Las claves del pacto entre PSOE y Unidas Podemos: políticas sociales filtradas por el “equilibrio presupuestario”
El preacuerdo de Gobierno firmado este martes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pone el acento en las políticas sociales, un terreno en el que PSOE y Unidas Podemos tienen más coincidencias y pueden ayudar a echar a andar un gobierno de coalición que ha tenido dificultades para cuajar. Si las diferencias en materia económica o fiscal –o en la relación con Catalunya– marcan distancias entre los de Sánchez y los de Iglesias, sí que hay coincidencias en las materias sobre las que más habla el documento: del cambio climático al feminismo, pasando por la Educación Infantil. Eso sí, todo abrochado con una coletilla: “Equilibrio presupuestario”; es decir, sin alegrías en el gasto.
Entre los ejes principales señalados en el texto acordado por el PSOE y Unidas Podemos aparece rápidamente “la protección de los servicios públicos”. Además, dedica un punto a nuevos derechos como la eutanasia, y afirma que España será un país de “memoria y dignidad”.
Sanidad pública ¿de gestión pública?
El documento menciona de forma general la protección de la sanidad pública. En esta materia, el PSOE ha propuesto en su programa “incorporar nuevos servicios a la cartera pública como son la salud bucodental o la atención a las enfermedades raras” e incluso hace referencia expresa al cáncer infantil y la salud mental.
Unidas Podemos apuesta por subir la inversión en sanidad del 6 al 7,5% del PIB. También propone la modificación de la legislación básica que admite la gestión privatizada como una alternativa equivalente a la gestión directa. Su idea es que la Sanidad “se base en la gestión pública directa” y eliminar los copagos.
El acuerdo presupuestario de ambas formaciones incluyó la eliminación paulatina de los copagos farmacéuticos para los pensionistas con menos recursos y cerrar la puerta legal al cobro de servicios como el “transporte sanitario no urgente, productos ortoprotésicos y o los dietéticos”.
Compromiso con la educación de 0 a 3 años
En materia de Educación, en el acuerdo sobresale un entendimiento que ya habían firmado ambas formaciones en su pacto para los Presupuestos generales: la generalización de escuelas infantiles de 0 a 3 años. En octubre de 2018 concretaron un plan para la universalización de la gratuidad en esta etapa educativa que, calculaban, costaría un esfuerzo inicial de 330 millones de euros.
Plan de choque en dependencia
Sobre dependencia, el PSOE se había comprometido a reducir en un 75% la lista de espera, aunque siempre con una salvedad importante: “en cooperación con las entidades autonómicas y locales” porque el sistema de dependencia está estructurado sobre ese triángulo.
En este sentido, Unidas Podemos señalaba en su programa la necesidad de un plan de choque para atajar la demora en la atención. Su intención era que el sistema público atienda hasta a 1,6 millones de personas y se creen 400.000 empleos relacionados con este sector.
Crisis climática y animalismo
La crisis climática tiene un punto propio en el preacuerdo firmado por Sánchez e Iglesias. Los dos grupos habían detallado medidas que, en sus pilares básicos, se parecían bastante. Los morados hablaban de reducir las emisiones de CO2 a la mitad en 2030 y un 90% en 2040 cuando la producción de energía fuera 100% de fuentes renovables. Un calendario muy parecido al diseñado por el Partido Socialista.
Ambos coinciden en el cierre de las centrales de carbón y nucleares. Es cierto que Unidas Podemos pone fecha concreta –2025 y 2024 respectivamente–, mientras que los socialistas no marcan un punto fijo. Los dos partidos insisten en la necesidad de crear una alternativa económica para las zonas afectadas por esos cierres.
En esta materia también llama la atención que PSOE y UP llevaban en sus programas la idea de aprobar una ley de bienestar animal, así que este aspecto ha sido mencionado concretamente en los ejes del pacto de gobierno.
Eutanasia como derecho
La eutanasia y la Ley de muerte digna están explícitamente mencionadas en el documento: “Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas, como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia”. Esa ley, que aguarda una mayoría parlamentaria, aparecía en sus programas de cara al 10N.
Los 35 compromisos electorales del PSOE aseguraban que “se regulará el derecho a la eutanasia” mientras que el programa de UP llevaban que se crearían “las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida”. La eutanasia ocupó un lugar central durante la campaña del 28A por coincidir en el tiempo con el caso de María José Carrasco, pero en la del 10N el tema quedó más desdibujado. Durante la legislatura previa, pasó por el Congreso cuatro veces, la última tramitada por el PSOE pero bloqueada en la Mesa por el PP y Ciudadanos.
El feminismo en el gobierno
El preacuerdo reserva uno de los apartados para las “políticas feministas”, entre las que las dos formaciones incluyen el genérico “garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres” a través “de la lucha decidida contra la violencia machista”.
Tanto unos como otros han apostado en sus programas electorales por desarrollar y profundizar en las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de las que aún no se han implementado todas a pesar de haber sido aprobado hace ya más de dos años. Entre otras cosas, está pendiente la suspensión del régimen de visitas de los padres con sus hijos en el caso de que “hubieran presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia” o el desarrollo de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) para mejorar la detección del riesgo cuando una mujer denuncia.
Los dos coinciden también en ampliar el concepto de violencia machista más allá de la pareja o expareja, de forma que la legislación trascienda de la legislación actual, que solo reconoce como tal la que se da en el marco de una relación sentimental. El Convenio de Estambul obliga a que también se consideren víctimas de violencia machista las mujeres que han sufrido agresiones sexuales, acoso en el ámbito laboral o que son asesinadas por hombres que no eran su pareja o expareja.
Blindar el 'solo sí es sí'
En este sentido, tanto Unidas Podemos como el PSOE planeaban reformar la parte de delitos sexuales del Código Penal para “blindar” el “solo sí es sí” de forma que se acabe con la distinción entre agresión y abuso sexual. Una diferencia que ha cristalizado en sentencias como la primera de 'la manada' de Pamplona o la reciente de Manresa, que calificaron los hechos como abusos. El objetivo es que el delito de violación se defina únicamente en base a la ausencia de consentimiento y no en si fue perpetrada mediando violencia e intimidación, como exige la norma actual. También ambos proponen garantizar la educación afectivo sexual en las aulas, algo que ahora depende de la voluntariedad de cada centro.
Permisos de maternidad y paternidad
Unidas Podemos y PSOE mencionan en el acuerdo una medida concreta de la que se ha hablado mucho en los últimos años: la ampliación y equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Aunque en marzo el Gobierno aprobó que ambos serían de 16 semanas e intransferibles de aquí a 2021, las dos formaciones abogan por ahondar en esta medida, aunque no dan detalles.
En su programa electoral, el PSOE solo habla de implantar lo ya aprobado y de eliminar las trabas que existan para que los permisos de ambos progenitores sean lo más simultáneos posibles. Unidas Podemos iba más allá y abogaba por ampliar los permisos por nacimiento hasta las 24 semanasde forma progresiva.
Igualdad laboral
El documento menciona también una ley de igualdad laboral. Ambas formaciones han presentado en los últimos años propuestas de ley con contenidos similares al respecto, aunque también con diferencias. El Gobierno de Sánchez aprobó en marzo un decreto ley con algunas medidas, como los registros salariales para luchar contra la brecha de sueldos entre mujeres y hombres, unas medidas que proponían profundizar en su programa para el 10N. Unidas Podemos presentó una propuesta de norma que ahondaba también en el plan de lucha contra la brecha salarial.
El PSOE incluía para estas elecciones la creación de una Oficina de lucha contra la discriminación en la Inspección de Trabajo. La propuesta que en su momento presentó Unidas Podemos también mencionaba o bien la creación de un organismo nuevo o bien el refuerzo de alguno existente para controlar la aplicación de estas medidas y recabar informes que permitan a las mujeres acudir a los tribunales.
Sanciones para las empresas incumplidoras, cuotas, usos del tiempo y cambios en el trabajo a tiempo parcial son algunos asuntos importantes que ambos partidos han mencionado en ocasiones y que podrían también estar incluidos en esta nueva norma.
Lucha contra la trata de seres humanos
El “fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual” es otra de las menciones que hace el preacuerdo de gobierno, algo que ambas formaciones también incluían ya en sus respectivos programas electorales. Unidas Podemos hablaba de “erradicarla” y el PSOE, más explícito, incluía una ley específica dentro de las “medidas encaminadas a la abolición de la prostitución”. Los socialistas prometieron esta legislación ya en 2018 y llegaron a afirmar a finales del año que estaba “muy avanzada”, pero en todo este tiempo no ha visto la luz.
LGTBI, sin mención específica
Aunque en el documento del preacuerdo no hay ninguna mención específica al colectivo LGTBI, sí menciona en uno de los puntos la “salvaguarda de la diversidad”. Ambos comparten la idea de tramitar una ley LGTBI y la reforma de la Ley de Identidad de Género de 2007, que permite el cambio de nombre y sexo legal. Unidas Podemos, además, lleva en su programa una ley integral trans y el PSOE una ley de igualdad de trato y no discriminación, que además contempla medidas contra la discriminación por razón de raza, origen, edad o discapacidad.
La “España vaciada”
El punto 8 del preacuerdo reza por “revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada”, sin concretar más. También ambos partidos lo llevaban en sus proyectos para el 10N. Según datos del actual Gobierno en funciones, el 48,4% del territorio español está en riesgo de despoblación. Para los morados, lo más eficaz para frenar esa tendencia es “implementar medidas de discriminación positiva”, es decir, “un plan de choque para acelerar la equiparación de derechos y servicios, y para cerrar la brecha territorial”, entre otras medidas como “la prestación por cuidado de niños y niñas o el Plan de Rehabilitación de Vivienda”.
Los socialistas proponían fomentar una red de infraestructuras mallar y no radial, reforzar la banda ancha, la creación de Oficinas Comarcales para la Cohesión o la realización de un Inventario de los bienes inmuebles y rústicos sin aprovechamiento económico.
Elaborado con información de Raúl Rejón, Ana Requena, Marta Borraz y Belén Remacha
