El prior del Valle exprime la inmunidad de la Iglesia para boicotear la exhumación de Franco al enfrentarse al Vaticano y el Supremo

Todo le ha dado igual. Mandatos políticos, judiciales o eclesiásticos. Al prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, solo le ha valido su biografía falangista y la promesa que hizo a la familia Franco al recibir el encargo de “no permitir que nuestro abuelo salga del valle”. El religioso ignora al Congreso, al Gobierno, al Tribunal Supremo y a la Conferencia Episcopal y amenaza con desacatar la sentencia que da vía libre al Ejecutivo para proceder a la exhumación del dictador.

El prior ha exprimido las intrincadas jerarquías católicas y los privilegios de la Iglesia en España para ejercer su resistencia ante todo tipo de instituciones y torpedear la pretensión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sacar los restos de Franco de la abadía. El monje amenazó desde el principio del proceso, en julio 2018, con atrincherarse e impedir la exhumación, que contaba –antes de iniciarse los trámites en el Consejo de Ministros– con el visto bueno del Congreso. La decisión del Gobierno partía de una moción aprobada en mayo de 2017 a propuesta del PSOE con el respaldo de todos los partidos a excepción del PP y ERC, que se abstuvieron. En el caso de los republicanos catalanes, veían insuficiente la proposición no de ley.

La última maniobra ha sido una carta enviada a la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la que asegura que no autorizará la entrada a la abadía y que, por tanto, impedirá que se lleve a cabo la exhumación, a pesar del fallo del Tribunal Supremo que autorizó al Gobierno a ejecutarla. Los jueces sentenciaron que “no forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes” y que, por tanto, el destino de los restos “puede ser limitado por razones de interés público”.

La misiva ha llegado a la Moncloa el mismo día en que el alto tribunal ha reiterado que los benedictinos no pueden impedir la retirada del féretro de la abadía. El Ejecutivo sostiene que el prior no será ninguna traba para sacar los restos del dictador y que entrarán en la basílica el día que acuerde de nuevo el Consejo de Ministros proceder a la exhumación y posterior reinhumación en el madrileño cementerio de El Pardo –para lo que también cuenta con el aval del Supremo–.

Alianza nietos-prior

Durante el largo proceso para la exhumación de Franco, Sánchez se ha topado principalmente con dos obstáculos que se han aliado entre sí: los nietos del dictador y el prior. En Moncloa siempre han minimizado la figura de Santiago Cantera porque sostenían que contaban con el visto bueno del Vaticano para proceder a la exhumación siempre y cuando el Supremo acreditara la legalidad del procedimiento. Desde luego, el papa Francisco, mediante su congregación [ministerio vaticano] para la Vida Religiosa que regula las órdenes como a la que pertenece el monje, tiene la autoridad para revertir los planes de Cantera.

El prior mostró sus esperanzas en el que el alto tribunal diera la razón a la familia en su recurso y, ahora que no lo ha hecho, alega que no es el organismo judicial competente para pronunciarse sino que debe ser el Tribunal Constitucional, al que en el momento de avanzar su desobediencia no había llegado el asunto. El abogado de la familia Franco ha anunciado después que recurrirá al Constitucional la decisión.

Atrincherado desde el principio

Cantera es prior de la abadía desde 2014. No obtuvo los apoyos necesarios para convertirse en abad y dirige la congregación con un rango inferior. No le ha importado a la hora de erigirse en la última trinchera que los Franco han excavado para impedir la exhumación del dictador. Al fin y al cabo, son afines ideológicos: el religioso ha tildado la memoria histórica como “venganzas del pasado”. En verano de 2018, los descendientes del militar sublevado en 1936 le entregaron un poder notarial en el que se negaban a hacerse cargo del cuerpo del dictador. Se desentendían de los restos de su abuelo. Ese documento ha ejercido de blindaje y casi mandato sagrado para el prior.

Santiago Cantera ha aprovechado la estructura católica y los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Por un lado, ha aplicado la arquitectura eclesiástica para no prestar atención al arzobispo de la diócesis en la que ejerce: Madrid. Y también su dependencia directa con una orden religiosa cuyo cabeza está en Francia para resbalarle la postura de la Conferencia Episcopal Española. Eso eleva la cuestión al mismo Vaticano.

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ya evidenció hace más de un año que su postura era la de dejar que el Gobierno exhumara la momia de Francisco Franco. Tampoco le parecía muy adecuado que terminara en la catedral madrileña de La Almundena, donde los Franco tienen adquirida una sepultura, pero aseguró que poco podría hacer para impedirlo. El Ejecutivo socialista obtuvo, según contó la vicepresidenta Carmen Calvo, el compromiso del Vaticano para impedir esa nueva ubicación.

Osoro es un hombre de Francisco, el Papa que ha encontrado entre los obispos hispanos un verdadero frente opositor ultraconservador. Aún así, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se ha adherido a la postura de Osoro. El jefe de los obispos se reunió con el presidente Pedro Sánchez el 19 de junio del año pasado en la Moncloa. Sánchez escuchó de boca de Blázquez que la CEE no barajaba oponerse al traslado de Franco. El prior no contaba con ningún apoyo directo en la cúpula católica española.

Sin embargo, la idiosincrasia de la Iglesia ha dejado en manos de este prior casi todo el poder por encima de obispos y cardenales. Su superior directo no está en España sino que es un abad en la localidad de Solesmes en el oeste de Francia. Cabeza de la orden benedictina, Philippe Dupont, se ha echado a un lado al considerar la exhumación del dictador un asunto político interno español. No dictó ninguna orden directa para que Cantera, prior, se allanara al criterio del cardenal Osoro o el obispo Blázquez.

Con esos mimbres, desde la abadía se ha asegurado que los planes del Gobierno, tras el mandato del Congreso, iban camino de producir una “profanación de tumba”. Y, más munición, apelaban a la inviolabilidad de los templos católicos que consagran los Acuerdos Estado-Vaticano. Este martes, al subrayar que Cantera “no ha desacatado” el fallo del Supremo, la abadía ha insistido en que “no autoriza el acceso a un lugar sagrado para, a su vez, acceder a una cosa sagrada en defensa del principio de inviolabilidad de los lugares de culto” que, dice, emana de esos acuerdos firmados el 3 de enero de 1979. El PSOE llegó a defender la denuncia del Concordato con la Santa Sede en 2011 y Sánchez lo llevó como bandera en su disputa por el liderazgo en 2014, pero esa apuesta ha desaparecido del programa electoral de los socialistas.