Madrid, 4 ago (EFE).- El amianto, un material utilizado para la construcción y como aislante es “peligroso y contaminante” y pese a su prohibición en 2002, todavía no se ha retirado de muchos edificios e instalaciones pues solo es obligatoria su retirada en las públicas.
Su inhalación o ingestión supone un riesgo no solo para las personas, sino también para los animales, el agua y el medio ambiente, han recordado varios expertos consultados por EFE.
Se trata de un material que se encuentra en la naturaleza y que, gracias a sus propiedades como aislante térmico y técnico, se popularizó su empleo para la construcción durante la segunda mitad del siglo XX, por lo que se localiza principalmente en zonas urbanas.
El amianto se encuentra presente en muchos puntos de las ciudades y pueblos, no solo en cubiertas y tejados, también en las conducciones, los aislantes de las calefacciones, las redes de aguas residuales, sistemas de transporte o en instalaciones industriales e incluso colegios, ha apuntado a Efeverde el responsable de residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas.
En Barcelona una sentencia del Juzgado Social número 8 ha considerado que la exposición al amianto de un trabajador del Metro fue responsable de su enfermedad profesional y posterior fallecimiento en 2019, mientras que en Madrid, la fiscalía ve delito en caso el amianto del Metro de Madrid pero ha pedido archivar el caso tras el acuerdo entre trabajadores y empresa.
El riesgo de este material radica en ser un producto perecedero cuyas fibras se “desmenuzan y pierden su compacidad” pasados alrededor de treinta años de su instalación, estas partículas se transmiten al aire y al ser respiradas pueden provocar cáncer de pulmón o de pleura.
También pueden ser ingeridas, como por ejemplo al beber agua que proceda de una tubería elaborada con amianto, según Arribas.
Censo de instalaciones
Este material fue de nuevo regulado con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular promulgada en abril de 2022, en la que se estableció en una disposición adicional que los ayuntamientos tendrán un año para realizar un censo de las instalaciones con amianto y una planificación para su retirada, aunque dicha eliminación solo se exigirá para los edificios públicos “con mayor riesgo” antes de 2028.
Arribas ha criticado que “muy pocos” ayuntamientos están elaborando el listado de instalaciones con amianto, “va a pasar un año y todavía el censo no se habrá hecho”, y ha zanjado que “se tienen que dar prisa”.
Además, ha lamentado que esta nueva legislación “deja de lado las instalaciones privadas”, por lo que la ley no contempla el amianto presente en colegios, hospitales, residencias, centros sociales que no sean de titularidad pública o incluso viviendas.
Por su parte, el director comercial del Grupo La Pole -del que forma parte Amisur, empresa homologada en la extracción de amianto-, José Joaquín Jiménez, ha señalado a Efe que este material también se utilizó para construir tejados de naves agrícolas y ganaderas, que también quedarían fuera de su obligatoria retirada.
La manipulación y extracción del amianto también está regulada, tan solo pueden hacerla empresas homologadas, ha explicado Jiménez, para la que es preciso un equipo de protección individual (epi) sellado para evitar el contacto con sus fibras.
Una vez extraído, el amianto se aísla herméticamente en unas sacas especiales de plástico, y se traslada en un vehículo autorizado a un vertedero homologado para el depósito, donde “se van acopiando por capas” y se entierran.
Posible “segunda vida” del amianto
Sin embargo, este material no se puede reciclar en la actualidad, según Jiménez, pero ha adelantado que “estamos en convenios con investigadores a nivel nacional e internacional estudiando la posibilidad de revalorizarlo en un futuro”, por lo que el amianto depositado en los vertederos podría tener una segunda vida para usos como la construcción de carreteras.
Por su parte, Arribas, de Ecologistas en Acción, ha reivindicado que el depósito de amianto en vertederos “no es la solución”, y ha señalado que en Francia existen plantas con capacidad de “eliminación del amianto mediante procedimientos térmicos”, algo que trasladaron al Gobierno para que financiase programas en este sentido, pero ha aseverado que “no nos ha hecho ningún caso”.
Antonio López Gabaldón