Solo dos de 70 diócesis católicas tienen el servicio de atención a las víctimas de pederastia al que están obligadas
“Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos, y tienen el derecho y el deber de acudir a ella, porque es la casa de todos”. Estas fueron las palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, cuando el 26 de febrero de 2015, eldiario.es publicaba el 'Protocolo de actuación' que los obispos españoles habían aprobado el 22 de junio de 2010 y que, hasta que salió a la luz, había permanecido en el cajón de las 70 diócesis españolas.
Tres años después, y con el escándalo de abusos sexuales alcanzando sus cotas más altas (las víctimas afirman que los casos superan, con mucho, los cien mil en todo el mundo), sólo dos Obispados españoles cuentan con servicios de atención integral para las víctimas de la pederastia clerical, a pesar de que el manual, de obligado cumplimiento, habla de la necesidad de contar con un equipo de abogados, asesores e interlocutores tanto para la opinión pública como en el trato con supervivientes y sus familias.
Las diócesis de Alcalá y Bilbao son las únicas que cuentan con un servicio de atención integral a las víctimas, según informa Vida Nueva, y en ambas con muchos matices, pues son las propias víctimas las que muestran su descontento con la actuación de ambos prelados (en Alcalá, el polémico Juan Antonio Reig; en Bilbao, Mario Iceta, que ha sido denunciado por los familiares del 'caso Gaztelueta' por su falta de empatía con Asier, el menor presuntamente abusado en un colegio del Opus de Bizkaia).
La sensación es la misma que apunta el secretario de la Comisón Antipederastia vaticana, Hans Zollner, en declaraciones a Servimedia: “Estoy convencido de que el Episcopado español debería empeñarse con mucha fuerza y convicción en esta lucha contra los abusos”. Sin embargo, fuentes episcopales asumen que la respuesta de la Iglesia española es “deficiente, descoordinada y débil”.
“Muchos obispos nos enteramos por la prensa de que existía un protocolo”, añade un prelado español, que prefiere omitir su nombre. De hecho, la Conferencia Episcopal sólo lo colgó en su web después de que eldiario.es lo publicara con motivo de la investigación del 'caso Romanones'.
Por no tener, la Iglesia española no cuenta con una figura que sirva de coordinadora entre las diócesis y el Vaticano, algo que está obligada a tener. Mientras tanto, es el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, quien trata de ejercer ese cargo, recibiendo a víctimas e intentando que sus testimonios lleguen a Roma, como sucedió en el caso de la víctima de Astorga.
Proyectos piloto en Roma
Mientras tanto, la Comisión Antipederastia del Vaticano aprobó la pasada semana, durante un encuentro en Roma, una serie de “proyectos piloto” de apoyo a las víctimas, a las que se ayudará a rehacer sus vida y, si así lo deciden, a denunciar ante la Justicia.
Estos proyectos, apunta la comisión en una nota, “son un mecanismo para crear ambientes seguros y procesos transparentes a través de los cuales las personas que han sido abusadas puedan dar un paso adelante”. El primero de ellos se está llevando a cabo en Brasil, aunque en breve comenzarán iniciativas similares en Filipinas y otros países de África, Asia y Latinoamérica. Europa, por lo que parece, aún tendrá que esperar.
Todo esto sucede cuando la Santa Sede trata de reponerse del último escándalo, el del ex nuncio Viganò, quien llegó a acusar a Francisco de encubrir a un cardenal norteamericano, al que se investiga por abusar de menores y seminaristas.
Lo cierto es que Bergoglio lo sancionó con dureza, expulsándole del Colegio cardenalicio. Los ultracatólicos están utilizando las acusaciones de Viganò para tratar de frenar los cambios en la Curia, que en estos días se están ultimando –como adelantó en exclusiva eldiario.es–, con la publicación del borrador de Constitución Apostólica que cambiará el modelo de la Curia vaticana, y la expulsión del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa (el conocido como C9), de los cardenales Errázuriz y Pell, implicados en casos de abusos en Chile y Australia, respectivamente.
Mientras tanto, el secretario personal de Benedicto XVI, Georg Gaënswein, ha subrayado que los abusos sexuales “son el 11-S de la Iglesia católica”, una “catástrofe” cuyos responsables “están dentro de la propia Iglesia” y que “no está asociada a una sola fecha, sino a muchos días y muchos años e innumerables víctimas”.
Víctimas que, en España y en el mundo, esperan una respuesta, rotunda y definitiva, de la Iglesia católica.
