La Justicia confirma la sentencia emitida en contra de dos trabajadores de una empresa llamada Bastión Desokupación. Vicente es uno de los condenados por un delito leve de lesiones, acumula otra condena por un delito leve de coacciones y está denunciado por otro intento de desocupación en un domicilio del barrio de Arganzuela (Madrid). Tras desvincularse de esa compañía, describe así los métodos de trabajo de la empresa: “Se cogen tres machacas y se van sin papeles a desocupar”.
El salto al sector de la seguridad y a la desocupación lo dio gracias a los entornos de los deportes de combate. “[Fue] por mediación de un amigo del boxeo que me dijo: ‘Das el perfil para ayudar a estas familias. Están buscando a un chico así como tú, que habla bien y que da imagen”. Ese perfil del que le hablaron coincide con el de gran parte de los trabajadores de ese ámbito: musculado, alto y tatuado. A partir de ahí, comenzó a trabajar en Bastión Desokupación.
Vicente (nombre ficticio) relata que desde el primer día se dio cuenta de que algo no cuadraba. Ese punto de inflexión se produjo cuando vio que su “antiguo jefe entró [en una casa] diciendo que era perito judicial”. También le sorprendió “cómo trató” a los inquilinos o a las personas a las que iban a desalojar.
“Miedo ambiental”
“Una cosa es desocupar y otra cosa es esa forma de trabajar”, apunta en una entrevista concedida a elDiario.es en el despacho de sus abogados. Aunque se muestra muy crítico con las formas de actuar de Bastión Desokupación, sí que defiende el proceder de la mayor parte de empresas que se dedican a esta labor. De hecho, él continúa trabajando en ese sector.
Unidas Podemos ya ha anunciado medidas para limitar el trabajo de estas compañías. El grupo confederal ha registrado en el Congreso una proposición de ley para perseguir a estas empresas mediante una reforma del Código Penal. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguró que quieren impedir que las organizaciones desokupas “movidas por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid también cargan contra el proceder de las empresas desokupas por “trabajar fuera de la legalidad”. Un portavoz de esta organización defiende que estas compañías “hacen un trabajo en paralelo” al Estado de derecho. Con todo, alerta del “miedo ambiental” que infunde el físico de los empleados que se contratan con el objetivo de desalojar viviendas. “No son mediadores, son coaccionadores”, concede este entrevistado.
La Justicia ya ha advertido sobre los métodos de los trabajadores de Bastión Desokupación. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado 14 de febrero una condena a dos empleados de esta compañía por un delito leve de lesiones. El relato de la sentencia ratificada recogía que estos trabajadores “propinaron varios golpes y un empujón al denunciante” cuando “salía de un domicilio que al parecer ocupaba de forma ilegal, a la vez que le requerían la entrega de las llaves de la vivienda”, tal y como contó elDiario.es.
Coacciones y lesiones
La Audiencia también confirmó en mayo de 2022 una condena por un delito leve de coacciones a los mismos empleados de esta empresa. La magistrada consideró probado que los denunciados utilizaron una actitud intimidatoria para conseguir que una mujer abandonase una casa en el barrio de San Blas (Madrid) a cambio de 1.200 euros. En este último fallo, se sostiene que el “aspecto físico” de los empleados –con “una gran corpulencia”– contribuyó a la “preocupación generada en la víctima”.
Vicente figura como condenado en estas dos sentencias. Sin embargo, él, y lo confirman sus abogados, asegura que no tenía constancia de estas decisiones judiciales. “No lo sabía, desconocía que me habían llamado de 50.000 [sitios]”. Siempre según su relato, se enteró de sus problemas judiciales cuando un “compañero” le mandó un mensaje. “Mañana nos vemos en el juzgado”, le comentó. Y a partir de ahí sus letrados fueron recabando información. Sobre la notificación de las sentencias, el abogado de la compañía desokupa se limita a asegurar que él no lleva la “defensa jurídica” de Vicente “desde que fue despedido de la empresa”.
Con estas dos condenas no terminan sus procedimientos judiciales, también ha sido denunciado por Modou (nombre ficticio), de origen senegalés y con residencia en nuestro país. En la instrucción de la causa figuran otros dos trabajadores más de Bastión Desokupación como demandados. En noviembre, el denunciante explicó a elDiario.es cómo los denunciados entraron en su domicilio sin autorización y, siempre según su versión, uno de ellos se identificó como policía.
En la declaración judicial durante la instrucción de este caso, a la que ha accedido esta redacción, Vicente explicó que fue su jefe el que se identificó como “perito judicial” –y no como agente– e instó a que se abriese la puerta. Confirma, además, que Modou “les dejó pasar al ver la placa”.
Perito judicial
Durante la entrevista con esta redacción Vicente aporta más detalles sobre su papel en ese intento de desalojo. Explica que la identificación como “perito judicial” facilitaba su misión. “Es maravilloso para entrar en las casas”, cuenta a la vez que reprocha esta forma de actuar. “Si te viene un señor con una placa de perito judicial, no sabes lo que es, tú oyes ‘juez’, le abres la casa, le abres la nevera y le abres todo. ¿Qué vas a hacer? Así es fácil desocupar”, certifica.
Aunque el entrevistado asegura que ha observado “50 veces” esta actuación – “no una, ni dos”–, el empleado al que acusa de estos hechos los desmiente, según la documentación consultada por esta redacción. Asegura “ser perito judicial”, pero niega “en todo momento haberse hecho pasar por agente de autoridad ni enseñar placa alguna”, recoge un auto de la Audiencia emitido hace un mes.
Varios agentes se desplazaron al portal de Modou para intermediar entre el denunciante y los miembros de la empresa. En esa incursión los policías detectaron que “uno de los denunciados tenía una tarjeta en la que ponía que era perito judicial”, pero consideraron que ese material no podía “inducir a confusión con una placa identificativa del Cuerpo Nacional de Policía”
El entrevistado asegura que se marchó de la compañía por discrepancia sobre la forma de trabajo, pero la compañía ofrece otra versión. El letrado de Bastión Desokupación asegura que Vicente “fue despedido de la empresa por varias irregularidades”. Además, sostiene que este trabajador está intentando “desprestigiar a la empresa con afirmaciones falsas”.
Aunque Vicente ya no forma parte de esta empresa, sigue vinculado a la desocupación. No quiere revelar los métodos de trabajo que utiliza. Se limita a reseñar que en su jornada laboral conseguir entrar en un domicilio es una victoria. “Una vez que accedes a la tranquilidad de la vivienda, le rompes los esquemas [a los inquilinos]”, relata, a la vez que insiste en que en su trabajo “todo es psicológico”. El factor emocional tiene un papel muy relevante. “Te sientas en su sillón, invades su intimidad. Eso les destroza”. En ese momento, ya se centra en “convencer” al inquilino de que devuelva la casa a su “legítimo propietario”. A partir de ahí, insiste en que siempre intenta “buscar una solución lo más factible para los dos”.
Modou recuerda como “una intimidación” la llegada de estos trabajadores a su casa. Todo arrancó con “un fuerte golpe en la puerta de la vivienda”, según la documentación del caso consultada por esta redacción. En ese momento, –siempre según el denunciado– le enseñaron una placa y “sin dar más explicaciones al declarante, estos cuatro individuos le empujan hasta el interior de la vivienda”, recoge la denuncia policial presentada por el inquilino. Los hijos de Modou presenciaron los hechos. “Están asustados porque llevan poco tiempo en España. Tienen miedo. Yo les digo que no volverán a entrar”, apunta el denunciante.
“Yo iba [como personal] de seguridad. Tenía que estar pendiente de que a ellos, [a sus compañeros], no les pasase nada”, recuerda Vicente, que también detalló durante la instrucción que Modou les enseñó una “moratoria” judicial y en ese momento se produjo un forcejeo porque su jefe “le quitó el papel y se salió fuera”. Asegura que fue él el que le devolvió ese papel al denunciante. Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmaron a esta redacción en noviembre que Modou tenía una prórroga de lanzamiento de la vivienda hasta 2024 al ser considerado “persona vulnerable”.
La versión que han dado los denunciados es totalmente distinta a la que aporta Modou. Desmienten el allanamiento de morada y aseguran que fueron invitados a entrar en la vivienda por uno de los inquilinos del domicilio, tal y como recoge el atestado policial. Ya una vez en el salón, pretendían “llegar a un acuerdo de toma de posesión voluntaria y pacífica de la vivienda con los moradores”.
En sus páginas web, estas empresas se publicitan como intermediarios pacíficos y legales para solucionar estas situaciones que, afirman, son muy frecuentes. “Dada la gran demora en los juzgados para echar a los okupas en nuestro país nace (sic) los desahucios exprés”. Así se publicita Bastión Desokupación en su página web. Señalan que saben “cómo tratar cada caso en concreto para así hacer un desalojo rápido y legal”.
“Actúan de mediadores” sin haber presentado título
El abogado de Modou ha intentado, sin éxito, que este caso se juzgase por presuntos delitos de coacciones, allanamiento y usurpación de funciones públicas. Finalmente, la Audiencia ha determinado que la denuncia seguirá adelante únicamente por un presunto delito leve de coacciones, ya que “los investigados fueron los que alertaron a la policía a fin de mediar en el conflicto”.
En este auto, los magistrados de la Sección número 23 defienden que las actuaciones de estas empresas “no son ilegales, pero están al margen de la legalidad, ya que no existe ninguna regulación al respecto”. Aún así, sostienen que las compañías desokupas “suelen usar métodos pacíficos”, así como “procedimientos basados en tratar de desincentivar a los ocupas para que abandonen el inmueble ocupado”.
Más crítica con la actuación de los empleados de esta empresa se muestra la magistrada que confirmó un delito de lesiones. “Indican los recurrentes que ellos actúan de mediadores sin que hayan presentado el título oficial universitario o de formación profesional superior y el curso correspondiente con una formación específica para ejercer la mediación”, advierte la juez de la Sección número 15 de la Audiencia en el fallo consultado por esta redacción.
“A lo mejor la calle te enseña más que un título porque yo me he criado con gente muy jodida”, responde Vicente sobre las alegaciones de la jueza. Se ampara en la experiencia adquirida en su barrio y en la intuición que ha desarrollado, para insistir en que no necesita formarse en ese campo. “Cuando veo a un tío, sé si está pasando calamidades. Me puedo equivocar, soy humano, pero en el 99% [de los casos] sé si [el afectado] está pasando calamidades, si es un punto de droga...”.
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