Sanidad busca cómo coordinar a las comunidades para evitar 17 'nuevas normalidades' tras el estado de alarma

El 21 de junio decae el estado de alarma y con él el Ministerio de Sanidad vuelve a ser un ministerio casi sin competencias. Desde el 14 de marzo, el órgano que encabezaba Salvador Illa desde enero había ostentado el mando único y con ello acumulado mucho poder de decisión. Ya a las comunidades que han entrado en fase 3 se les pasó la “responsabilidad” de la gestión; han vuelto a tener la “gobernanza plena” e incluso han podido levantar restricciones de movilidad y el estado de alarma en sus territorios.

Con la 'nueva normalidad' en todo el país, todas las competencias vuelven a estar delegadas en los líderes regionales, como antes del estado de alarma. El principal papel del Ministerio de Sanidad es de coordinación. La inquietud ahora mismo pasa por cómo se va a reforzar el engranaje, para homogeneizar el sistema y evitar que acabe habiendo 17 'nuevas normalidades' distintas. Sobre todo teniendo en cuenta los meses de desencuentros que ha generado la pandemia entre gobierno central y algunos autonómicos.

El principal órgano de coordinación en la materia con el que cuenta el Gobierno es el Consejo Interterritorial de Sanidad, una reunión que preside el ministro con todos los consejeros de todas las autonomías. Desde que comenzó la crisis se ha celebrado telemáticamente con mucha más frecuencia de lo habitual: “hubo momentos en que se hacía una diaria, luego tres a la semana y últimamente, dos. Desde hace 15 días hay una reunión semanal, y de momento así es como se quedará”, explicaban desde el Ministerio este viernes, mientras se estaba celebrando el encuentro entre el ministro y los responsables de las comunidades. 

En la reunión de la semana pasada, Illa planteó que todos los responsables autonómicos debían ponerse de acuerdo en cosas básicas más allá de las medidas que fija el real decreto de 'nueva normalidad'. Un real decreto aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros y que recoge algunas directrices, pero deja margen tanto para la aplicación como para la definición de muchos aspectos –aforos máximos en algunos espacios y cómo se controlan las masificaciones en el transporte, por ejemplo– que quedan en manos de las autonomías.

Por ahora, la principal idea de Illa para evitar un desbarajuste de medidas es la creación de un Centro Estatal de Salud Pública. Así lo anunció el jueves en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. No con la pretensión de “quitar competencias”, había dicho ya, sino de que sea un órgano de coordinación para temas de rastreo de casos y vigilancia epidemiológica.

Una Ley de Salud Pública sin desarrollar desde 2011

Esa idea no es nueva; ya estaba prevista en la Ley General de Salud Pública de 2011, que sigue sin estar desarrollada. La Ley General de Salud Pública incluye ese y otros contenidos que pueden ser útiles para esta nueva etapa de 'nueva normalidad', que durará hasta que la COVID-19 esté controlada con una vacuna o un tratamiento muy eficaz. Pero desde 2011 ha estado prácticamente en un cajón, sin presupuesto y sin haberse puesto en marcha muchas de las políticas que contempla.

El Centro Estatal de Salud Pública podría ser un “punto de partida” para “reordenar e impulsar” todo lo necesario para estos meses, y que sea común a todos los territorios. “Tenemos que ser capaces de aprovechar este momento para impulsar una transformación del Sistema Nacional de Salud hacia un modelo más robusto, flexible y resiliente”, insistió Illa en la comisión, porque “sabemos que tenemos que adaptar el sistema para convivir con la COVID-19 durante un tiempo, y estar preparados para posibles repuntes o segundas olas”.

También piensan en Sanidad, además de en una entidad que coordine esas funciones, en que habrá que asegurar el abastecimiento de material sanitario en todos los territorios, por si vuelve a producirse una crisis del calado de la que vivimos entre marzo y abril. Incluso, declaró Illa, no solo pensando en el SARS-CoV-2, sino en posibles futuras pandemias causadas por otros virus o bacterias.

Con todo, en el Ministerio creen que esta pandemia ha supuesto ciertos avances: “El sistema de recogida de datos está mucho más depurado, y las autonomías han comprendido que este es un problema que solo se puede afrontar de forma conjunta. Ahora mismo hay 17 sistemas gestionando la situación, pero conscientes de que no sirve de nada tener algo bajo control en tu territorio si en el de al lado no lo está. No es una cuestión de liderazgo político sino de coordinación”, resume una portavoz.  

Los gobiernos regionales apuran los plazos

Las consejerías de Sanidad están ahora trabajando por su parte para regular cada una su 'nueva normalidad', que en algunas regiones ya ha comenzado. Es el caso de Galicia, donde entró en vigor este lunes, o el de Catalunya, Euskadi y Cantabria, que han levantado sus restricciones este mismo viernes. Fuentes del Gobierno de Cantabria aseguran que todos los pasos dados hasta ahora se han tomado en connivencia con el Ministerio, y la intención es que siga así a partir del día 21.

Mientras tanto, el resto de gobiernos regionales se preparan para regular la nueva etapa, que seguirá vigente mientras dure la pandemia. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió el jueves en la Asamblea de Madrid que la que se abre es una “etapa de incertidumbre” y se reunió con el Ayuntamiento de la capital ante la acusación de falta de previsión de la oposición por no tener todavía un plan para la región, la más golpeada por la COVID-19. Finalmente, el Gobierno de Ayuso ha presentado este viernes su plan en dos fases para la 'nueva normalidad'.

También este mismo viernes, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha presentado su propio decreto de regulación, mientras que el Gobierno de Castilla y León se prepara para tenerlo listo este fin de semana, como ha podido saber eldiario.es. Ambas regiones han sido muy afectadas por los efectos de la epidemia.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presentado, en la misma jornada, algunas de las medidas que se publicarán este sábado en el BOC. Fuentes del Ejecutivo regional cuentan que han hecho una propuesta clara a Illa: que los consejos interterritoriales, aunque se reduzcan a partir de ahora, sigan con regularidad, al menos uno a la semana.

Este domingo se inaugura un tiempo para el que las instituciones apuestan, sobre todo, a confiar en la 'responsabilidad individual'. Las mascarillas y el metro y medio de distancia de seguridad serán obligatorios, y la ciudadanía –y también las empresas– tendrán que asegurarse de no llevar a cabo conductas de riesgo que puedan desencadenar contagios que deriven en brotes. Pero también será importante, subrayan los especialistas, que haya un “marco común a nivel estatal”. Lo que hay que evitar es que se den esas “17 'nuevas normalidades' diferentes”, señalaba hace apenas unas semanas a eldiario.es Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS.