El Gobierno ha retirado el proyecto de reforma de la ley del aborto. Pero en un aspecto su ofensiva hacia la ley de plazos no se ha movido un ápice: el que afecta a las jóvenes de 16 y 17 años. Mariano Rajoy y el Partido Popular siguen sosteniendo en su argumentario que las chicas abortan solas, sin que lo sepan sus padres. Y que por eso la ley de 2010 debe ser modificada.
Pero los datos y la experiencia de los profesionales que llevan realizando estas intervenciones desde hace tres décadas dicen otra cosa bien distinta: la gran mayoría de las chicas de esas edades que se somete a una interrupción voluntaria del embarazo está siempre acompañada de uno de sus progenitores. Ocurrió así durante los 25 años que estuvo en vigor la ley de 1985, que si bien obligaba al consentimiento paterno, este podía presentarse por escrito, y sucede también con la vigente ley de plazos, que sólo exige el conocimiento de uno de los dos progenitores o tutores.
“Con la ley de 1985 la mayoría de las chicas de 16 y 17 años acudían al centro acompañadas de sus padres”, afirma Olga Sancho, relaciones públicas de la Clínica Dator, el primer centro privado que fue autorizado en España a realizar abortos, y quien conoce muy bien la realidad de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.
Con la anterior ley del aborto, de supuestos, las jóvenes de esas edades estaban obligadas a que su padres consintieran a la prestación. Lo que nadie les obligaba era a que sus progenitores estuvieran con ellas en los centros puesto que la autorización podía ser por escrito. A pesar de ello, como también sostiene la presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Francisca García, “casi siempre acompañaban a las jóvenes su madre, padre o tutor”.
No existen estadísticas, ni datos, al menos públicos, acerca de quién acompañaba a las chicas cuando decidían interrumpir su gestación, pero los profesionales que trabajan en las clínicas acreditadas, que siempre han realizado –y siguen haciendo– más del 90% de los abortos registrados en España, como demuestran la estadística que cada año publica el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así lo atestiguan. “Solo una minoría de las chicas, igual que ocurre ahora, no va con sus padres”, explica García.
El problema con la ley de 1985 es que había chicas a las que les era casi imposible conseguir esa autorización y, mucho menos, estar acompañadas de alguno de sus padres. “¿Qué pasaba con esa chica cuyo padre había muerto y su madre estaba presa? ¿O la que vivía en España con sus tías y sus padres estaban en otro país a 10.000 kilómetros? Pues ocurría que había menores que quedaban legalmente desamparadas porque no había manera de obtener un consentimiento”, recuerda Sancho, quien explica que más de una vez tramitaron a través de los consulados de los respectivos países de las chicas las autorizaciones paternas, aunque en ocasiones resultó imposible.
Número muy reducido
Como insiste García, estas chicas que no pueden contarle a sus padres que quieren interrumpir su embarazo son un número muy reducido, como demuestra su experiencia y los datos del estudio realizado por ACAI en 2011 sobre una muestra de 36.178 mujeres que había acudido a abortar. De un total 1.186 chicas de 16 y 17 años que decidieron interrumpir sus embarazos solo 151 habían alegado un conflicto grave para no informar de su decisión. En algunos casos habían aducido riesgo de sufrir malos tratos, en otros que estaban emancipadas y carecían de relación con sus progenitores y en otros que los padres residían en otro país.
“Que no mientan”, afirma García en relación a la afirmación que una y otra vez realiza el PP de que las jóvenes abortan con la ley plazos sin el conocimiento de sus padres. Un día después de que Mariano Rajoy anunciara que el Gobierno no seguía adelante con su ley del aborto pero que cambiaría la legislación actual para obligar a las jóvenes a obtener el consentimiento paterno, el partido que él mismo preside hizo público un argumentario en el que volvía a insistir: “El Gobierno modificará la ley para que aquellas jóvenes de 16 años que aborten lo hagan con el conocimiento y consentimiento de sus padres”.
En el artículo 13 de la vigente ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo se establece que al menos uno de los representantes legales, padres o tutores de las chicas de 16 y 17 años que quiera abortar “deberá ser informado de la decisión de la mujer”. De hecho, esta obligación se incluyó en la ley durante su trámite parlamentario ya que fue una de las condiciones del PNV para votar a favor, como finalmente hizo. Solo cuando “la menor alegue fundadamente que esto [el conocimiento paterno] le provocará un conflicto grave”, se prescinde de la información.
Sancho señala que el 70% de las interrupciones que se practican en Dator se realizan a través del Servicio Madrileño de Salud y que si las jóvenes no acuden acompañadas de uno de sus padres, el servicio no les tramita la orden para realizar la prestación a través de la sanidad pública. “Cuando algunas chicas nos dicen que les da vergüenza contárselo a sus padres les animamos a que lo hagan porque siempre es mejor estar acompañadas y los padres lo que queremos es que nuestras hijas estén bien”, explica la relaciones públicas.
“Esta discusión es en torno a unos números muy pequeños, y que no nos digan que se trata de proteger a las menores porque lo que quieren es proteger un modelo familiar autoritario”, afirma Isabel Serrano, ginecóloga miembro de la Federación de Planificación Familiar Estatal y portavoz de la Plataforma Nosotras Decidimos. “Si al final cambian este punto, lo harán por pura ideología y desconocimiento de una realidad dramática y estarán abocando a estas chicas a situaciones de grave riesgo como son los abortos clandestinos”, subraya.