De la ambulancia de la diputada de Vox a pequeños fetos de juguete: así es el acoso ultracatólico en las clínicas de abortos

“Yo he estado haciendo ecografías a esas mujeres” y “la mayoría, cuando han oído el latido del corazón de su hijo, ha decidido seguir adelante con su embarazo”. La diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Gádor Joya, se expresaba así el pasado 5 de noviembre en la Comisión de Sanidad, tal y como ha adelantado la Cadena Ser. Se refería a la actividad que durante años ha estado desarrollando una ambulancia que se dedicaba a hacer ecografías a las puertas de la clínica de abortos Dator (Madrid), con el objetivo de que las mujeres que ya habían tomado la decisión no interrumpieran voluntariamente su embarazo.

Esta furgoneta dotada con un ecógrafo pertenece a Derecho a Vivir, la plataforma antiaborto fundada en 2008 por HazteOír y de la que Joya fue portavoz. El proyecto, que ha denominado “Ambulancia Vida”, surgió en 2016 y, desde entonces, casi todos los sábados ha estado acudiendo al centro médico. Según confirman fuentes de Dator, al menos desde que la actual parlamentaria tomó el acta de diputada, no ha vuelto a aparecer. Sin embargo, Derecho a Vivir ha anunciado que acudirá este sábado “a mostrar en qué consiste” el proyecto.

No es el único episodio antiaborto que el centro médico madrileño ha tenido que vivir en los últimos años. Y es que la ambulancia es una pieza más de una misma realidad: la del acoso que denuncian clínicas de Madrid, Córdoba, Albacete o Málaga y que ya está investigando el Defensor del Pueblo. Con el objetivo de que las mujeres cambien de decisión, grupos ultracatólicos se sitúan a las puertas y abordan a las mujeres con folletos sobre las supuestas consecuencias negativas del aborto o con caras de bebés, les lanzan proclamas e incluso les llegan a enseñar pequeños fetos de juguete.

“Mostrar la verdad a la mujer”

Las herramientas son diferentes, pero el fondo es el mismo: intentar convencer a las mujeres de que no entren a la clínica. El modus operandi de la ambulancia, que según la Consejería de Sanidad cuenta con la autorización pertinente, se basaba en hacer ecografías a las mujeres que acudían al centro para “mostrar la verdad a la mujer y permitir que pueda saber que su hijo está vivo, que su corazón late”, dice la plataforma en su web.

En un vídeo en el que difunde su actividad se puede ver cómo el vehículo se sitúa frente a Dator y una ginecóloga practica la ecografía a una embarazada. La parlamentaria de Vox explica que “el latido demuestra que hay ahí una vida humana que deja de existir en el momento en que se practica un aborto” mientras suena un latido de fondo. Ante ello, Más Madrid ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno regional para que dé explicaciones sobre por qué permite esta actividad.

“Normalmente ponían la puerta de entrada al vehículo de forma que desde la clínica no veíamos lo que hacían. Es algo perverso, la verdad. Y al contrario de lo que dice la diputada, las mujeres entraban al centro después y nos lo contaban. Venían nerviosas, indignadas y asustadas, pero entraban porque en ese momento ellas eran lo primero que se encontraban o porque les decían que ahí se podían hacer la ecografía”, señalan fuentes de Dator.

La Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) lleva alertando años de esta y otras situaciones, que se han intensificado tras la entrada en vigor de la Ley del Aborto de 2010. Ante la presencia de la ambulancia este sábado, la organización ha pedido a la Delegación del Gobierno de Madrid y al Ministerio de Sanidad que “cumplan con sus obligaciones e impidan este tipo de acciones intimidatorias y culpabilizadoras”. Según confirma el primer organismo a eldiario.es, habrá presencia policial.

“Como todos los días, los profesionales de Dator se van a dedicar a atender a las mujeres que vienen a realizar una intervención médica, a cumplir con seguridad y confidencial con esta prestación del Sistema Nacional de Salud, como es nuestra obligación”, dicen fuentes de ACAI.

Piden que las instituciones actúen

Entre los últimos episodios intimidatorios a los que han tenido que hacer frente las clínicas se encuentran varias pintadas en la acera de la cínica Dator el pasado 21 de octubre, cuando las trabajadoras se encontraron con frases en pintura roja que rezaban “No lo hagáis. Os ayudan. Continuad”, “Sí a la vida” o “Son regalos. No os pertenecen”. Un par de semanas antes, en la clínica Gynetrisur de Córdoba, un grupo repartía en la puerta un “Pin de los Pies Preciosos” que, según la inscripción, “son idénticos a los de un niño no nacido de diez semanas de gestación”.

El Defensor del Pueblo está actualmente investigando este tipo de acoso y, en un último paso, ha recibido la respuesta de la Dirección General de Policía después de que el organismo le pidiera explicaciones sobre el criterio que suele usar en estos casos. En su escrito, asegura que su objetivo es “proteger” los derechos de los que “participan en una concentración o manifestación” y los de aquellos “contra los que se ejerce la protesta, no pudiendo en ningún caso los unos impedir a los otros, con violencia o intimidación, hacer lo que la ley no prohíbe, o compelerles a efectuar lo que no quieran, sea justo o injusto”.

Para las clínicas, sin embargo, el problema no compete únicamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque aseguran que se está prestando “de manera deficiente” un servicio contemplado en la ley y del que debe responsabilizarse también el Ministerio de Sanidad. En este sentido, el PSOE incluyó el pasado septiembre en el documento de propuestas con el que quería pactar con Unidas Podemos para gobernar el establecimiento de “zonas de seguridad” alrededor de las clínicas, algo que ya se hace en otros países.

Para exigir medidas contundentes, más de 60 colectivos se han unido con el objetivo de formar un frente común y exigen a las instituciones que tomen cartas en un asunto que tiene consecuencias para las mujeres. Un informe pionero publicado por ACAI en 2018 señala que el 89% de las 300 mujeres de ciudades como Madrid, Córdoba, Málaga o Albacete entrevistadas dijo haberse sentido acosada y el 91% concluyó que deberían recibir protección pública. “Me han puesto muy nerviosa y no me dejaban en paz por mucho que yo se lo pedía”, “me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo”, decían algunas de ellas.