La profesora que confesó que el acta de Cifuentes era falsa obtuvo su plaza en un tribunal de amigos
Una maraña de relaciones universitarias cruzadas durante años ha sido el caldo de cultivo en el que terminó por germinar un título de máster como el de Cristina Cifuentes y la bola de mentiras que se han descubierto alrededor de este curso.
El tribunal que dio la plaza de profesora titular a Alicia López de los Mozos, la docente que hizo estallar la coartada del acta de trabajo fin de máster de Cifuentes al reconocer que ni había firmado el documento ni participado en ningún acto de defensa de su TFM, estuvo presidido por su mentor, Enrique Álvarez Conde, la pareja del catedrático, Rosario Tur y, la recientemente dimitida, profesora Laura Nuño. Todos: aspirante y evaluadores eran ya miembros del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Comparten allí grupos de investigación y publicaciones. Una combinación que deja muy lejos el principio de “imparcialidad” que piden las normas de la universidad para estos tribunales.
La fotografía de felicitación publicada el 21 de diciembre de 2017 por el IDP el día en que López de los Mozos superó la prueba es muy significativa: allí está Álvarez Conde quien ha llamado a la profesora una de sus “discípulas”. Ahora López de los Mozos ha declarado que el catedrático la coaccionó para falsificar el acta. También se distingue a su pareja Rosario Tur, la catedrática de la Universidad Miguel Hernández de Elche en cuyo tribunal estuvo Álvarez Conde. En un extremo se ve a Laura Nuño quien dejó la subdirección del IDP hace una semana por “crisis de confianza”.
Álvarez Conde, Tur, Lopez de los Mozos, Nuño. Estos nombres se entretejen en artículos, publicaciones y grupos de investigación donde comparten puestos de coordinación, firmas y proyectos desde hace muchos años.
Revistas, libros, proyectos comunes
Álvarez Conde, Tur y López de los Mozos coinciden en el grupo de investigación del Instituto de Derecho Público centrado en la reforma constitucional y estatutaria y en el que también está la catedrática de Salamanca Ángela Figueruelo. Junto a estos docentes trabajan Cecilia Rosado y Clara Souto, dos de las profesionales cuyas firmas aparecieron en el acta fabricada de presentación del trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes.
López de los Mozos y Tur vuelven a coincidir en el proyecto del IDP centrado en la inmigración. Y el tándem López de los Mozos y Álvarez Conde comparte investigación junto a Nuño en un equipo de trabajo centrado en el derecho a la educación, según informa la web del instituto.
Más aún. Álvarez Conde es el codirector (junto a Tur) de la Revista Europea de Derechos Fundamentales del Instituto cuya subdirectora es López de los Mozos. Además, si se revisa la lista de publicaciones del organismo la relación se estrecha: el catedrático y la profesora López de los Mozos son los directores del volumen Estudios sobre la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general editado en 2011. En el libro El privilegio jurisdiccional de las normas fiscales vascas (2010), Álvarez Conde figura como director y López de los Mozos como coordinadora.
“Imparcialidad objetiva”
Aunque fuentes jurídicas cuentan a eldiario.es que “hay criterios de jurisprudencia que dicen que no es invalidante que el maestro o director de tesis esté en el tribunal del discípulo”, la composición del tribunal de López de los Mozos añade más elementos poco objetivos: “Hay otros dos miembros que tienen relación con la interesada que pueden suscitar dudas”. Tres evaluadores pueden quebrar el “principio de imparcialidad objetiva establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que debe preservarse la confianza del público y si puede verse menoscaba, no intervenir”.
Ejemplos hay. Hace poco más de dos años, en enero de 2016, La Universidad del País Vasco dictó una resolución para que dos profesores se abstuvieran de un tribunal como el de López de los Mozos por haber dirigido la tesis y participar en “todas las publicaciones científicas de una de las candidatas” al puesto de profesor. Fueron ellos mismos los que solicitaron que se formara una comisión evaluadora diferente. Esta universidad les dio la razón al considerar que este supuesto suponía una “relevancia de la colaboración”.
El plano general de esta fotografía guarda algunos detalles destacables: en el tribunal participaron la catedrática de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo y el profesor de la Universidad de Valladolid, Alfredo Allué Buiza.
Ambos nombres estaban en las actas falsificadas de validación de las convalidaciones múltiples utilizadas para algunos miembros de la promoción de Cristina Cifuentes (ella incluida). Los dos denunciaron que no firmaron nada y que habían falsificado sus rúbricas. Tampoco eran conscientes de estar en la comisión de calidad del máster que hizo las validaciones, declararon. Ninguno ha contestado sobre la cuestión del tribunal de López de los Mozos. La Universidad Rey Juan Carlos tampoco.
