Ministerio de Sanidad: en 2015 recibieron esta ayuda solo el 8,7% de los ciudadanos que están por debajo del umbral de la pobreza, pero es que esa cifra fue el tope. En 2018, según se hizo público este miércoles, fueron menos, el 7,6%, algo más de 290.000 hombres (el 39,4%) y mujeres (60,6%). Las RMI, gestionadas por las comunidades, son prestaciones dirigidas a quienes carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. ¿Por qué no llegan entonces a más del 90% de los ciudadanos en esas circunstancias?

Uno de los primeros motivos es que solicitarlas es un proceso complejo. “Hay gente que ni siquiera sabe cómo tiene que pedirla, y cuando lo consigue se enfrenta a lo más perverso: las barreras burocráticas”, explica Gustavo García Herrero, coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, entidad que ha denunciado la situación. “En muchas comunidades todavía penalizan que se tenga trabajo para cobrarla, aunque sea muy precario o temporal. Si lo consigues, te dan de baja, con el papeleo que requiere cuando vuelves a estar desempleado. En otras te obligan a presentar muchísima documentación que no sirve para nada”, resume García Herrero.

También apunta directamente a ese exceso de trámites administrativos Graciela Malgesini, responsable de Asuntos Europeos e Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza: “Hay gente para la que no es nada fácil realizar tantas gestiones, bien sea por bajo nivel educativo, o por algo tan simple como dificultades de acceso si se vive en el medio rural”. Las condiciones para obtenerlas van variando por comunidades, pero Malgesini destaca que sobre todo lo complican dos: los requisitos de empadronamiento, que en algunas comunidades llegan a los 24 meses; y que se suelen tener en cuenta los ingresos del año anterior, por lo que para mucha gente llegan tarde respecto a su situación actual.

Además de eso, y con las infinitas circunstancias personales que se pueden dar, Malgesini diferencia perfiles: “Por un lado hay gente con algún tipo de trabajo muy puntual que ya no le permite acceder, por ejemplo, si trabaja solo los fines de semana y su sueldo es bajísimo; por otro, hay a quien le afecta el factor estigmatizante, tiene ciertos prejuicios a la hora de solicitarla. Lo que no existe es esa leyenda de que hay quien se aprovecha de la renta mínima cuando no le corresponde. Son como los fantasmas de Cuarto Milenio, todo el mundo habla de un caso pero nunca se ha visto o es muy muy excepcional”.

Un modelo que no está pensado para la pobreza actual

Todo lo sintetiza García Herrero en que “el modelo está obsoleto. En la mayor parte de las comunidades está pensado en cómo era la pobreza hace años: vinculada a la marginación. Hoy tiene otro rostro, tú puedes trabajar, formarte, tener vida social, participar en asociaciones… pero tus ingresos no te permiten vivir y necesitas esa renta. Antes de la crisis, en las facultades se estudiaba la pobreza y la exclusión social como todo uno, inseparables. Ahora no, puedes estar incluido en la sociedad y ser pobre. También provocan los prejuicios esas distinciones que se hacen, pobreza energética, vulnerabilidad… si una persona tiene que escoger entre comer y pagar la luz, es pobre”.

Tanto para García Herrero como para Malgesini, el ejemplo de que se necesita una actualización en ese sentido es que las comunidades con mejores tasas de cobertura, Euskadi, Navarra, o Asturias (del 71,2%, 66,7% y 33,5% respectivamente) no vinculan la RMI directamente a la falta de empleo y contemplan excepciones. La legislación sobre esta materia se remonta por lo general a los 90 o 2000. La mayoría de comunidades han aplicado unas u otras modificaciones en sus normas recientemente, pero “no todas lo han hecho bien, ni han cambiado el modelo”. Por ejemplo, Andalucía y Castilla-La Mancha, a la cola con una tasa del 1,8% y un 1,6%, sí condicionan poder beneficiarse a estar inscrito como demandante de empleo y apenas contemplan excepciones. Estas últimas son también dos de las comunidades con una tasa de riesgo de pobreza más alta, cercana al 30%.

Todos los expertos que se dedican a estudiar pobreza y rentas coinciden en lo grave que es la desigualdad territorial, ese abismo entre Euskadi y Castilla-La Mancha. “Es escandaloso que existan esas diferencias, de un 70% a un 1% según dónde vivas o hayas nacido, en algo tan importante como vivir y sobrevivir”, insiste Gustavo García Herrero. “Hablamos mucho de cohesión territorial, ¿y la cohesión social? Hace falta que la política llegue a un gran pacto para unificarlo. Lo primero a debatir será el modelo económico, luego la financiación y las competencias autonómicas. Pero es imprescindible”.

Un problema histórico como país

Guillermo Fernández, miembro del equipo de Estudios de Cáritas España y de la Fundación Foessa, recuerda que nada de esto es nuevo. Al contrario, los niveles de cobertura tan bajos y las diferencias entre regiones son un “problema histórico” del país. “En los años de la crisis hubo un aumento de la demanda de estas prestaciones de familias de parejas jóvenes con hijos y de muchas monoparentales encabezadas por mujeres que se quedaron en paro. Hasta ese momento, el perfil había sido de personas solas, en exclusión”. Por esa manera de pensarla, reitera también, “no favorece la búsqueda de empleo, te expone a sanciones y a que por trabajar unas semanas luego tardes en recuperarla meses. En ocasiones, la ayuda es una trampa”.

“Muy al principio se desligó la subida de la RMI al SMI, para que dependa del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Eso provoca el segundo problema: las cuantías son muy bajas”, continúa Fernández. Según estas últimas cifras del ministerio, la media de la prestación apenas es un 13,7% de la renta media por hogar del conjunto del Estado, es decir, 4.510 euros anuales. En todo caso, Fernández señala que esto es “solo un tipo de prestación, dirigido a paliar la pobreza más severa, pero está dentro de todo el sistema que debe garantizar una vida digna. Ha de plantearse como un conjunto, donde entra la fiscalidad, la dependencia… no como ayudas sueltas. Ahí es donde se falla”.