Una de las primeras cosas que hizo Jesús Cansado cuando compró una moto Vespa fue viajar hasta la fosa común en la que el régimen franquista había enterrado a su padre tras asesinarle en 1936. Hacía poco que sus restos, como los de muchos otros represaliados, habían sido trasladados al Valle de los Caídos, pero pisar el lugar vacío en el que durante más de 20 años había yacido José Cansado Lamata, jornalero y afiliado a la UGT, fue para él un alivio. Pudo llevarse algunos restos que quedaban, cuenta, “aunque podían ser de cualquier compañero”, y al morir su madre, decidió enterrarlos junto a ella. Hoy Jesús está a punto de cumplir 89 años y sigue en una lucha que le ha llevado “prácticamente toda la vida”. Porque lo que verdaderamente espera es a que, por fin, su padre pueda salir de Cuelgamuros para trasladarle a su pueblo, incinerarle y así “quedarme en paz”, dice al otro lado del teléfono.
La suya es una de las muchas familias que, décadas después, siguen peleando por que el Estado exhume los restos de sus seres queridos, víctimas de la dictadura y enterrados sin permiso en el mayor monumento erigido para exaltar la victoria de Franco. Se ha cumplido un año desde que su momia salió, pero ellos esperan todavía. Eso a pesar de que Patrimonio Nacional autorizó el pasado noviembre los trabajos tras un informe técnico favorable del CSIC. Entonces había 31 solicitudes, hoy son unas 50. Parecía el paso definitivo, pero de momento en la mayor fosa común de España siguen enterrados 33.815 cadáveres, entre víctimas de la Guerra Civil (también del Ejército franquista) y represaliados de la dictadura.
Desde la vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática insisten en que se están ultimando los trámites y remiten a las palabras que Carmen Calvo pronunció justo esta semana en el Senado, donde garantizó que estas exhumaciones se llevarían a cabo: “No podemos seguir produciendo más dolor e indignidad”, señaló. El proceso es independiente de la Ley de Memoria Democrática aprobada en Consejo de Ministros el pasado septiembre que, no obstante, reserva un artículo para el Valle de los Caídos. Su futuro es “la resignificación”, estipula la norma, y el carácter de “cementerio civil” de los enterramientos, pero aún no hay un plan concreto sobre la mesa. El Gobierno “intentará” que la ley esté lista antes del verano de 2021, pero está aún en trámite y su naturaleza augura un fuerte enfrentamiento en el Congreso, por lo que hay cosas que pueden cambiar.
“La gente está muy cansada”
“Éramos siete y ahora somos cuatro hermanos. El mayor tiene 98. Tenía 14 cuando se llevaron a mi padre. Y tengo otros dos por encima de los 84. Ese es el motivo por el que queremos llegar hasta el final. Porque aún quedamos cuatro y no se puede comprender que 80 años después estemos así”, relata Jesús, emocionado. Recuerda con precisión todos los días y los años de cada momento importante de su historia, fijados en una memoria a prueba del paso del tiempo. “Fue el 22 de septiembre de 1936. El pueblo estaba tomado por las tropas de Franco y le llamaron para que prestara declaración en el Ayuntamiento. Le retuvieron junto a otros 11 hombres, entre ellos su hermano”, cuenta. Formaban el grupo conocido como 'los 12 de Ateca', el pueblo de Zaragoza en el que vivían. Tras pasar un mes presos en el mercado de abastos de Calatayud, les asesinaron camino a Zaragoza obligándoles a cavar su propia fosa. En 1959 los 12 fueron trasladados a Cuelgamuros. Jesús tenía cinco años.
La suya es también una de las familias que en los últimos diez años han acudido a los tribunales en busca del derecho a exhumar los restos. A día de hoy solo cuenta con sentencia favorable la de los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en 1936. Aún así, y a pesar de que el fallo se emitió en 2016, tampoco han podido recuperar sus restos. “No es que haya pasado un año desde que Patrimonio Nacional lo autorizó, sino que ya van cuatro desde la sentencia. Esto se está demorando mucho y seguimos sin fecha. Es un momento en el que se nos acaba el tiempo y los anuncios políticos van por un lado y por otro los hechos”, lamenta Eduardo Ranz, abogado de muchas de estas familias.
Todos apuntan a la misma realidad: aunque en muchos casos son sus hijos y nietas los que siguen con la pelea, las edades de muchos de los descendientes de los represaliados son muy avanzadas. Ya hace unos tres meses que varias de estas familias enviaron una carta al Ejecutivo pidiéndole que reactivara los trabajos. Aunque comprenden las circunstancias extraordinarias en las que está sumido el país por la pandemia de coronavirus, insisten en ello porque temen que se siga alargando en el tiempo. Y que esto, en la práctica, suponga para muchos no llegar a ver nunca cómo sus seres queridos salen del mausoleo franquista.
“La menor de los hijos es Mercedes, que tiene 86 años y el mayor es Pascual, el hermano de Jesús, que tiene 96. A mí el otro día me llamó una señora que vive en Málaga llorando, me decía que qué iba pasar si se moría y no podía llevarse los restos de su padre con ella, que no podía esperar más. A muchos, además, la pandemia les ha pasado factura en cuestiones de salud”, relata Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos.
El proceso que llevan a cuestas, dice, “es ya muy angustioso” porque son “muchos años y la gente está muy cansada”. Silvia busca junto a su madre los restos de su tío abuelo, José Antonio Marco Viedma, fusilado el 2 de septiembre de 1936 tras ser secuestrado en su casa por un grupo de agentes de policía, falangistas y guardias civiles. En 1959, igual que el padre y el tío de Jesús, fue trasladado al Valle de los Caídos. “Tienes la sensación de que se dilata, se dilata...y no acaba de llegar”, cuenta la mujer. Otro caso que se suma a las peticiones es el de Mercedes Abril, que ha dedicado toda su vida a recuperar a su padre Rafael, militante del PSOE y al que vio por última vez cuando solo tenía tres años.
Su objetivo es llevarse los restos a Valladolid, a dónde la familia se trasladó tras el fusilamiento, para enterrarlos con su madre. Jesús también habla de algo similar: “En el día de los santos inocentes del 39 nos fuimos a vivir toda la familia a Zaragoza, a casa de una hermana de mi madre que no tenía hijos”, explica. Él, dice, apenas puede moverse ya, pero espera que su hijo Francisco sí pueda ir a las puertas de Cuelgamuros a por lo que quede de su padre y llevarlo a Ateca. “A la entrada del cementerio hay un monolito que hicimos los que quisimos aportar dinero con una lápida de mármol en la que están los nombres de los 42 hombres que mataron en el pueblo. El suelo está lleno de flores... Ahí es donde queremos depositar las cenizas”. Según ha calculado la organización Innovation and Human Rights (IHR), al Valle llegaron restos de prácticamente todos los puntos de España: de Madrid hay 4.083 cadáveres, seguida de Tarragona con 3.902 y Zaragoza con 3.691.
El futuro del Valle, en el aire
Aunque el proceso ya diera comienzo antes de que Vicepresidencia aprobada la Ley de Memoria Democrática, esta blinda el derecho de las familias que soliciten la entrega de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle. Para el caso de imposibilidad técnica –es posible que debido al deterioro, algunos nunca puedan recuperarse– el anteproyecto acuerda “medidas de carácter simbólico y moral”. Aún así, muchos de estos cadáveres quedarán sin identificar y sin reclamar por nadie, por lo que el Ejecutivo prevé dar naturaleza al complejo de “cementerio civil”.
Pero al margen de las exhumaciones, al Valle de los Caídos le queda todavía otra gran asignatura pendiente. Tras la salida de Franco hace un año, sigue en el aire cuál será su futuro. El Gobierno ya se comprometió a mover el cadáver del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, a una zona menos “preeminente” que la actual, a un lado del altar de la basílica. También a expulsar a los monjes benedictinos y extinguir la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, algo que está explicado literalmente así en el anteproyecto. Pero cómo resignificar el mausoleo que ordenó construir el dictador, en parte con trabajos forzosos, deberá todavía “estudiarse”, señalan fuentes de la Vicepresidencia, que reconocen que no hay aún ningún plan concreto.
Explican, eso sí, que “el espíritu” será el que viene en el anteproyecto, que estipula que la resignificación “irá destinada a dar a conocer las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. Una referencia que probablemente tomará el Ejecutivo será el Informe para el Futuro del Valle que encargó en 2011 José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, Carme Molinero, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y miembro del Comité de Expertos que lo elaboró, apremia a “no esperar más” porque “aunque son momentos difíciles a nivel económico se puede hacer algo sencillo y luego profundizar. La exhumación de Franco fue el primer paso y es condición necesaria, pero no suficiente. Ya ha pasado un año”.
Algunas voces han pedido su demolición, pero la experta se muestra en contra y se imagina esa resignificación como una especie de centro de interpretación “previo a que el visitante entre a la basílica y al monasterio” y en el que se explique y contextualice qué está viendo. “Es importante que se entienda la simbología y la historia, lo que significó la imposición de determinados valores a la sociedad y lo que implicó para los derrotados de la Guerra Civil, cómo fue construido, que se hizo con mano de obra de presos políticos y la magnitud de la represión”, ejemplifica Molinero. “Lo que no se puede es dejarlo como está”, reitera la experta.