Está entre emocionada y contenida. La activista Uge Sangil (La Palma, 1968) lleva un día maratoniano. Desde primera hora estaba en el Congreso de los Diputados para asistir a la votación de la llamada Ley Trans, aprobada tras un largo camino plagado de desavenencias. Su papel al frente de la Federación Estatal LGTBI+ fue determinante para que las negociaciones en el seno de Gobierno se desencallaran en junio de 2021. Se sentó, junto a Fundación Triángulo y Chrysallis, con todas las partes hasta llegar a un acuerdo, al texto que finalmente aprobó el Consejo de Ministros.
Reconoce que el trámite no ha sido fácil y asegura que las personas trans salen de él “con más derechos”, pero también “con heridas”, dice en referencia al cruento debate que ha rodeado todo el proceso. La ley ha sido una tormenta para el Gobierno, ha dividido al movimiento feminista y ha abierto una brecha en el PSOE que ha hecho a Carmen Calvo romper la disciplina de voto y abstenerse. Hubo momentos en los que la ley llegó a estar “muy bloqueada”, asegura, a riesgo de no salir. Cuando este jueves Meritxell Batet ha anunciado los 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones, Sangil respiraba. Y estallaba a aplaudir desde la tribuna de invitados de la cámara.
La norma que ha salido hoy del Congreso y va camino al Senado ¿es la ley a la que aspiraban las organizaciones LGTBI?
Es la ley que hoy tenemos que celebrar. Hay que reconocer que no están todos los derechos conseguidos. Faltan derechos para la infancia, nos hemos quedado fuera las personas no binarias y para las intersexuales ha quedado coja en algún aspecto, pero es una de las 15 más avanzadas a nivel mundial y, en cuanto a menores, somos el cuarto o quinto país del mundo en avances. Es una ley que es un antes y un después en nuestra sociedad igual que lo fue el matrimonio igualitario y no es solo para un grupo de personas minoritario sino que socialmente avanzamos en respeto, diversidad y derechos humanos que nos enriquecen.
La autodeterminación de género, es decir, que las personas trans puedan modificar su sexo legal sin la obligación de cumplir requisitos médicos, ha centrado todas las miradas. ¿Qué efecto tendrá?
Nuestras vidas cambian radicalmente porque dejamos de estar patologizadas, dejamos de estar tuteladas por médicos, psiquiatras y psicólogos y nuestra identidad es libre. Recordemos que la autodeterminación implica ir de forma libre al Registro Civil a modificar nuestra mención registral. Lo que nosotras somos, solo nosotras lo sabemos, no hay un tercero que pueda probarlo o decir que eso es verdad. Y que eso se reconozca es una reafirmación personal, pero también es una cuestión de salud mental. Estamos hablando de que las personas trans sufren un nivel alto de discriminación, este es un paso en la reparación de nuestras vidas.
¿Veremos casos de abuso cuando entre en vigor?
Hasta el día de hoy no hemos detectado abusos ni siquiera en los países que ya tienen la autodeterminación aprobada ni en las comunidades que tienen legislaciones propias. Yo no creo que eso se vaya a dar y si se diera, sería muy muy mínimo. Entiendo que las personas no quieren vivir vidas que no son de ellas y que les empujan a la vulnerabilidad.
La última enmienda que presentó el PSOE sobre los menores tensionó las negociaciones hasta el final. ¿Era aceptable?
No, no lo era, suponía extender la tutela judicial a los menores de entre 14 y 16 años, que ya van a contar con acompañamiento y el consentimiento de sus progenitores. Hicimos propuestas de transaccionales, pero el PSOE no las aceptó y al final la enmienda cayó en la Comisión de Igualdad. Entiendo que las disputas internas del partido le hacían mantener esa posición, pero no comprendíamos cómo podían intentar ese retroceso respecto a la propuesta que la propia Carmen Calvo nos había hecho, que se suponía que tenía todas las garantías jurídicas y que es la que ha salido. Igual que no entendimos el viraje de 2018 a 2021, no entendimos esta enmienda a última hora.
¿Cómo fue esta negociación?
El 21 de junio de 2021 en Moncloa el equipo de la vicepresidencia nos propuso que el cambio de la mención registral se hiciera mediante testigos, pero ahí nos plantamos. Yo hablé en primera persona de nuestra realidad y por la tarde nos llamaron para decir que aceptaban la autodeterminación. No hubo cambios por parte del Ministerio de Igualdad ni de los colectivos y eso desbloqueó la ley.
¿Cubrieron los colectivos en las negociaciones un papel que deberían haber desempeñado las partes implicadas en el seno del Gobierno, es decir, el Ministerio de Igualdad, Justicia y la Vicepresidencia del Gobierno?
Sí, pero también era lo que teníamos que hacer en ese momento. Tuvimos un rol de escucha con todos y también de defender nuestros derechos. Si no, esto no se hubiera resuelto porque al final el peso de los colectivos es muy importante. Igualdad hizo todo lo que pudo, nosotros también y entre unos y otros conseguimos desencallar la ley. Al final fue un trabajo de conjunto.
Pero que fuerais tan determinantes ¿no es un fracaso de la negociación política en el seno del Ejecutivo?
Sí pienso que hay que analizar políticamente cómo se ha hecho y cómo se ha llevado a cabo en el Gobierno de coalición y eso lo tendrán que analizar los propios protagonistas. Creo que se ha ido muy al choque y que quizás eso ha impedido, a veces, avanzar, pero no quiero quitar méritos a la ministra Irene Montero, que ha luchado por que esta ley viera la luz, contando con los colectivos y las personas LGTBI. Los distintos actores políticos tendrán que analizar cómo han trabajado en esta ley.
En las últimas semanas los colectivos habéis sido muy críticos con el PSOE, acusándole de poner en peligro la ley. ¿Será bienvenido en el Orgullo de 2023?
El partido ha estado flojo. Y el colectivo LGTBI y trans nunca olvida. Ha hecho mucho daño. Yo entiendo que no es todo el PSOE, pero ha hecho mucho daño.
Hay varias diputadas que este jueves rompieron la disciplina de voto, entre ellas Sara Giménez, de Ciudadanos, o Carmen Calvo. ¿Qué le parece en concreto esta última decisión?
Ha votado en consecuencia. La abstención, que es diferente a la de Giménez –el resto de diputados de Ciudadanos votaron en contra–, demuestra que no ha estado ahí para aprobar derechos humanos.
El primer borrador de la ley, que es lo que defienden los colectivos, no ponía límite de edad a la autodeterminación de género. ¿Un niño o niña con seis o siete años puede tomar esta decisión?
Y con cuatro años. Hay estudios que avalan que es real, la identidad es algo propio y claro que es posible en esas edades saber quién se es. Sabemos, de todas formas, que las infancias lo primero que hacen es cambiar el nombre y que para el sexo esperan muchas veces a la adolescencia, pero no poner límite de edad era una oportunidad para tener una legislación pionera igualándonos a Argentina, que lleva varios años ya con esta legislación. El proceso de los menores, además, no es de un día para otro, no se levantan y dicen 'soy trans'. Es poco a poco, las familias tienen que ir integrando lo que va ocurriendo, se va hablando y desde el acompañamiento se toman las decisiones.
La ley ya no obligará a presentar un informe psicológico para modificar el sexo legal. ¿Hubiera sido pertinente que incluyera la necesidad de acompañamiento psicológico, en especial para los menores?
La asistencia sanitaria debe estar a disposición, pero que seamos las personas trans quienes decidamos si en un momento dado es necesaria, también los menores, para los que sí es fundamental el acompañamiento de las familias y del entorno. Hay que tener en cuenta que las competencias sanitarias están en las comunidades y en muchas ya hay ley con protocolos sanitarios a través de los cuales las personas trans acuden a profesionales psicológicos si lo creen necesario.
Los sectores feministas críticos con la norma y también las fuerzas de la derecha se oponen a la ley por considerar que pone en peligro los derechos de las mujeres. ¿Son compatibles?
Claro que son compatibles, las personas trans no borramos a nadie, somos menos del 1% de la población y hemos estado siempre en la sociedad. De hecho, la derecha y la ultraderecha durante todo este tiempo han estado calladas porque otras les han hecho el trabajo.
¿Se han entendido las dudas que pueda tener parte de la ciudadanía sobre esta ley?
Hemos entendido que haya dudas y para solventarlas hemos estado siempre con disponibilidad, para hablarlas y dialogarlas, pero no para enfrentar los derechos de unas y de otros.
El otro día Bel Pozueta, de EH Bildu, aseguraba en el Congreso que el conflicto que ha rodeado a la Ley Trans ha hecho que parte de la ciudadanía no haya entendido realmente su objetivo. ¿Ha faltado pedagogía?
Sí, creo que ha faltado pedagogía pero también creo que los bulos por parte del sector transexcluyente han sido demenciales y desde ese marco ha sido difícil porque se ha emponzoñado el contenido de la ley y se ha confundido a la ciudadanía. Las últimas consultas, sin embargo, hablan de que un 80% de la ciudadanía española está a favor de los derechos trans.
El conflicto se ha dado en términos muy duros. ¿Ha aumentado la hostilidad social hacia las personas trans?
La violencia hacia el colectivo ha sido brutal por parte de un sector transexcluyente del movimiento feminista y ese daño que se ha hecho no lo va a reparar nadie y quedará en nuestras vidas, nos costará recuperarnos de este dolor. Sí creo que ha aumentado la hostilidad, sobre todo en redes sociales, y eso se acaba extendiendo al día a día y se intoxica a la sociedad.
Ha habido bulos sobre las personas trans y también una falta de reconocimiento de nuestro nombre y género muy dolorosos. También se ha hecho una vinculación en específico de las mujeres trans con las violencias machistas. Las personas trans hemos existido siempre, no venimos de la nada ni hemos nacido hace un año y medio, llevamos toda la vida luchando y este paso atrás ha hecho mucho daño.