En España hay más de 17.000 menores de edad que viven en un centro o en un piso tutelado por el sistema público porque, o no tienen familia, o no pueden hacerse cargo de ellos o la familia supone un peligro para el desarrollo del menor. Raúl Serrano creció en uno de esos centros en Madrid, desde los 4 a los 18 años. “Entras en un lugar cerrado y endogámico, al margen de la sociedad y hay una sensación de aislamiento enorme, porque tu referente son educadores en una situación normalmente precaria en recursos”. La falta de atención, las experiencias traumáticas del pasado o la ausencia de amor incondicional pone a estos menores en una situación de vulnerabilidad que pueden aprovechar las mafias, proxenetas o agresores sexuales dentro del propio centro para abusar de ellos.
La gestión de las tutelas y la responsabilidad del bienestar es de las comunidades autónomas, pero el Ministerio de Juventud e Infancia (antes el encargado era el Ministerio de Derechos Sociales dirigido por Ione Belarra) está preocupado por las agresiones sexuales. De hecho, hace un año lanzó un plan para prevenirlas tras conocerse uno de los casos más impactantes, la Operación Sana, que dejó al descubierto una trama de proxenetas que captaba a menores que vivían en varios centros tutelados del sur de la capital y Aranjuez. Las engancharon a las drogas y después las prostituían a cambio de unos pocos euros o sustancias. Todo esto sucedía en las salidas permitidas o cuando se escapaban del centro. Algo parecido sucedió en Baleares, donde el escándalo estalló antes, tras la Nochebuena de 2019 con el arresto de los implicados en la violación grupal de una menor tutelada de 13 años de Mallorca. La Delegación del Gobierno informó de otros 16 casos de menores explotadas. Fue el aldabonazo para un problema que se extiende por toda España.
“Cuando yo estaba en el centro, esto se daba, porque además de hacerlo a cambio de dinero, hay una necesidad de que te atiendan”, relata Raúl Serrano, que estrenó en 2019 un documental sobre menores tutelados, Así crecen los enanos. “También hay menores que arrastran a otros. Cuando alguien llega con algo que es muy difícil de comprar, como un móvil, ya se deberían activar las alarmas, porque o lo has robado o lo has sacado de algún sitio. Y a veces pasa sin que nadie mire”.
Ana Martínez también vivió en uno de los 1.200 centros de menores que hay en España. Concretamente en Burriana (Castellón), desde los 15 a los 18 años, y luego en pisos tutelados. Su madre falleció cuando era pequeña y su padre tenía una adicción. Hoy es integradora social en la Fundación Fisat, la misma que la acogió cuando era menor: “Cuando yo vivía en el centro, la prevención del abuso sexual no se trataba mucho, pero ahora hay mucho más cuidado. Los menores están en situación vulnerable y abusar de ellos es mucho mas fácil, porque no tienen referentes familiares y a veces porque en las familias de las que vienen ya han vivido el abuso sexual y lo han naturalizado”, cuenta. ¿Cómo se dan cuenta en el centro que algo está pasando? “En el caso de las chicas, hay hipersexualización, llaman la atención, tienen baja autoestima y necesitan que las valoren los chicos. O sucede al contrario, son reacias al contacto físico”.
Las redes sociales juegan en contra de estos menores, porque los proxenetas pueden contactar sin que en los centros se enteren y a partir de ahí empiezan a captar a otros. Es lo que pasó en Madrid. “Les escriben sobre todo desde Instagram, donde hay webs de oferta de sugar daddies y sugar babies y donde se ha blanqueado totalmente la prostitución. Los proxenetas empiezan dándoles like, a unas personas que justamente necesitan autoestima, les piden más fotos y luego, quedar en el mundo físico. Las redes son de alto riesgo para estos menores, en todos los países del mundo”, cuenta Noemí Pereda, doctora en Psicología, investigadora en victimización infantil y adolescente y coordinadora de la comisión de expertos que se creó tras el escándalo en Mallorca.
¿Habitual?
Al margen de los casos más mediáticos, ¿cómo es de habitual la agresión sexual a menores en tutela, dentro y fuera del centro? Uno de los problemas para saberlo es que no hay datos, los pocos que hay están desagregados y además no responden a la realidad: los menores tutelados no suelen denunciar, porque no son conscientes de la agresión ya que la sufrieron en casa, porque no quieren, porque no se atreven, porque no tienen red de apoyo ni recursos económicos.
Fuentes de la Fiscalía confirman que no se registra a las víctimas de agresiones sexuales desagregando a los que son tutelados y los que no. Ninguna otra institución pública consultada tiene un registro específico de una agresión que puede darse dentro del centro (según fuentes de Fiscalía de menores es residual) o fuera del centro, muchas veces con redes de proxenetas. elDiario.es sí ha tenido acceso, a través de una pregunta del Portal de Transparencia, a datos del Ministerio de Interior que se refieren a agresiones y abusos sexuales cometidos dentro de los centros tutelados, sea por parte de otros menores o de personal del propio centro. El crecimiento de las intervenciones policiales es exponencial, especialmente entre chicas. De 17 casos en los que se intervino en 2008 a los 83 de 2022 –no recoge denuncias o sentencias, sino casos en los que han intervenido todas las policías de España, tampoco recoge agresiones que se produzcan fuera del centro–.
“Estos datos son la punta del iceberg, porque la mayor parte no se denuncian”, opina la experta Noemí Pereda. “El dato real solo se conoce si preguntas. Es lo que hemos hecho en Cantabria”. Allí se ha hecho una encuesta y un amplio informe en todos los centros que revela las vivencias de menores y también de los educadores. El 17% de chicos y chicas de entre 14 y 17 años admiten haber sido explotados sexualmente alguna vez, a cambio de dinero, bienes materiales o afectos. Como dato para entender la brutalidad de esta cifra: entre la población no tutelada en Europa, las cifras de explotación sexual en estas edades están entre 1 y 2,5%. La prevalencia que se calcula en el estudio es de 1 caso por cada 4.000 menores en la población general y 1 de cada 40 en menores en residencias. Entre los que se fugan, la prevalencia es de 1 de cada 8.
Factores de riesgo
¿Qué aumenta el factor de riesgo para acabar víctima de una agresión sexual siendo un menor tutelado? Hay una herramienta de evaluación que encargó a Pereda el Gobierno de Baleares y que se está difundiendo en otras comunidades: “Ser mujer, los menores no acompañados que vienen generalmente de Marruecos y que están pagando deudas con mafias que les trajeron y tener una experiencia de abuso sexual previo”.
Un informe de Unicef ya alertó en 2017 de que había detectado casos de explotación sexual en siete de las nueve comunidades autónomas que visitó en España y de la facilidad con la que mafias podían contactar con menores que, a su vez, metían en la red a otros menores. ¿Qué debería hacerse para que no pase? “La prevención es uno de los pilares, pero también enseñarles el buen trato y darles referencias positivas para que sepan distinguir que si les tratan mal no es normal”, cuenta la integradora social Martínez. Pereda va más allá y cree que “hay que reformular el sistema de protección. Las fugas son un factor de riesgo enorme porque las redes les esperan fuera –en Cantabria, el 28% se había fugado alguna vez en el último año–.
La pregunta es por qué se fugan. La respuesta es porque no están bien y no se sienten queridos. “Un niño nunca debe crecer en un centro, un educador es un profesional, no es un familiar. No es casual que en el caso de Baleares los explotadores se denominaran ‘papis’ y a las chicas se les llamara ‘hermanas’. Si una chica se puede encontrar mejor en la red que en el sistema de protección, algo falla. Y en parte es que el vínculo con el proxeneta es coercitivo, pero para ellas al menos es un vínculo”, cuenta Pereda.
De la misma opinión es Raúl Serrano, que creció en uno de esos centros: “Los niños y adolescentes tienen necesidad de afecto, de pertenencia, de guía, de juegos… En centros eso no lo vas a tener. Si tienes mucha suerte igual das con un educador al que le importas, pero no vas a tener amor incondicional, de pertenencia. Tendrás cuidado, pero no crianza, que es ir depositando valores a través del amor incondicional. Las instituciones, institucionalizan”. El plan del Gobierno es también ir reduciendo el número de menores en centros tutelados y apostar por familias de acogida, como obliga la ley de 2015. Según esta ley, “prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de 6 años”. Sin embargo, en 2022 hubo un aumento en el número de niños y niñas menores de 6 años viviendo en centros residenciales –pasaron de 1.039 en 2021 a 1.086 en 2022–.
El Defensor del Pueblo también ha empezado a indagar en un tema de magnitud desconocida ante la falta de recogida de datos segregada y la invisibilidad del problema. Fuentes de esta institución confirman que han pedido a todas las comunidades “datos de los que disponen, así como las medidas preventivas que se han adoptado o se van a acometer, y una valoración sobre su efectividad” a raíz del caso de Mallorca, de Madrid y de los 175 posibles casos de los que alertó el Síndic de Greuges valenciano en un informe en 2020. La institución que dirige Ángel Gabilondo, y que hace unas semanas publicó un amplio informe sobre abusos sexuales en la Iglesia, continúa recabando información de las autonomías y ha pedido colaboración a la Fiscalía para poder poner luz en un asunto del que se sabe poco. También está en estudio “un expediente en trámite, abierto en septiembre de este año, tras recibir la queja de una menor interna en un centro de una administración regional que denuncia haber sufrido abusos y malos tratos” y que está siendo evaluado.
Pereda, que ha estudiado los sistemas de prevención y ha propuesto la herramienta de riesgos a los gobiernos cree este problema ha mejorado desde que se conoció el escándalo de Mallorca, aunque antes “ya había casos, como el de 2016 en Cataluña, el 2019 en Álava, el caso 'lobas' de Canarias... pero pasaban inadvertidos. Ahora hay mucha más sensibilización, también en los propios educadores, pero la gestión de las comunidades autónomas es desigual. Es un problema del que es difícil conseguir datos y a veces colaboración, se quiere ocultar porque es un fallo, que nos debe llevar a que hay que reformular el sistema de protección de menores”.
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia remiten a las mejoras, planes y protocolos que se acordaron, algunos de ellos ya terminados, “a falta de la aprobación de las comunidades”. Entre ellos, un documento sobre qué hacer ante “la desaparición y ausencia no autorizada de niños” o pautas para profesionales que tratan con menores.