El Consejo General de la Abogacía Española ha expresado hoy su “máxima preocupación” porque la Ley de Seguridad Ciudadana da “amparo legal” a sanciones como la interpuesta por la Policía Nacional en Madrid a una mujer víctima de trata, y ha dicho al Gobierno que “bajo ningún precepto” deben imponerse esas multas.
Según sostiene la Abogacía en un comunicado, la mayoría de mujeres que están en la calle están captadas por “redes de trata con fines de explotación sexual” y mantienen una deuda económica con sus explotadores, por lo que en caso de ser multadas por la Policía se “incrementa enormemente su desprotección, su miedo y su deuda”.
La Abogacía y su Fundación han afirmado que, si el objetivo del Ejecutivo es desarrollar un plan de lucha contra la trata, debe incluirse “lógicamente, la protección a las víctimas” y que, en esa línea, no se debe dar cobertura en ningún caso a “actuaciones de este tipo”, en referencia a la citada multa.
Ese caso, recuerda la nota, fue dado a conocer ayer por la asociación APRAMP, que denunció que varias mujeres que ejercían la prostitución en la zona conocida como Colonia Marconi en Madrid habían sido denunciadas y sancionadas por agentes de la Policía Nacional.
Finalmente, la Abogacía recuerda que la trata es “una de las más grandes lacras de nuestra sociedad” por la “extrema vulneración de los derechos humanos más básicos que representa” y afirma que para hacer frente a ese “régimen de esclavitud y explotación” es necesario “el compromiso y la concienciación” de toda la sociedad.