Una reforma legal de Rajoy frena las exhumaciones de víctimas de Franco en el Valle de los Caídos
El franquista más conocido enterrado en el conjunto monumental del Valle de los Caídos es Francisco Franco. También es el único, junto al falangista José Antonio Primo de Rivera, que tiene lápida y nombre. Ambos reposan sobre la mayor fosa común de España, porque en la misma basílica están enterrados otros 33.833 cadáveres –12.000 de ellos desconocidos– de franquistas, represaliados por la dictadura o republicanos fusilados. Comparten sepultura en el conjunto monumental que el dictador ordenó construir para conmemorar “la dimensión de nuestra Cruzada (...) y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, que no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos”. Lo dejó por escrito el BOE en 1940. Allí llevó a franquistas “caídos por Dios y por España” (son la mayoría), pero también se enterró allí a republicanos represaliados.
Levantó, con manos y brazos de presos políticos, la basílica del Valle de los Caídos (donde están enterrados los miles de cadáveres repartidos por capillas laterales y la nave central), la cruz más grande del mundo cristiano y una abadía de monjes benedictinos que custodian la tumba del dictador, de sus seguidores y de sus víctimas. También hay una escolanía, donde estudian 50 niños de toda España. Además de ser la casa de retiro espiritual del ministro de Interior.
Ahora, un juez de San Lorenzo del Escorial acaba de sentenciar que se puedan rescatar dos cuerpos de ese amasijo de huesos anónimos. Es la primera decisión judicial que permite que puedan entrar las piquetas a buscar a alguien allí. Concretamente, a los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fusilados en 1936 en Calatayud (Zaragoza) y trasladados a Madrid. Hasta ahora, el Valle ha sido intocable, pese al empeño de decenas de familias de republicanos por sacar a sus muertos de la misma iglesia donde reposa el dictador y pese a las recomendaciones de la comisión de expertos que se formó en 2010 con el Gobierno de Zapatero.
Este hito judicial se estrella con una reforma legal del Gobierno de Mariano Rajoy que va a impedir que las familias de los otros muertos se puedan beneficiar de esta histórica sentencia. En julio de 2015 entró en vigor la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se derogaron los nueve artículos (2.002 a 2.010) que regulan el concepto de “perpetua memoria”. Estaba en nuestro ordenamiento –y en la mayoría de ordenamientos hispanoamericanos– desde el siglo XIX. Se usaba en origen para las herencias cuando se había dado a alguien por desaparecido. Si esa persona volvía, utilizaba este articulado para recuperar su identidad y el derecho a heredar. Así es como se ha ganado esta sentencia.
“Este proceso estaba regulado, era claro. Lo que era una cuestión automática ya no lo es. Ahora hay que buscar otros procedimientos”, cuenta el abogado Eduardo Ranz, que es quien ha llevado el caso de los hermanos Lapeña y representa otros seis casos de Catalayud. El concepto, directamente, se ha extinguido. “Si el Gobierno no hubiera hecho esta reforma, otras familias podrían haber solicitado también la exhumación y se habría conseguido al 100%”. El caso Lapeña ha podido salir adelante porque estaba ya en marcha durante la reforma de la ley.
Los monjes benedictinos
¿Cómo se pueden localizar dos cuerpos entre los miles que hay en el Valle? La clave está en el libro de registro de los monjes benedictinos. Esta orden, encargada de la basílica desde su fundación y gestora del mayor cementerio de la represión de la historia de España, recibió durante la dictadura miles de cajas llenas de muertos. Los monjes fechaban la entrada de esos cadáveres en un libro e iban acomodando los huesos en las criptas de las capillas y la nave central, especificando dónde hacían cada enterramiento. Así hasta completar 28 niveles irregulares de fosas, que los expertos dividen en cuatro plantas según su conservación. En las dos primeras, las más antiguas, se considera imposible determinar los restos. En la tercera y cuarta todavía es posible. Los Lapeña están en ese tercer piso. Por ellos, y por todas las víctimas incluyendo a su represor, hay una misa diaria en la basílica.
El padre Anselmo, que fue abad en el Valle de los Caídos hasta 2014, ha atendido a eldiario.es pero prefiere no opinar: “No tenemos el auto del juez, así que no sabemos qué piden. Las personas interesadas tienen derecho a hacer una reclamacion, pero tiene que estar justificado”.
La orden religiosa gestiona las criptas desde la fundación del Valle y saber en qué situación están es, 40 años después de la muerte de Franco, un misterio. Francisco Ferrándiz, antropólogo social del CSIC, es una de las personas que ha visto fotos del estado real de los enterramientos, porque estuvo en la comisión de expertos del Gobierno de Zapatero. “Visitamos algunas capillas y estaban vacías porque había goteras y los monjes habían trasladado los cuerpos a otras zonas. Solo nos enseñaron fotos brevemente, de mala calidad, con flash. En alguna se veían cajas más deterioradas que otras”.
Este experto recuerda que “una recomendación de la comisión precisamente fue que se convirtiera en cementerio público para transferir la jurisdicción al Estado” y cree imprescindible que se haga una valoración real de la situación, para lo que los monjes tendrían que abrir las puertas. Las recomendaciones se guardaron en un cajón, y allí siguen.
Cuando Patrimonio Nacional dé los permisos, entrarán por primera vez en la basílica del franquismo los científicos y tendrán que extraer los huesos para hacer pruebas de ADN, el único sistema posible de identificación, que cotejarán con el ADN de los familiares vivos. Por suerte para ellos, los cinco o seis compañeros de fosa de los Lapeña podrían ser también enterrados “en base al derecho de digna sepultura”, cuenta Ranz. Es decir, una vez salen de la fosa común al laboratorio, lo más probable es que no vuelvan a la fosa. A la espera de su turno quedan los huesos y los familiares de miles de personas enterradas en el Valle de los Caídos.
