El abandono de los huérfanos por violencia machista: sin pensión ni ayudas garantizadas
Son las víctimas menos nombradas de la violencia machista y se enfrentan a un sistema que suele poner punto y aparte tras el asesinato. Entre 2013, año en que empezaron a ser contabilizados, y 2018 194 menores de edad se han quedado huérfanos después de que su padre asesinara a su madre. En lo que va de año son ocho, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recogidos por el Fondo de Becas Soledad Cazorla, gestionado por la Fundación Mujeres, en su nuevo informe sobre los niños y niñas que se encuentran en esta situación y que presenta esta tarde en el Senado.
El estudio pone un año más sobre la mesa el desamparo de los huérfanos por violencia de género, para los que todavía el Estado no garantiza una pensión de orfandad. Eso con una proposición de ley del PSOE paralizada que pide garantizarlas e incrementar su importe y cuya toma en consideración aprobó el Congreso hace un año. Además, el pacto de Estado también incluye esta medida, pero todavía no se ha puesto en marcha. El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 un aumento de cinco millones de euros para este fin. Por otro lado, algunas comunidades autónomas han comenzado a reconocer ayudas específicas, pero solo son Castilla y León, Castilla La Mancha y Baleares.
El Fondo de Becas Soledad Cazorla –destinado a ayudar económicamente a algunos de estos menores– hace hincapié en que en los últimos meses se ha dado “una modificación muy significativa” sobre el diseño de algunas medidas destinadas a la reparación de estas situaciones, pero lamenta que las contenidas en el pacto contra la violencia de género aún no se hayan puesto en marcha. De hecho, el Estado no ha diseñado protocolos específicos, no hace seguimiento de los casos, obvia la puesta en marcha de ayudas para su recuperación y no garantiza el acceso a determinadas prestaciones que sí les corresponden.
El informe asegura que “como regla general” las familias con las que la organización ha tenido contacto se han tenido que enfrentar “a situaciones para las que, o bien no existían los recursos adecuados, o no han podido tener acceso a la información necesaria para beneficiarse de ellos”. En este sentido, Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla, lamentan que en muchos casos las familias deben salir adelante con sus propios medios y recursos.
Ante este escenario, el estudio denuncia el desconocimiento que suele rodear a la situación de estos niños y niñas y la falta de información sobre lo que implica para las familias el proceso de asumir su tutela y crianza. “Para estas familias asumir los diferentes trámites que la situación conlleva supone un gran esfuerzo y una inversión en recursos y tiempo en un momento muy difícil emocionalmente y sin prácticamente ayudas ni protocolos públicos”.
Medidas de protección
Un silencio que provoca “una casi total ausencia de respuesta por parte de las instituciones” que aboca a las familias a enfrentarse a problemas como retrasos en el reconocimiento de la filiación, la pérdida de la pensión de orfandad de los niños o niñas cuando las personas que se encargan de ellos pasan a adoptarles o falta de ayudas: “Para abordar estas exigencias económicas las familias no cuentan con apoyo económico suficiente, explica el informe.
En el caso de las pensiones de orfandad, la Fundación Mujeres ha constatado “que continúan existiendo casos de falta de reconocimiento de la Seguridad Social incluso en los casos en los que se cuenta con un reconocimiento judicial del derecho. La Seguridad Social recurre automáticamente estas resoluciones judiciales, retrasando el acceso de las familias a una pensión suficiente y obligándolas a un esfuerzo judicial adicional”.
Por otro lado, el estudio celebra que la reforma de la Ley de la Infancia de agosto de 2015, por la que los menores comenzaron a ser reconocidos como víctimas directas de la violencia que sufren sus madres, ha posibilitado que más sentencias condenatorias hacia los asesinos hayan tomado medidas sobre las retiradas de patria potestad y medidas de protección de los menores más allá de los años de condena. Sin embargo, “no siempre el cumplimiento de condena garantiza la mayoría de edad de los niños y niñas cuando el agresor sale de la cárcel, y si la familia no ha solicitado medidas de protección, puede suceder que el agresor intente recuperar el ejercicio efectivo de la patria potestad”, recuerda.
