El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha considerado “improbable” que el Gobierno de España recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley vasca de Adicciones, aunque aún no ha concluido el análisis completo de esta norma.
La semana pasada el propio Alonso desveló que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estudiaba la posibilidad de interponer un recurso contra esta ley, pero hoy ha aclarado que es “improbable” que esto ocurra.
Cuando la semana pasada trascendió ese posible recurso el Gobierno Vasco mostró “inquietud” y apuntó que, de confirmarse, se trataría de la “traca final de una legislatura marcada por la recentralización”.
Hoy Alonso ha recordado que a lo largo de esta legislatura el Gobierno central solo ha recurrido 3 leyes vascas, frente a los 23 conflictos de competencia interpuestos por el Ejecutivo vasco, de los cuales 12 se han saldado con acuerdos en la comisión bilateral, en 2 el Constitucional ha dado la razón a Euskadi y el resto están pendientes de resolución.
Por tanto, “no parece que el nivel del conflicto sea demasiado elevado”, ha argumentado Alonso, quien ha subrayado que el Gobierno del PP solo ha recurrido una ley impulsada por el Ejecutivo de Urkullu, ya que las otras dos normas vascas recurridas fueron una iniciativa del PSE (Ley de vivienda) y una Iniciativa Legislativa Popular (Fracking).
El líder del PP de Euskadi ha querido además destacar los acuerdos logrados entre los dos gobiernos durante estos años, como el cerrado sobre el Concierto Económico, que permitió a Euskadi recaudar cinco nuevos impuestos, y el alcanzado en la reforma de la administración local, al incluirse una cláusula de “respeto” a la singularidad foral vasca.
“A la luz de estos datos no puede decirse que se trata de una relación basada en el conflicto”, ha afirmado Alonso en la rueda de prensa que ha ofrecido tras reunirse en Vitoria con el lehendakari, Iñigo Urkullu.