Amnistía Internacional denuncia que la Fiscalía archivó el 89% de las diligencias por muertes en las residencias

Casi el 90% de las investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía sobre lo ocurrido en las residencias desde el estallido de la pandemia han sido archivadas. Así lo concluye Amnistía Internacional en un nuevo análisis hecho público este lunes, cuando se cumplen dos años de la detección del primer caso de COVID en España. La ONG ha revisado los procesos que afectan a más de un centenar de residencias de Madrid y Catalunya y asegura que las autoridades “han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias”, donde han fallecido 35.670 personas.

El efecto es que, según la organización, son los familiares de las víctimas “quienes están presentando denuncias o querellas en los tribunales”, pero el alance de las investigaciones “está siendo muy desigual según el juzgado o tribunal y, en todo caso, avanzan muy lentamente”. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial “tampoco ha realizado seguimiento” sobre si están consiguiendo acceso a la justicia. Como consecuencia “se está extendiendo la impunidad y no se asegurará una adecuada reparación del daño causado ni garantías de no repetición”, lamenta el informe.

Amnistía Internacional reconoce “el esfuerzo” de la Fiscalía, pero denuncia que, al menos en Madrid, las investigaciones “no han tenido en cuenta las informaciones que podían aportar las personas afectadas”. Critica también la situación en Barcelona, donde la denuncia de 200 familiares sobre 30 residencias “fue archivada por la Fiscalía sin tomar declaración a las víctimas o profesionales”. En total, según las cifras que maneja Amnistía, se habrían archivado diligencias de al menos 129 casos “sin haber llamado a testificar a familiares”.

Los protocolos “provocaron violaciones del derecho a la vida”

La organización asegura que actualmente existe “una falta de mecanismos y procedimientos adecuados” para saber la verdad sobre lo ocurrido y conocer el impacto “que tuvo para los derechos humanos”, incluyendo las instrucciones y protocolos que impidieron la derivación de ancianos de las residencias a los hospitales. En este sentido, apunta el estudio a que la aplicación de estos protocolos “no se ha investigado adecuadamente”, y afirma que “los hallazgos” de la organización apuntan a que los protocolos “provocaron violaciones del derecho a la vida o acceso a la salud”.

Precisamente esta pasada semana la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a poner en el punto de mira aquellos protocolos y ha reabierto la causa por las muertes en cuatro residencias de Leganés. Por su parte, la organización considera que estos protocolos “son responsables directos de la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria” al menos en Madrid y Cataluña, de miles de personas en la primer ola de la pandemia, y que a la hora de decidir sobre el traslado hospitalario de personas mayores que vivían en residencias “no se aseguró una valoración individual”.

Más allá del ámbito judicial, la investigación pone el foco también en el escaso recorrido de las investigaciones a nivel político, lo que “está provocando una impunidad casi absoluta”. En este sentido, Amnistía constata que las “pocas comisiones de investigación” abiertas en los parlamentos autonómicos se han cerrado desarrollando, a lo sumo, “investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos”. La única que seguía en marcha, en Castilla y León, se ha interrumpido debido a la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral anticipada. En Catalunya, se ha rechazado la creación de una comisión y se ha propuesto en su lugar un grupo de expertos. Las elecciones anticipadas de Madrid, en mayo, supusieron también el cierre de la investigación parlamentaria en el región y no se ha aprobado su creación en la nueva legislatura.

“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.