Cada vez que el caso ha llegado a los magistrados, los fallos se han repetido: el río Tajo debe llevar un mínimo de agua que le permita cumplir con su función de río. Se denomina “caudal ecológico” y es obligatorio. Varias sentencias del Supremo y la Audiencia Nacional han rechazado los recursos presentados por regantes y gobiernos autonómicos que querían anular decisiones que suponían más caudal en el río y, por tanto, menos volumen para el trasvase Tajo-Segura.
Sin embargo, cuando faltan dos meses para las elecciones autonómicas y municipales, los gobiernos de Andalucía, la Región de Murcia (dirigidos por el PP) y la Comunitat Valenciana (PSOE) no han dudado en enzarzarse otra vez en los tribunales con el Ejecutivo por el nuevo plan hidrológico del Tajo que establece, por primera vez, caudales ecológicos. Castilla-La Mancha ha contestado que se personará en los procesos para, en su caso, defender la decisión del Ministerio de Transición Ecológica.
“La jurisprudencia ya es abrumadora en favor del Tajo”, analiza el abogado experto en derecho ambiental, Pedro Brufao. “A favor del caudal ecológico y de disminuir los volúmenes del trasvase, y eso que los caudales del plan tampoco es que sean muy grandes, porque el Tajo está como está”, remata.
Esta semana, el presidente valenciano, Ximo Puig, informaba en persona a los regantes alicantinos que el recurso de la Generalitat pedirían la suspensión cautelar del aumento de caudales. Alegan que el cálculo de esos caudales son fruto de una decisión “arbitraria”. La misma calificación que ha usado el presidente murciano, Fernando López Miras, al confirmarse su recurso.
Es alucinante que hayan tomado esta línea de actuación después de todas las sentencias que han ido llegando. Lo veo como una estrategia del avestruz
Ambos gobiernos autonómicos han ido en repetidas ocasiones a los tribunales, de momento sin éxito. Esta vez han pedido suspender cautelarmente el plan de caudales del Tajo ante la perspectiva de que los magistrados se tomen su tiempo para emitir un fallo.
La Abogacía valenciana lo expresa así en su escrito: “Ante la posibilidad de que no exista pronunciamiento judicial por sentencia, en esas fechas (2026 y 2027)”. Esos son los plazosen los que debe incrementarse el volumen de agua mínimo a su paso por puntos concretos del curso. Es decir, presumen esos letrados que el caso puede alargarse años.
En la misma línea, el portavoz del Ejecutivo de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, ha esgrimido que si no se paralizan los caudales ecológicos del Tajo se producirán “daños y perjuicios irreparables” para las empresas de regadío de la comunidad.
Muchos concejales y diputados en liza
Las sentencias pueden tardar, pero los comicios locales y autonómicos no se demoran. Quedan poco más de 60 días en los que, además, se abrirá la campaña de riego en las fincas.
La Vega Baja del Segura en Alicante, núcleo del regadío de la provincia, es un territorio clave en las elecciones del 28 de mayo: viven más de 350.000 habitantes en 27 municipios –de hecho la tercera y cuarta poblaciones más habitadas de la provincia están allí: Torrevieja y Orihuela–.
En la Región de Murcia, principal receptora de lo que se envía desde el Tajo a la cuenca del Segura, el PP gobierna a pesar de quedar segundos en los comicios de 2019. Una unión con Ciudadanos y Vox hizo a López Miras presidente.
El Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Scrats, además de organizar las manifestaciones contrarias a Transición Ecológica, ha seguido una estrategia legal parecida a la de los gobiernos murciano y valenciano con resultados similares: el Supremo ha rechazado sus peticiones.
Por su parte, el Gobierno andaluz también ha ordenado acudir al Tribunal Supremo para solicitar que no se permita el caudal ecológico previsto. Es “un disparate”, aseguran, porque disminuir el agua del acueducto hacia las fincas de riego causará “la ruina” de los regantes. El gobierno que dirige Juan Manuel Moreno Bonilla ha repetido que serán los tribunales los que se pronuncien (una vez más) y ha recurrido al eslogan: “Con el agua no se juega”.
El agua como argumento de pelea política viene acelerándose desde hace meses. Hace poco, el propio Moreno Bonilla afirmaba que el agua que desembalsaba la presa onubense de Olivargas “tiraba al mar” el volumen “que consume Huelva en un año porque no hay donde almacenarla”.
La provincia de Huelva –con los regadíos de El Condado presentes– también son un campo de disputa electoral. Tanto como para que el PP andaluz y Vox hayan vuelto a proponer una ley que amnistíe fincas ilegales de regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Hasta el partido ultraderechista Vox no quiere quedarse al margen del asunto hídrico. En medio de la moción de censura presentada por el grupo con Ramón Tamames a la cabeza, el portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros afirmó desde la tribuna: “Sobra miopía y populismo localista. Cada año se vierten al mar, aproximadamente, 5.700 Hm3 de agua del Ebro. En el año 2018, el Ebro tiró al mar en 20 días el agua que España consume en todo un año. Estamos tirando al Atlántico más del doble del agua de la que estamos obligados a dejar pasar a Portugal por el Tratado de Albufeira”. Las derechas llaman desperdicio a que los ríos lleven agua hasta el mar, omitiendo la importancia crucial de que los cursos aporten líquido y sedimentos a la costa.
Vox entró con fuerza en algunos ayuntamientos de la Vega Baja alicantina en 2019: sacó concejales en tres de las cuatro localidades en las que se presentó: Orihuela, Torrevieja y Albatera. También aglutinó buenos resultados en zonas de regadío en Almería como El Ejido, Adra o Níjar.
Nadie renuncia a enarbolar la bandera del agua al aproximarse las votaciones.
Reveses judiciales
Por si fuera poco, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, barrunta incorporarse a la trifulca: la empresa pública madrileña Canal de Isabel II ha adjudicado un contrato a un bufete de abogados para estudiar el Plan Hidrológico del Tajo y, en su caso, llevarlo al Tribunal Constitucional, según contó El País. Ayuso llegó a decir hace un año que el proyecto “quiere reducir el agua de Madrid”.
Una vez que el Tribunal Supremo sentenció en 2019 que el Tajo no ha tenido caudales ecológicos como marca la ley, cada medida para acercarse a cumplir con esa obligación ha supuesto un recurso judicial para frenarlas. Cuando Transición Ecológica diseñó unas nuevas reglas de funcionamiento para el trasvase, tanto la Comunitat Valenciana como la Región de Murcia y el Scrats acudieron al Supremo. Los magistrados rechazaron sus argumentos.
La Región de Murcia incluso pidió a la Audiencia Nacional que aumentara el agua enviada en dos ocasiones concretas –los bombeos se autorizan mensualmente en virtud, grosso modo, de los volúmenes almacenados en la cabecera del Tajo–. También perdió en los tribunales.
En 2023, los recursos piden, directamente, que se anulen los caudales ecológicos planificados porque implicarán menos volumen para los regadíos del Levante.
“Es alucinante que hayan tomado esta línea de actuación después de todas las sentencias que han ido llegando. Lo veo como una estrategia del avestruz”, dice la investigadora y consultora en gobernanza del agua Nuria Hernández Mora. “Las reglas del juego con el agua han cambiado y parece que no quieren darse cuenta de que hay que hacer una transición. Me recuerda al proyecto de unión de estaciones de esquí en los Pirineos cuando toda la evidencia te dice que no vas a tener nieve”.
Y luego remata: “Es casi ridículo que se peleen por intentar que no se pase de 7 a 8 hectómetros cúbicos de caudal ecológico con las previsiones de cómo va a ser –de seco– el futuro”.
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