Primo de Rivera, víctimas sin nombre y el negocio de los monjes: lo que la salida de Franco deja pendiente en el Valle de los Caídos

El Tribunal Supremo ha avalado que el cuerpo del dictador Francisco Franco salga del Valle de los Caídos con destino el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. La decisión llega 44 años después de su muerte: una vez se cumpla, ¿qué? “Ahora empieza todo. Pero eso, solo empieza”, contesta Eduardo Ranz, abogado especialista en memoria histórica y también asesor del Ministerio de Justicia en el proceso de exhumación.

Quedan muchos debates abiertos acerca del Valle de los Caídos aun una vez sacado Franco. Uno de los más comentados es qué se puede hacer con este conjunto monumental para revertir su condición de lugar de peregrinación fascista, pero no es el único. También está pendiente dar “verdad, justicia y reparación a las familias de las víctimas que permanecen ahí”, como encomendó el relator especial de Naciones Unidas sobre memoria histórica, Fabián Salvioli, además de “juzgar y condenar a los responsables” de la dictadura.

Primo de Rivera sigue ahí

Cuando se concrete la salida del dictador de Cuelgamuros, en el mausoleo quedará el fundador de Falange: José Antonio Primo de Rivera. Fue juzgado por el Gobierno de la República por sublevación, fusilado el 20 de noviembre de 1936 y enterrado en una fosa común de Alicante; en 1939, exhumado y trasladado al Monasterio de El Escorial; y en 1959 fue el propio Franco el que le volvió a exhumar y enterrar en el Valle de los Caídos, justo un día antes de la inauguración.

Primo de Rivera no estaba mencionado en el Real Decreto Ley con el que el Gobierno anunciaba que sacaría a Franco de Valle. Franco y él están juntos: delante del altar de la basílica –incumpliendo el Derecho Canónico, que prohíbe la sepultura de personajes no religiosos en lugares de culto–. El Congreso había instado en 2017 al Gobierno –entonces del PP– a trasladar sus restos a un lugar “no preeminente”, algo que el PSOE reactivó julio de 2018.

“Él sí fue una víctima de la Guerra Civil. Está justificado que esté allí”, explicó Carmen Calvo sobre la decisión de mantenerlo ahí en agosto de 2018. Así lo recomendaba también el Comité de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos reunido durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que le da el estatus de víctima y que es la base de todo el proceso de exhumación de Franco. Sin embargo, buscarle un lugar menos destacado a Primo de Rivera es de momento apenas una intención: el PSOE no tiene un plan para hacerlo. La reforma de la Ley de Memoria Histórica que propuso Unidas Podemos la pasada legislatura sí contemplaba que ni Primo de Rivera ni Franco permanecieran en lugares de titularidad pública.

Las demás exhumaciones: 34.000 cuerpos

El mausoleo franquista acoge los restos, además de los del dictador, de 33.833 personas. Un tercio de ellas –más de 10.000– están enterradas sin nombre y sin el conocimiento de sus familias. “Por esto no se puede dar por cerrado el problema de Cuelgamuros. Es la mayor fosa común del mundo. Hay que garantizar a la gente que tiene familiares ahí que pueden recuperarlos y decidir qué hacer con ellos”, expresa Chato Galante, torturado por el régimen y miembro de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA).

“La vía judicial está ahí, pero no es toda la solución”, abunda el abogado Eduardo Ranz: “Hay que reconocer los derechos a través de un procedimiento tasado administrativo. Y que el grueso consista en ver si es viable la exhumación e identificación de qué víctimas, porque de muchas ya no lo será. Para esos casos, habrá que sentarse a hablar con las familias y pactar lo que moralmente sea solucionable para ellos, al margen de lo económico”. “Esto requiere voluntad, generosidad y, sobre todo, de sentido común democrático”.

Los hermanos Lapeña

Eduardo Ranz defiende además a la familia de los hermanos Lapeña, dos afiliados a la CNT represaliados que fueron enterrados en el Valle de los Caídos tras ser fusilados en Calatayud (Zaragoza). Se trata de un caso aparte dentro de las víctimas por ser, como él describe, “los únicos que han tenido justicia y no reparación. El juez ha permitido la exhumación pero no se ha realizado. ”Es una inmensa contradicción que debe solucionarse cuanto antes“.

Este mismo lunes, la familia reprochó a Patrimonio Nacional que esté bloqueando esa exhumación. En un escrito dirigido a la institución, los abogados de la familia han solicitado que se les entregue el informe técnico parcial del Instituto Eduardo Torroja del CSIC para conocer su contenido, después de saber que se han pedido más datos aclaratorios técnicos que podrían retrasarlas de nuevo. Fue hace más de tres años, en mayo de 2016, cuando un juez de San Lorenzo de El Escorial autorizó su desenterramiento. Pero este sigue paralizado a la espera de que Patrimonio dé el visto bueno a acceder a la cripta.

¿Cómo se resignifica?

Las opiniones sobre qué hacer con el Valle son variadas incluso entre expertos e historiadores. Se han propuesto muchas: desde demolerlo hasta convertirlo en un museo que explique lo que sucedió, pasando por abandonarlo y dejar que la naturaleza recupere su parte. Galante apunta otro vértice: “Habrá gente que se quede ahí. Tiene que ser también un cementerio en condiciones de dignidad”. Entre todo el debate, para él la vía sería un concurso internacional en el que se plantearan diversas opciones.

“Es un trabajo intelectual que puede llevar entre 6 y 8 años”, sigue Ranz, que en 2017 presentó una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso para convertirlo en un “lugar de memoria”. Se ha empezado por lo más visible y prioritario, dice: la exhumación del dictador. “Pero luego es importante acordar lo que supone resignificar: es una idea intelectual en la que ha de participar el mundo académico, político y civil”. Lo resume en que hace falta “que la democracia entre en el Valle. Estos 40 años la ha visto pasar de lejos”.

En conclusión, añade Chato Galante, lo de Franco “es un gesto, pero no completa la verdad, justicia y reparación que se ha de alcanzar. Y es consecuencia de que no haya una sentencia judicial firme condenando los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista, como se ha hecho en toda Europa, América Latina y África. Una vez que estableces esa condena a los crímenes –pendiente en España– hay que establecer las condiciones para reparar a las víctimas. Lo que se pueda, 80 años después”.

“En ningún otro país hay una posibilidad de que exista un monumento que haga apología del fascismo. Esto provoca que este gobierno pueda decidir lo que quiera, pero el siguiente otra cosa”.

Un negocio para la Iglesia

Según los últimos datos aportados por Patrimonio Nacional a eldiario.es, en septiembre de 2019 el Monumento había recibido 243.278 visitantes. Su pico no obstante estuvo en el verano de 2018, cuando el gobierno sacó su Real Decreto Ley: 60.024 personas acudieron aquel agosto. Eso se traduce en que en 2018 los monjes del Valle recaudaron 1,19 millones de euros, la mayor parte por la explotación de la hospedería, que pertenece al Estado. También 171.548,49 euros en donativos. Los monjes benedictinos del Valle de los Caídos llegaron allí por un decreto franquista de 1957, y así sigue, recuerda Galante, “porque este es también el más peculiar de los países no confesionales del mundo”.

Ranz es muy tajante: “Es un paraíso fiscal a 50 kilómetros de la capital de España, que se anuncia sin licencia de actividad y sin pagar IVA en portales como Booking o Tripadvisor. No puede ser. La resignificación tiene que incluir esto, tiene que ser en conjunto, no son capítulos aislados”. El Valle, construido por represaliados obligados a realizar trabajos forzosos, “fue encima restaurado, puesto a nombre de la Iglesia, y ahora nos cobran por entrar a los ciudadanos. Es un despropósito a nivel de Presupuestos Generales del Estado. Otro ejemplo de que esto no termina con Franco, queda mucho por hacer”.