La Iglesia católica, incapaz de librarse del estigma de los casos de abusos sexuales
Miguelianos, Romanones, Astorga... El sexo sigue persiguiendo a la Iglesia católica. En España, y el resto del mundo. También en el Vaticano donde, pese a los intentos del papa Francisco, se sigue poniendo trabas al fin de los abusos y la dinámica de silencio. En España, a pesar de los focos que se han ido poniendo, todavía es imposible conocer la dimensión exacta de este problema
En los últimos días, distintas noticias han vuelto a traer al primer paso las causas de las víctimas de la Iglesia. Así, el miércoles pasado, la Fiscalía de Pontevedra ha solicitado una pena de 66 años de prisión para el líder de los Miguelianos, Miguel Rosendo, acusado de delitos de asociación ilícita, agresión sexual, abusos sexuales continuados y coacciones.
Según el escrito de la acusación, Rosendo fundó la asociación Orden y Mandato de San Miguel Arcángel “con el ánimo de dominar y manipular a sus miembros para someterlos a su voluntad, por el uso de violencia o intimidación mediante técnicas de adoctrinamiento basadas en la persuasión coercitiva, bajo la excusa de la religión que profesaban, y así satisfacer tanto sus deseos sexuales como ejecutar actos de beneficio personal o lucrativo”. En la causa, afirma el Ministerio Fiscal, ha de incluirse al Obispado de Tui-Vigo como responsable civil subsidiario, pues Rosendo “encontró el cobijo del aparato oficial de la Iglesia Católica en el Obispado”.
Pocos días antes, se ponía el cierre al caso Romanones, después de que el Tribunal Supremo admitiera la apelación de Daniel y le librara del pago de las costas. El padre Román no fue condenado por los hechos de Granada pero, tal y como a punta el Alto Tribunal, no existió “mala fe o temeridad” en el denunciante, por lo que corrige el fallo de la Audiencia Provincial de Granada, que condenaba a Daniel al pago de las costas del juicio. Aunque no entra en el fondo de lo juzgado por la Audiencia Provincial, el Supremo indica que la absolución del padre Román no implica que “la imputación sea falsa”.
Se cierra así el último capítulo de un proceso que motivó la intervención del papa Francisco y que permitió que otras víctimas de abusos, como los de Astorga o del caso 'Gaztelueta' se atrevieran a poner sus denuncias en manos de la Justicia. El caso Romanones sirvió, además, para que la Iglesia española abriera sus protocolos de actuación, aprobados en 2010 pero que no se hicieron públicos hasta que eldiario.es los publicara en 2015.
Y es que, a día de hoy, en España, es imposible cuantificar la verdadera magnitud de los abusos a menores en la Iglesia. En las próximas semanas, la editorial San Pablo publicará Lobos con piel de pastor, escrito por el periodista Juan Ignacio Cortés, y que supone la primera investigación periodística sobre la pederastia en la Iglesia española.
Para su autor, “se conocen públicamente cincuenta casos de abusos de menores a manos de sacerdotes, pero se estima que podrían ser muchos más. Lo que sí está claro es que la Iglesia española no ha hecho casi nada para que las víctimas se sientan acogidas y atendidas”. En su opinión, “la Iglesia española no está dando muchos pasos en esta dirección. Sus directrices para afrontar los casos de abusos son realmente pobres y defensivas. No hablan casi de las víctimas y sí de las posibles consecuencias jurídicas de sus denuncias”.
“Muchas personas que han sufrido abusos sexuales de manos de sacerdotes y que han acudido a la Iglesia española en busca de acogida y justicia se han visto decepcionadas. Hay algunos signos de cambio de actitud, pero demasiado tímidos como para considerar que se ha operado una verdadera conversión en este terreno”, sostiene el periodista.
Sin arrepentimiento
Quien no ha dado muestras de dicha conversión es el cardenal australiano George Pell, quien esta semana conoció que, finalmente, será juzgado por abusos a menores en su país de origen. La relevancia del caso estriba en que Pell es el eclesiástico de mayor rango en la historia de la Iglesia católica en tener que rendir cuentas ante la justicia.
Pese a estar en excedencia, Pell es el máximo responsable de las finanzas del Vaticano, una suerte de superministro de Economía. En la práctica, el número 3 del Vaticano... y una china en el zapato de Francisco, quien confió en el purpurado para acometer las reformas en materia financiera y ahora ve cómo uno de sus principales colaboradores podría ser condenado por encubrimiento, pero también por posibles abusos durante dos décadas.
Un Papa que, pese a todo, sigue empeñado en que las víctimas vuelvan a confiar en la Iglesia. Así, esta semana ha recibido en la residencia papal a los tres denunciantes de Fernando Karadima, el sacerdote chileno cuyos abusos han hecho estallar a la Iglesia de ese país. Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, que sufrieron abusos cuando eran niños, se atrevieron a denunciar a Karadima, hoy condenado a reclusión perpetua por la Justicia canónica. El caso no se pudo juzgar por lo civil, pues había prescrito, algo que no volverá a pasar pues ayer mismo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció un proyecto de ley para que este tipo de delitos no prescriban.
Durante su encuentro con Francisco, las víctimas denunciaron el papel de la Iglesia chilena, que ha sido llamada a consultas por el Papa dentro de dos semanas, y reclamaron “acciones ejemplares y ejemplarizantes” para poner fin a la lacra de los abusos y la ocultación. Bergoglio les pidió perdón, en su nombre y en el de la Iglesia. Pero hay que pasar de las palabras a los hechos.
