El ajuste de cuentas de la democracia con el franquismo: 21.750 millones para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

La represión sobre los perdedores de la Guerra Civil se prolongó a lo largo de los 40 años que duró la dictadura. En 1979 comienza un proceso de reparación económica que el movimiento memorialista y algunos partidos políticos no consideran zanjado en absoluto. El Gobierno, según un estudio interno al que ha tenido acceso elDiario.es, reconoce que 21.749 millones de euros (hasta diciembre de 2020) es el total de lo que la Administración General del Estado ha dedicado a reparaciones económicas a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Es la cantidad más alta que se ha gastado nunca el Estado en indemnizar a víctimas, seguida muy de lejos por las afectadas por el aceite de colza.

Esta cantidad incluye las reparaciones en forma de pensiones a militares, combatientes, mutilados, así como sus familiares en caso de fallecimiento y los asesinados y desaparecidos; estos son 547.670 beneficiarios y un importe de 21.349 millones de euros, estando el grueso de la reparación en los militares no profesionales. Por otro lado, se recogen también las reparaciones a las personas que sufrieron prisión, tanto en la compensación de aportaciones a la Seguridad Social como en indemnizaciones; esto ha afectado a 60.683 personas, con un importe de 397 millones de euros. Por último, se recogen también las 49 indemnizaciones a los herederos de personas que dieron la vida en defensa de la democracia entre 1968 y 1977 cuyos expedientes fueron aceptados de entre los 190 que se presentaron; esto supuso 2,8 millones de euros.

Lo que no recogen estos datos son las indemnizaciones por las incautaciones a los partidos políticos (6,7 millones de euros vía Consejo de Ministros y 21,2 millones de euros por la vía judicial) y sindicatos (como los 25 millones de euros con los que fue compensada la UGT por la pérdida de 492 inmuebles o el 1,5 millones de la CNT por 38) ni las que, por su parte, efectuaron las comunidades autónomas.

Paso a paso de la reparación 

La historia de la reparación económica a las víctimas arranca durante la Transición con la regulación de las pensiones. En 1977, la Ley de Amnistía le reconoce a los funcionarios civiles, docentes y de la administración de Justicia que hubieran sido sancionados o expulsados de la función pública la antigüedad que les hubiera correspondido, pero no el percibo de haberes por el tiempo en el que no les permitieron trabajar. Lo solicitaron 64.500 personas pero se desconoce cuánto dinero supuso para el Estado.

El siguiente paso se da en marzo de 1978, con la regularización de los militares fieles a la República que hubieran participado en la Guerra Civil, que a partir de entonces podrían contar para su jubilación los años anteriores a la sublevación. 64.152 familiares y supervivientes se beneficiaron de estas mejoras, en las que se gastaron 3.501 millones de euros.

En noviembre se aprobaron las pensiones a los familiares de los fallecidos republicanos a consecuencia de la guerra, pues los del bando vencedor ya las habían recibido. El lenguaje del decreto ley no era este, sino el de “la superación de las diferencias que dividieron a los españoles durante la pasada contienda cualquiera que fuera el ejército en que lucharon”. Bajo esta circunstancia, se reconocieron 112.983 beneficiarios, a los que fueron a parar 3.985 millones de euros. La condición para recibir esta pensión era que el familiar directo del militar o miliciano hubiese muerto en acción bélica, a causa de las heridas o en ejecuciones inmediatas tras la contienda.

Poco antes de acabar aquel 1978, se reconocieron los derechos de los mutilados. Fueron 55.231 los que habían sufrido amputaciones combatiendo y que solicitaron pensiones. Cuatro años después se reconoció a los mutilados civiles (59.266) que también pudieran solicitar esta pensión. Además se reconoció el derecho a los familiares de los fallecidos a recibir pensión, que entre combatientes y civiles sumaron 44.250. El importe para este grupo, en total, ha sido de 3.982 millones de euros.

Casi un año después, en septiembre de 1979, llegó el momento para las viudas (o, en su ausencia, los hijos incapacitados, las hijas solteras o viudas y los padres de los asesinados). Se los protegía mediante pensiones y una asistencia médica-farmacéutica en caso de enfermedad o accidente. Desde ese momento hasta hoy, el Estado ha gastado 3.985 millones de euros en pensiones, que han beneficiado a 112.983 personas. A diferencia de las reparaciones anteriores, que se marcaron a golpe de decreto-ley, esta se debatió como ley en el parlamento. Se planteó como “una equiparación total de derechos entre las viudas de las víctimas de la guerra en las dos zonas”, según dijo en el Congreso Julio Busquets Bragulat, diputado del Partido de los Socialistas de Catalunya, durante el pleno de votación. Insistió: “Ya no hay discriminación alguna, sino que hay un tema acabado, totalmente concluido”. Y acabó su intervención en alto: “Se les concede exactamente los mismos derechos que a las del bando vencedor, y para ellas hoy definitivamente la guerra ha terminado”. 

A día de hoy, 42 años después, no todo el mundo ve este tema como “acabado” y “totalmente concluido”. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica recuerda que las viudas del 36, como su abuela, pasaron más de cuatro décadas sin tener derecho a nada. “Una pensión de viudedad no es una reparación”, dice Silva, “se les ha dado unas pensiones que les correspondían pero les habían negado”. “Considerar esto como una indemnización es un truco y un insulto”, añade.

A partir de ese momento se tuvieron que ir poniendo parches para proteger a los que se habían quedado fuera, como los mutilados civiles y las prestaciones y equiparamiento para cuerpos republicanos como los Carabineros y las Fuerzas de Orden Público, lo cual sucedió en 1984, deteniéndose ahí el proceso de reparación, que sería retomado en el año 2005.

A mitad de la primer década del siglo XXI se acordó una prestación para los españoles desplazados al extranjero siendo menores de edad y que pasaron la mayor parte de su vida como expatriados. Son los conocidos como niños de la guerra. Esta información, que depende del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, está incompleta y el Ministerio de Presidencia solo le consta el dato de los 878 beneficiarios del año 2020. Lo que sí se conoce es que se les ha destinado 124 millones de euros. Uno de los condicionantes para convertirse en beneficiario es tener muy bajos ingresos. “Son unas ayudas para los que les va mal en la vida”, indica Daniel Vallès, profesor de Historia del Derecho y Justicia Transicional en la Universitat Autònoma de Barcelona. “Esta norma no repara el exilio como daño derivado de la Guerra Civil sino que ayuda a los españoles en el extranjero. Si no se repara convenientemente el exilio, pareciera que este fue una decisión que tomó la gente porque quería hacerlo”, añade. La pérdida patrimonial de todo lo que tuvieron que dejar atrás los que huyeron del país no ha sido reparada.

Cómo se compensa la privación de libertad

Los presos —junto a los defensores de la democracia— es el único colectivo que ha recibido indemnizaciones directas, más allá de las pensiones. De todas las personas que pasaron por la cárcel —con el condicionante de que fueran más de tres años— solo han recibido indemnizaciones 60.683. Esto ha supuesto un montante de 397,3 millones de euros. A partir del año 2009 se acordó unas indemnizaciones específicas para las personas encarceladas por su homosexualidad: son solo 116.

Para Vallès, autor del libro Las reparaciones económicas por los daños derivados de la Guerra Civil española y el franquismo, el problema de estas tablas y sus impresionantes cantidades de millones de euros es que “visibiliza el dinero pero invisibiliza a todos los que no han sido reparados”, como es el caso de las mujeres humilladas, violadas, violentadas, forzadas a dejar de trabajar o represaliadas de alguna otra maner, así como los ciudadanos particulares cuyos bienes —incautados, ocupados o sencillamente robados— no han sido restituidos, desde los que perdieron sus pisos o sus terrenos hasta los que entregaron dinero de la República a cambio de un papel que no valía nada. Tampoco se ha hecho una reparación con la etnia gitana, a la que se humilló y criminalizó incluso con leyes específicas.

Para compensar las carencias de las leyes nacionales, las autonomías han completado algunas lagunas con herramientas de reparación. Unas regulaciones que para Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, “ha dado lugar a cierta desigualdad y a situaciones injusticias, donde uno podía ser compensado en un sitio sí y en otro no”, dice. Ejemplo de ello es que Andalucía es la única comunidad con una medida de género: las mujeres andaluzas que, entre 1936 y 1950, fueran víctimas de hechos que vulneraran su intimidad, honor y la propia imagen, como el rapado o la ingesta de aceite de ricino y la posterior exposición a la vergüenza pública, tienen derecho a una indemnización de 1.800 euros en un pago único. “Solo lo pidieron medio centenar de mujeres porque hay un tema de revictimización, de unas abuelas que no querían que sus nietos las visibilizaran como represaliadas”, indica Vallès.

La revictimización también explica que solo 116 personas de las que han pasado por prisión en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes y la de Peligrosidad y Rehabilitación Social hayan recibido unas indemnizaciones a partir de 4.000 euros (dependiendo del tiempo de cárcel). “Muy pocos”, dice Vallès. “La cifra parece que sugiere que tampoco fue tanta la represión pero es que la persona es la que tiene que decir que es homosexual y probar que fue encerrado en una prisión, sin que cuenten las comisarías, donde podían pasar un mes, como la de Via Laietana en Barcelona, famosa por sus torturas”, explica. “Hubiera sido más sencillo hacer un vaciado de los archivos y que la administración pública sea proactiva, busque a las víctimas y las repare”, añade. No solo hay que dar el paso, hay que conseguir encontrar la información en unos archivos que no están digitalizados, que no son fácilmente accesibles, que duermen en cajas de sótanos que llevan años sin ser abiertas.

A Carles Vallejo, presidente de la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, esos 116 también le parecen “poquísimos”. Él mismo estuvo en prisión y se atreve a decir que 116 es quizá solo el 0,5% del total. “En mi galería había al menos 20 o 30”, recuerda. “Aparte de que no quedan muchos vivos, muchos no reclamaron por miedo. Los que quedan, mayores, lo han vivido desde la humillación social y el silencio. Es miserable que solo se haya reclamado esta cantidad de los cientos de miles que hubo”, dice.

Su asociación ayudó a tramitar las indemnizaciones de los presos catalanes. Recuerda que la Generalitat calculaba que llegarían unas siete u ocho mil solicitudes, “pero se quedaron cortos y les llegó un aluvión, recibieron más de 30.000 solicitudes”. Finalmente tramitaron más de 8.500 expedientes, que les sirvió para crear una base de datos documental de ex-presos. De nuevo, los condicionantes de siempre funcionaron como barrera: el paso del tiempo, la revictimización, la falta de prueba documental, el mínimo de tres años de prisión. “60.000 presos indemnizados es una cantidad absurda, con todos los que había. La mayoría habían pasado por Consejos de Guerra y no se podía acceder a sus expedientes o la gestión era difícil y requería estar en buenas condiciones, pero era gente ya mayor. Muchos lo dejaron correr porque no quisieron o porque no disponían de ayuda”, explica Vallejo. Para empeorar la situación, algunos tuvieron problemas de fiscalidad porque descubrieron, tarde, que las indemnizaciones no estaban exentas de tributación. Carles Vallejo y Emilio Silva coinciden en una interpretación muy concreta: “si no facilitas las cosas, si no estás en actitud proactiva, las dificultades burocráticas te sirven para ir filtrando”, dice Carles. “Te vas ahorrando dinero”, añade Emilio.

Vallejo fue sindicalista en la SEAT. En 1974 fue detenido por organizar allí una representación de Comisiones Obreras. “La policía nos incautó un millón de pesetas de la caja de resistencia en solidaridad con los detenidos. ¿Dónde está el acta de aquella incautación, quién se quedó con ese dinero, dónde hay que reclamarlo?”, se pregunta. Ese dinero, las multas que se les impusieron, los miles de pesetas gastados en pagar la libertad provisional por unas detenciones que ahora se consideran ilegítimas es un daño económico que el Estado no contempla en reparar, tampoco en el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática.

“Es una manera de cerrar en falso. Nunca nada reparará la pérdida de libertad pero lo económico es una manera de hacer justicia”, indica Carles. Daniel Vallès añade: “Son escasas, están mal diseñadas, son parciales, no se ocupan de todas las víctimas pero sí son reparaciones, aunque sean ridículas, cuatro duros, poco dinero, pero mi abuelo recibió una y sintió que estaba siendo reparado”.