La Unidad de Género del hospital Ramón y Cajal cumple 10 años “con orgullo”

La Unidad de Identidad de Género (UIG) del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, la mayor de España, cumple diez años con “el orgullo” de haber atendido a 1.500 pacientes de los que 400 han completado el cambio de género, y con una demanda creciente.

“Tenemos un equipo fijo de médicos, psicólogos, sociólogos, con una ubicación concreta”, explica el doctor Antonio Becerra-Fernández, coordinador de la UIG, que destaca la profesionalidad, ausencia de lista de espera para la primera consulta y un entorno “abierto y amigable”.

La unidad tiene experiencia y aplica protocolos “rigurosos y adaptados”. Lo primero que hace es una evaluación psicológica del paciente.

Dos psicólogos clínicos y un sociólogo registran cada uno de los problemas psicosociales del paciente para abordarlos con rigor.

“Actuamos en equipo, con sesiones clínicas individualizando cada caso. No actuamos fríamente sobre el papel, sino desmenuzando los problemas de las personas. Nuestro secreto profesional es trabajar con vocación sin levantar falsas expectativas”, añade Becerra-Fernández.

De los 132 nuevos casos anuales, entre un 5 % y un 8 % son menores de edad, que empezaron a llegar desde 2010. La UIG ya ha visto a 108 menores y más de la mitad no ha precisado de bloqueo de la pubertad.

A los 16 años se puede iniciar el tratamiento hormonal cruzado, siempre con la firma de ambos padres, para iniciar el proceso de transición, explica el especialista.

“Dos terceras partes del total de casos son cambios de hombre a mujer, y solo un tercio de mujer a hombre, aproximadamente; la razón no la sabemos bien”, agrega.

Para todos los pacientes el proceso abarca cuatro fases: antes del tratamiento hormonal, durante el mismo, la cirugía y el seguimiento postquirúrgico, explica este endocrinólogo.

En la transición hormonal, antes se exigía haber vivido dos años como mínimo en el nuevo género, prosigue, ahora “solo seis meses”, según el protocolo internacional DSM-5. La ley madrileña permite actualmente la fertilidad mediante congelación de los gametos.

El tratamiento hormonal dura “toda la vida, es una situación crónica” y hay que vigilar los efectos adversos en los sistemas óseo, cardiovascular, hepático, etc., que a largo plazo serán mayores. “No es lo mismo seguir el tratamiento un año que veintitantos”, explica el doctor.

El trabajo en una UIG no es sencillo, sino muy complejo, porque la persona que inicia el tratamiento hormonal “tiene una necesidad imperiosa de hacerlo todo rápido”.

Y aunque no existe lista de espera para la primera consulta -como ocurre en otras UIG nacionales y europeas-, ello “genera sin embargo lista de espera para operar. Llevamos diez años operando al mismo ritmo”, asevera.

Además del cambio de sexo propiamente dicho, se hacen otras cirugías asociadas, como las de cuerdas vocales para cambiar el timbre de voz, la colocación de prótesis mamarias, así como “arreglos” en personas que llegan al hospital con cirugías antiguas mal hechas.

El nivel de satisfacción de los cerca de 400 que completaron el proceso “es muy elevado”: “Prácticamente no hay arrepentidos”.

“Pero no todos los que nos vienen quieren seguir el proceso hasta el final”, según el doctor, que recuerda a un paciente de 64 años que “solo quería que cambiáramos su documento de identidad”.

La UIG realiza los informes para el cambio de nombre y sexo en el DNI, cuando la persona lleva dos años de tratamiento cruzado y tiene un diagnóstico de disforia de género, según la Ley nacional de 2006.

En cuanto a los menores, “más de la mitad de los atendidos ya son mayores y no han necesitado ningún tipo de intervención médica antes de los 18 años. Es cierto que hay chicos con disforia de género, pero la mayoría no. No pensamos que haya que generalizar el bloqueo de la pubertad” por vía hormonal en estos menores, pese a que algunas asociaciones de madres “están muy preocupadas” por ello.

“Nuestra satisfacción personal con el trabajo realizado es grande, si no, no se podía seguir”, añade antes de lamentar que incluso “han sido atacados verbalmente” el año pasado en la Asamblea de Madrid cuando acudieron al debate de la ley autonómica de transexualidad, que finalmente fue aprobada con los votos de la oposición y la abstención del partido del gobierno.

“Somos profesionales, nada más; aplicamos lo que dice la ley. Hay mucha incomprensión, aunque también tenemos muchos apoyos. Hay un activismo que quiere eliminar las UIG, pese a que la experiencia de estas unidades es fundamental para atender la complejidad de este fenómeno. Aunque a nosotros eso no nos ha perjudicado, sino que cada vez más personas demandan nuestra profesionalidad”, agrega.

En otras regiones, hay unidades UIG en centros públicos en el País Vasco y Valencia, tras el cierre de las unidades que había en Málaga -la primera creada en España- y la del Clínico de Barcelona, aunque en cada comunidad autónoma hay profesionales que atienden a las personas transexuales.

La unidad del Ramón y Cajal colabora con las universidades de Alcalá de Henares y de Comillas, también con el Colegio de Psicólogos, y recibe a docentes y alumnos de pregrado y postrado de Medicina y de Psicología.

Cuando empezaron en 2007, se encontraron con casos extremos como un joven que se había mutilado el pene y otros que se inyectaron silicona o aceite en las mamas, según Becerra, que también recuerda los viejos tiempos en que había transexuales en la cárcel por transportar drogas o que se prostituían para obtener dinero y operarse en Tailandia.