Las alianzas de PP y Vox reabren la puerta a la gestión privada de la sanidad pública

Las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo han redibujado el mapa político español. La conformación de los Ejecutivos de la Comunitat Valenciana, Extremadura y Aragón han supuesto el abrazo definitivo entre el Partido Popular y la extrema derecha de Vox y sus primeros pasos comienzan a dar pistas del camino que llevará la gestión de la sanidad pública. Nombramientos, acciones, acuerdos y declaraciones apuntan en una misma dirección: apertura a la gestión privada.

El caso más paradigmático es el valenciano. La Comunitat fue una de las primeras en ceder la gestión de la sanidad pública a empresas privadas ya en la época de Eduardo Zaplana como presidente autonómico. El primero fue el hospital de Alzira, pero después fueron cayendo en esas redes todo el departamento de salud de La Ribera y las áreas de Dénia, Elche, Torrevieja y Manises, con concesiones por 15 años. El nuevo president del PP, Carlos Mazón, ha nombrado conseller de Sanidad a Marciano Gómez, considerado artífice de aquel modelo y relacionado con el caso Osvaldos, que investiga el supuesto saqueo de la familia Blasco a la sanidad pública. Dos consultoras de Gómez habrían pagado “sin justificación”, según el auto de procesamiento del juez instructor de la causa, a esa trama presuntamente corrupta.

En los años 2018 y 2021, cuando finalizaron las concesiones puestas en marcha por Zaplana, para quien Anticorrupción pide 19 años de cárcel por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa, el Govern progresista del Pacto del Botànic revertió las privatizaciones de los hospitales de Alzira y Torrevieja. En el caso de Alzira, la Administración llegó a tener que rescatar la concesión y volver a sacarla a concurso con unas condiciones más ventajosas. Ahora, Vox presiona al PP para que vuelva a sacar a concurso esos centros hospitalarios, a través de mociones en varios municipios.

Presentado por Mazón como el “impulsor en la gestión sanitaria para la implantación de la colaboración público-privada de la eficiencia en la salud pública” tanto “en el ámbito de la atención primaria como de la hospitalaria vigentes en la actualidad”, no parece que Gómez vaya a renunciar a su propio modelo. Aunque ha asegurado que “será necesario reinventar” el mapa sanitario para “hacer más eficiente el sistema”, ha dejado la puerta abierta a prorrogar, año a año y previa evaluación, las privatizaciones sanitarias que la izquierda había empezado a revertir. Según la propia Conselleria, las empresas que gestionan los hospitales privatizados de la Comunitat deben a las arcas públicas 641 millones de euros en concepto de liquidación. Esto es, la diferencia entre lo recibido y el coste real de los servicios prestados.

Altos cargos provenientes de la privada

En Extremadura, el pacto entre el Partido Popular y Vox se compromete a avanzar “en una sanidad pública de calidad”. No hay mención a la forma de gestión, ni qué fondos se dedicarán a ese avance.

En un momento en el que los seguros privados crecen un 4% al año desde 2017, lo que sí ha desvelado ya la presidenta autonómica María Guardiola (PP) es el organigrama de su Ejecutivo. El nuevo responsable del Servicio Extremeño de Salud es Jesús Viles Piris, que desembarca en la administración pública tras dos décadas en el sector asegurador. Hasta ahora, era director médico de SegurCaixa Adeslas. Para la dirección del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personas y Atención a la Dependencia, la popular ha echado mano de Estrella Ángeles Martínez, hasta ahora al frente de la residencia DomusVi, una de las mayores cadenas del sector en España, en Badajoz.

Los nombramientos han despertado las críticas de la oposición, que han puesto en tela de juicio la idoneidad y compatibilidad de los nuevos cargos. En concreto, el exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, ha cargado contra la decisión de Guardiola de impedir que los altos cargos comparezcan en la Asamblea extremeña. “No era por la agilidad, esas comparecencias servían para transparencia, pero también para conocer la idoneidad y la compatibilidad”, escribió el diputado en su cuenta de Twitter.

En Aragón, donde el PP ha entregado a Vox una vicepresidencia y dos consejerías para poder gobernar, los compromisos sobre sanidad pasan por revisar el sistema de retribución del personal sanitario, poner en marcha un plan de choque para geriatría, agilizar las infraestructuras sanitarias y realizar una auditoría de la capacidad operativa real de los hospitales “para responder a la demanda de intervenciones quirúrgicas y ejecutar un Plan de Mejora de las Listas de Espera Quirúrgicas”. Ese plan incluirá, señala el texto, la promoción de la colaboración público-privada.

Durante su discurso en la sesión de investidura, Jorge Azcón (PP) ha insistido en la misma idea: “Al mismo tiempo que vamos a mejorar los recursos públicos, también vamos a mejorar la cobertura sanitaria impulsando decididamente la colaboración público-privada”, leyó. Un compromiso que asumía a la vez que aseguraba que rebajaría los impuestos con los que se financia la sanidad pública.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Aragón se ha mostrado en contra del acuerdo, del que también forma parte el Partido Aragonés (PAR), al considerar que “no se recupera la sanidad pública derivando parte de su presupuesto a la sanidad privada”. “Las listas de espera no pueden ser una excusa para pasar a sus negocios-empresas sanitarias las listas quirúrgicas, de pruebas diagnósticas o consultas. Tampoco fomentando, a su vez, seguros privados que dividen a la población entre los que pueden pagarlos y los que no”, han aseverado.

Una “privatización encubierta” en Cantabria

En Cantabria, con Vox fuera de la ecuación para formar gobierno, ante el apoyo del PCR a los populares, la recién investida presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha confiado la Consejería de Salud a César Pascual. El gurú sanitario del PP cántabro que ya fue alto cargo del Servicio Madrileño de Salud con Cristina Cifuentes (PP) y tuvo que enfrentarse a una imputación por prevaricación en una adjudicación a Ferrovial, de la que salió liberado.

La constructora tiene en nómina a dos hijos del nuevo consejero. La primera contratación se produjo en 2013, cuando era gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y adjudicó al grupo un contrato multimillonario para la gestión no sanitaria del centro, marcado por sobrecostes, deficiencias y lo que oposición y sindicatos vino a llamar “privatización encubierta”. La consejera de sanidad cántabra era entonces la propia Sáenz de Buruaga. El hijo de Pascual se incorporó a la compañía en 2018. “Como la mitad de su promoción”, aseguró su padre.

En La Rioja, donde el PP consiguió mayoría absoluta en mayo, la izquierda gobernó durante la legislatura anterior, tras 24 años de Ejecutivos conservadores, que habían ido incrementando el porcentaje de dinero público para sanidad destinado a conciertos. En 2019, cuando la socialista Concepción Andreu llegó al poder, con Podemos-Equo e Izquierda Unida, la comunidad venía de una tasa del 7,7%, según datos de la Fundación IDIS, que aglutina el sector privado. Durante los siguientes cuatro años, la coalición revirtió algunas de las muchas prestaciones y servicios, sanitarios y no sanitarios, derivadas al sector privado en los años anteriores y consiguió reducir ese porcentaje hasta el 5,6% en 2021.

El actual presidente riojano, Gonzalo Capellán, se ha comprometido ha “recuperar la buena gestión en un sistema sanitario que hace aguas”. Ha nombrado consejera a a María Martín, quien ya había ocupado ese puesto entre 2015 y 2019. Esta se ha reunido con los responsables de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en la región. Tras el encuentro, se ha producido una serie de reproches. Desde la organización consideran que el nuevo Ejecutivo está “utilizando como disculpa las listas de espera” para “llevar al ámbito privado distintos servicios sanitarios”. Mientras, el PP de La Rioja publicó un comunicado en el que afirmaban que “a diferencia de los portavoces de esta Plataforma”, para ellos “lo más importante” es “la salud de los riojanos”.

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