La “alarmante” bajada de nivel del agua en l'Albufera ilustra cómo los humedales padecen la expansión agrícola
La Fiscalía en Valencia ha tenido que tomar cartas en el asunto: el nivel del lago en l'Albufera de Valencia es intolerablemente bajo. L'Albufera es un humedal con alta protección ambiental, pero el organismo que gestiona ese nivel es una Junta de Desagüe que actúa en función del interés de los regantes de los campos de arroz. La extracción, la intercepción, el desvío y la contaminación del agua consecuencia, especialmente, de la expansión agrícola amenazan los humedales en general y los españoles en particular, según la Convención Internacional Ramsar.
Desde 1970, casi la mitad de los humedales naturales de toda la zona mediterránea han desaparecido, según el Observatorio de Humedales Mediterráneos. Han padecido la falta de agua ya sea por afección directa o sobrexplotación de acuíferos, las infraestructuras y los vertidos... En Valencia, el nivel de agua de l'Albufera lo maneja esta Junta de Desagüe aunque las competencias de gestión de este parque natural son de la Generalitat.
¿Es un organismo ambiental? No. Se trata de un ente creado en 1926 que reúne a comunidades de regantes presididas por el Ayuntamiento de Valencia. “Ha habido una dejación de funciones de los responsables de la gobernanza porque, con la cantidad de agua disponible, no se justifica un nivel tan bajo si no es para beneficiar la prácticas agrícolas”, explica Mario Giménez delegado de SEO Birdlife en Valencia. Se refiere a que la junta abre o cierra las compuertas que comunican el lago con el mar en función del nivel que desean para los arrozales. Los fiscales entienden que han incumplido las directrices marcadas por la Generalitat para salvaguardar el ecosistema con “grave daño a la sostenibilidad ambiental”.
El caso valenciano ilustra un patrón de uso de los recursos que se extiende por la red de humedales de mayor importancia en España, los que están inscritos en la lista Ramsar. Situaciones que han sido certificadas en áreas con el máximo blindaje legal como Doñana o las Tablas de Daimiel. Seo-Birdlife calcula que, con los datos de seguimiento en la mano, un tercio de estos ecosistemas padecen estas prácticas: 20 de 61. Casi la mitad de toda la red soporta la contaminación difusa de sus aguas propia de las actividades agrícolas intensivas: abonos, herbicidas o residuos ganaderos disueltos en las corrientes de agua.
El choque entre ecosistemas y actividad agroindustrial se repite. En un humedal clave a nivel mundial como es el Parque Nacional de Doñana, la captación de agua subterránea ha hecho que el Ministerio de Transición Ecológica declare el acuífero como sobreexplotado.
El Tribunal de Justicia Europeo estudia el caso por la denuncia de la Comisión tras una década de expolio denunciado. Cientos de pozos ilegales pinchan el depósito para alimentar los cultivos intensivos de fresas o arándanos. El conflicto no ha amainado. El viernes pasado, el PP de Huelva se reunió con los regantes arengándoles para “partirse la cara” ante la clausura de perforaciones sin permiso. El vicepresidente provincial del partido, Alberto Fernández, decía: “No hay cosa que le joda más a un político que en la calle le peguen cuatro gritos y así tenéis que seguir que lo estáis haciendo de puta madre”. La Plataforma de Regantes de El Condado defiende que “el cierre de los pozos se hará en cuanto llegue el agua superficial [mediante trasvase] para seguir garantizando la convivencia de la agricultura con Doñana”.
Una situación similar se arrastra en otro parque nacional, el de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), cuyo acuífero lleva décadas en situación de sobrexplotación por la presión de los cultivos que lo circundan. También en Andalucía, en la Albufera de Adra (Almería) su plan de ordenación incluye como medida fundamental “frenar los principales impactos derivados de la presión agrícola”. En esta reserva, la agricultura intensiva bajo plástico ocupa el 75% de su zona periférica de protección. En Zamora, las lagunas de Villafáfila tienen descrita en su ficha de espacio de la Red Natura 2000 como una sus amenazas ambientales “la intensificación agrícola”.
Entre los entornos con problemas hídricos, según el análisis de SEO, están también la laguna Fuente de Piedra (Málaga), la reserva natural Laguna Honda (Jaén), las lagunas de Campotejar (Región de Murcia), el complejo endorreico de Puerto Real (Cadiz) o la laguna de Manjavacas (Cuenca).
Abonos y purines
Otra vía de degradación probada es la contaminación del elemento idiosincrásico de los humedales: el agua. El arrastre de productos químicos aplicados en los cultivos diluidos en las aguas de riego han provocado procesos nefastos en la calidad del medio como en el Mar Menor de la Región de Murcia. El plan especial para intentar revertir lo que el Ministerio de Transición Ecológico denominó “crisis” supone una inversión de, entre, 430 y 615 millones de euros en 10 años.
El Mar Menor es víctima de un modelo agrario que ha vertido constantemente los restos fitosanitarios a los flujos de agua que alimentan este ecosistema. El documento ministerial aboga por una reestructuración profunda del sector o, si no, “el empeoramiento será drástico”. Un poco más al norte, en Aragón, los residuos de la industria intensiva del porcino envía tóxicos por la red fluvial y las filtraciones que afectan, por ejemplo, al humedal salino más importante de Europa: la laguna de Gallocanta, famosa por ser el refugio invernal de miles de grullas que vuelan desde África.
Los humedales son una herramienta natural de freno a la crisis climática. No todos están incluidos en la lista Ramsar de importancia internacional, pero cumplen su función ecosistémica. Los responsables de esta convención insisten en que su conservación pasa por “el uso racional” de sus recursos. El reconocimiento legal de un espacio protegido no garantiza su conservación. “La eficacia está estrechamente vinculada con la planificación del manejo”, subrayan. Y apuntan a la “mejora y actualización de los inventarios nacionales de zonas húmedas” como instrumento que permite a los Estados “disponer de la información necesaria” para la “conservación y el uso racional”. España lleva 15 años de retraso en la elaboración de este inventario consignado por la ley desde 2004.
