Los equipos de rastreo advierten de un incremento en los contagiados y sospechosos que no respetan la cuarentena

Estas últimas semanas se ha trasladado el foco a la limitada capacidad de vigilancia epidemiológica de las comunidades autónomas. También a los insuficientes rastreadores contratados para hacer frente al ascenso de rebrotes –que no una segunda ola, según el ministro Salvador Illa y diferentes expertos– y a la lenta coordinación entre las regiones para supervisar el desplazamiento de los contagiados en verano, que corren el riesgo de llevarse el virus a cuestas y a espaldas de la comunidad receptora. No obstante, hay otro asunto que preocupa de forma generalizada a los equipos de rastreo y que puede echar por tierra el trabajo de semanas: la insumisión hacia el aislamiento domiciliario que solicitan a los casos positivos en COVID-19 y a sus contactos estrechos.

Fernando Simón alertó a este respecto el pasado lunes en su rueda de prensa: “No es lo mismo quien justifique el incumplimiento de la cuarentena por motivos laborales, por ejemplo, que quienes no lo hacen porque directamente no quieren”, dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Según el protocolo elaborado por el Ministerio de Sanidad, la mera sospecha de contagio es suficiente para poner en marcha el rastreo y, desde mediados de junio, también para hacer una PCR a los contactos identificados.

Estos contactos deberán cumplir una cuarentena aunque no sepan aún los resultados de sus pruebas. Es decir, no pueden salir del domicilio durante al menos diez días para evitar que expandan el virus, ya que muchos de los infectados son asintomáticos o pasan la enfermedad de una forma leve. Pero, ¿qué ocurre cuando no acatan las recomendaciones sanitarias? Algunos rastreadores, si bien de forma aislada, se han encontrado con este problema desde que comenzaron su labor en marzo, pero es algo que ha empeorado en las últimas semanas con las vacaciones de por medio, la incorporación a ciertos puestos de trabajo y la bajada de la media de edad de los contagiados y de sus círculos cercanos.

Ana Darias, subdirectora médica en la gerencia de Atención Primaria de Tenerife y responsable del equipo de gestión del coronavirus en la isla, asegura que “la mayoría” de contactos a los que identifican cumplen la cuarentena, pero percibe “un relajamiento” que no se daba al comienzo. “Nos preocupa, hemos encontrado casos de personas a las que informas de que tienen que estar diez días sin salir de casa y no están respetando el aislamiento”, reconoce. La coordinadora del grupo de profesionales que rastrea los positivos en Tenerife asocia esta dificultad “a una falsa seguridad” tras la reactivación de la vida económica y social.

En la isla, se hace una PCR a los contactos obligada por el protocolo de detección precoz a los siete días desde que son identificados, un tiempo en el que deben estar en casa antes de recibir los resultados. La supervisora explica que han detectado casos que habían estado en contacto con un contagiado, pero que no han respetado la cuarentena y han terminado ellos mismos dando positivo y expandiendo el virus. Darias lo identifica con trabajadores precarios, “que tienen miedo a ser despedidos” al ausentarse por la baja médica, pero también apunta a que muchos otros “son jóvenes”.

Sobre este segmento abundó Fernando Simón durante su intervención ante la prensa, advirtió de que “claramente han bajado la guardia”, e hizo un llamamiento a la responsabilidad individual de grupos “mucho más difíciles de controlar, más móviles, menos identificables y que aceptan peor las medidas de cuarentena y control”. Esto último lo pueden corroborar los mismos profesionales sanitarios que, en ocasiones, dicen sentirse no solo “detectives, sino también vigilantes jurados”.

“Lo normal es llamarles cuatro veces a lo largo de 14 días, pero en ocasiones no están en casa o te admiten que han ido de bares porque se encontraban bien”, describe Susana, que dejó hace unas semanas su labor de rastreadora en Guadalajara para trasladarse a Madrid, donde percibe la misma despreocupación. “Ya no estoy en el equipo de prevención, pero hace poco cité a una chica de 20 años para una PCR y no apareció”, se lamenta. “Me alucina la despreocupación entre los jóvenes”, especifica.

“Somos muy pesadas con las medidas de seguridad, pero los asintomáticos tienden a minimizar las advertencias”, asume la enfermera, en cuyo equipo llegó a cundir la frustración por ser constantemente desoídas. “No somos policías, pero a veces nos sentimos así, solo que con menos autoridad”. Por eso, algunas comunidades autónomas han empezado a sumar el apoyo de las fuerzas de seguridad a la labor de los equipos de vigilancia epidemiológica para, en caso extremo, imponer multas a quienes se salten el aislamiento domiciliario.

Multas al confinado insumiso en algunas comunidades autónomas

El primer territorio que anunció sanciones económicas por romper el confinamiento fue Murcia. La región, azotada por importantes brotes como el de Totana, Lorca o Mazarrón, multará hasta con 600.000 euros a quienes incumplan la medida cautelar de aislamiento aunque no hayan dado positivo en COVID-19, pero sean contactos directos de un enfermo confirmado. Esta falta es considerada “muy grave” por el gobierno murciano y por ello han establecido una línea de comunicación directa entre los inspectores de la Consejería de Sanidad y los agentes de la Policía y la Guardia Civil.

“Las comunidades que requieran un refuerzo por nuestra parte lo solicitarán al Ministerio del Interior y, una vez autorizado, nos desplazamos a donde precisen, como ha ocurrido en Totana”, explican fuentes de la Guardia Civil a elDiario.es.

“Si localizamos a personas que se están saltando el aislamiento domiciliario, lo ponemos en conocimiento de la autoridad competente, ya sea local o autonómica, y ella impondrá la sanción que corresponda”, informa el portavoz. No obstante, para él “lo complicado está siendo que la gente distinga entre las recomendaciones y las prohibiciones”, estas últimas aprobadas por las comunidades en decretos leyes con un régimen sancionador que suele coincidir con el de la Ley de Salud Pública.

Así lo ha establecido la Junta de Andalucía para zonas como Córdoba, donde 1.700 personas tienen la obligación de mantener “un aislamiento el tiempo indicado, independientemente del resultado de la prueba”, según aseguró el pasado domingo la Delegación de Salud y Familias. Por su parte, la Comunitat Valenciana solo multaría “a las personas que hayan dado positivo en COVID-19” y se salten el confinamiento decretado.

Aunque no esté recogido en un decreto ley, a veces los rastreadores pueden ponerse en contacto con los cuerpos de seguridad si ven que alguien expone la salud pública a pesar de sus indicaciones. “Si, por ejemplo, tenemos un caso positivo que no conseguimos localizar, que no nos quiere dar los contactos o que sabemos que está en la calle y que no quiere ir a casa, podemos llamar a la Ertzaintza”, cuenta Almudena (nombre ficticio), enfermera de vigilancia epidemiológica de Vizcaya. “Pero para eso es obligatorio que sea positivo”.

Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, no se plantean multar a las personas que se nieguen a realizarse un test PCR o a aislarse en caso de dar positivo por COVID-19, sino que, según fuentes de la Consejería de Sanidad, se recurre a al Juzgado de Guardia correspondiente en cada provincia para que emita una orden judicial. “Así ocurrió con un vecino de Lanzarote, que regresó sin permiso a la isla tras dar positivo en Ciudad Real y fue retenido en el aeropuerto para confinarle”, recuerdan. También se procedió así en La Solana (Ciudad Real), donde un juez ordenó el aislamiento de dos mujeres, una confirmada como caso positivo y otra que se negó a hacerse las pruebas.

Al final, “cuando decae el estado de alarma, el aislamiento depende de la buena voluntad de las personas. Normalmente no suelen negarse, pero si hay algún caso, se llevaría a los juzgados para que interviniesen. La libertad de movimientos es un derecho fundamental”, explican fuentes de la Consejería de Sanidad canaria. A las rastreadoras, como Almudena, lo único que les queda para que los contactos sigan sus indicaciones es “el poder de persuasión”. Un añadido de frustración, cuando creen que es “una medida razonable y de la que no tendríamos que estar convenciendo a nadie”.