No sorprende, claro. Que Jean-Marie Le Pen, presidente de honor del Frente Nacional, apoye la reforma de la ley del aborto que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy es más que lógico. Su partido (y su hija, Marine) han defendido incluso dejar de financiar las interrupciones del embarazo cuando se alegaran razones económicas. Sí quizá es bastante revelador que el clan Le Pen sea el único en pronunciarse a favor de la nueva norma, que retrotrae la legislación española a 1985 e incluso más atrás. Ni siquiera la derecha francesa ha respaldado la derogación de la ley de plazos.
Y el Gobierno francés, a través de su ministra de los Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, se ha mostrado incluso preocupado. Y ha transimitido su inquietud al titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: “Es terrible ver que en un país como España, que en los últimos años se había convertido en una referencia para quienes luchan contra la violencia contra las mujeres (...) vaya a disponer un retroceso en materia de derecho a disponer del cuerpo propio”. Esto demuestra que “los derechos de las mujeres nunca están conseguidos de forma definitiva”, ha afirmado.
Con todo, el ministro puede siempre contar con las palabras de aliento de Le Pen, que en su cuenta de Twitter afirma: “El proyecto de ley española sobre el aborto demuestra que se puede actuar en la cuestión con mesura, inteligencia y preocupación por el respeto a la vida”. Y no mucho más, la verdad. Porque las reacciones en la prensa internacional han sido bastante unánimes. El británico The Times acusa a Rajoy de “abuso de poder”, La Repubblica habla de “vuelta al pasado” y Le Monde considera el proyecto “una concesión al ala dura del partido”. No parece que la propuesta del Gobierno haya contribuido mucho a ensalzar la Marca España.
En España, ni siquiera sus 'socios'
En España las cosas no pintan mucho mejor. Más allá de las loas de asociaciones ultraconservadoras como el Foro
de la Familia, la Fundación RedMadre, la Federación Española de Asociaciones Provida o Hazte Oír, que han criticado que no se llegue al “aborto cero” pero consideran la nueva ley “un avance”. Y el beneplácito de la Conferencia Episcopal, que considera la nueva ley “menos mala” que la anterior.
Más allá de esto, las muestras públicas de apoyo de la sociedad civil no abundan. Y menos las políticas. La calificación casi unánime de “retroceso” y de “reaccionaria” abarca casi todo el arco parlamentario. El PSOE apela a la condición de mujer de las parlamentarias populares para que no voten la ley mientras el senador del PP Luis Peral defiende la “satisfacción” que la reforma dará a muchos votantes del partido. Y asegura que el aborto es una forma de violencia de género “que a veces no se quiere reconocer”.
Por supuesto que la “oposición radical” del PSOE, ERC e Izquierda Plural no preocupan al Gobierno. Aunque quizá sí genere cierta inquietud que hasta la democracia cristiana española, el PNV y CiU, se desmarquen de la jugada de Rajoy que busca, según las palabras de Peral, “contentar a su electorado”. Estos socios naturales del PP en el Congreso han marcado distancia y podrían dejar solos otra vez a los populares en el hemiciclo. A excepción de los conservadores navarros de UPN, donde la tasa de abortos es de 2 por cada 1.000 mujeres (la media es 12). No en vano, UPN propuso que se enviara a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo una imagen ecográfica del feto. Pero UPN es solo un voto en el Congreso. PNV y CiU suman 21.
La presidenta de la ejecutiva del PNV, Itxaso Atutxa, ha declarado públicamente su preocupación por una reforma que “responde a las presiones que el PP tiene de algunos sectores muy concretos y reaccionarios de la sociedad española”. Y su portavoz parlamentario ha anunciado que el PP no contará con su apoyo si su objetivo es “volver a los tiempos de 1985”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado: “Ni entiendo ni comparto el anteproyecto” porque rompe “un amplísimo consenso social”.
Por su parte, CiU deja libertad de voto a sus miembros. Y el antecedente no es bueno para el PP. En mayo, el Parlament se pronunció en contra de la revisión por parte del Gobierno central de la actual ley de plazos. La moción se ha aprobado con los votos a favor de CDC y las 14 abstenciones de UDC y de dos diputadas de CDC.
El PP tendría que hacer valer una vez más su mayoría absoluta en el Congreso y el Senado para aprobar otra ley orgánica en solitario, como ya sucedió con la de Educación. La LOMCE y la Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Embarazada quedarán para siempre hermanadas por nacer sin apoyos. La Ley Wert, que ha cosechado el compromiso de la oposición de derogarla en cuanto sea posible, y la que quizá sea bautizada como Ley Gallardón. Seguramente José María Ruiz Gallardón, el padre del ministro, estaría orgulloso.