Amnistía Internacional (AI) ha elaborado una nueva investigación sobre la situación que se vivió en las residencias de la Comunidad de Madrid y de Catalunya durante la primera ola de la pandemia, y también la que persiste en la segunda, todavía “muy preocupante”. Han analizado, en un proyecto que llevan a cabo desde julio, esas dos comunidades porque son las que mayor incidencia de fallecimientos COVID-19 en residencias tuvieron; y porque “contaban con protocolos y prácticas que supusieron la exclusión de ingreso hospitalario de personas mayores de residencias”. La conclusión es que en los centros de las dos regiones se vulneraron cinco derechos humanos: a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y familiar, y a una muerte digna.
El informe se llama Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España y toca varios aspectos de los que se dieron en los geriátricos. Entre las primeras cosas que señalan es que faltan datos. Los últimos del Ministerio de Derechos Sociales, un borrador, cifran en 20.268 muertes en residencias durante la primera ola, Médicos Sin Fronteras decía 19.645 personas; pero un informe del Ministerio de Sanidad de julio, sin publicar porque lo aportado por las comunidades era de baja calidad, hablaba de más de 27.000. “A 18 de noviembre de 2020, no hay datos consolidados”, recuerda AI, y así es. En junio había 28.000 personas confirmadas fallecidas por COVID-19, pero muchos de esos 20.000 de residencias (alrededor de 50%) no estaban dentro de esos 28.000 porque no estaban diagnosticados.
AI hace hincapié en cómo no se trasladó a enfermos de residencias a hospitales, “en base al lugar en el que residían y otros criterios generales, como la edad o grado de discapacidad o estado de salud”. Se refieren a la orden que emitió la Comunidad de Madrid de no derivar sanitariamente a personas en esas condiciones, entre otros documentos como el protocolo que publicó InfoLibre que lo prohibía; y al Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas de la Generalitat de Catalunya que recomendaba no ingresar en UCI a pacientes de más de 80 años. Se basan también en testimonios, como el de Catalina, hija de Vicente Alberola, de 89 años, fallecido el 6 de abril en una residencia pública de gestión indirecta de Catalunya. El médico le dijo que “tenía prohibido derivar, que no iban a coger a nadie que tuviera las características de una persona así”.
“Amnistía Internacional no cuestiona que, en muchos casos, para las personas mayores con comorbilidades ser enviadas al hospital puede no ser la mejor opción, y que incluso algunas han podido especificar en su plan de atención su preferencia de quedarse en la residencia o, en su caso, sus familiares. También el personal médico puede tomar esa decisión, basada en una evaluación del caso. El problema es que no se les diera una oportunidad de evaluación individualizada, incumpliendo así obligaciones internacionales contraídas por España”, resumen desde la institución internacional. Los protocolos, según les relató el director de Coordinación Sociosanitaria en Madrid, “en teoría siguen vigentes, aunque sin emplearse porque no hay contexto de crisis”.
Además de que se negase el traslado, las residencias no contaban con condiciones adecuadas por sí mismas para atender a los pacientes COVID-19, “las autoridades han fallado en adoptar medidas alternativas que garanticen la asistencia sanitaria médica adecuada de este grupo vulnerable”. Nunca hubo una medicalización, que sí prometió el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, a quien citan. Dijo el 12 de marzo que “las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”. “Además de no ser materialmente viable transformar una residencia en un hospital, ese incremento de dotación de recursos (materiales y personales) nunca se llevó a cabo, dejando a las personas mayores que viven en residencias en una situación muy delicada”, valora AI.
Ambas cosas, la no derivación y la falta de atención adecuada, vulneró tres derechos: a la salud, a la vida, y a la no discriminación. Las carencias de recursos se aplican también a los cuidados paliativos: “Amnistía Internacional recogió varios testimonios de personas expertas y de personal de residencias que aseguraban que el personal médico sanitario de las residencias normalmente no cuenta con la formación ni con la medicación adecuada para los cuidados paliativos”. Además, “en muchos casos, las personas han muerto solas”. La suma de los dos factores es por lo que AI achaca una violación del derecho a una muerte digna. “También suponiendo un trauma para sus familias”, apuntan sobre esto.
Encerrados, y sin equipación
Otro apartado del informe está dedicado a cómo estas personas vivieron la primera ola de la pandemia solas, encerradas y aisladas. En Madrid se prohibieron totalmente las visitas el 8 de marzo y citan a Elena Valero, hija de un residente fallecido en una residencia de Madrid, que cuenta que entonces se llegó a echar a los familiares “de malas maneras y sin mayores explicaciones” ese mismo día. Entre los trabajadores habla Natalia, gerocultora de una residencia de Barcelona, sobre que a las personas mayores “no se les explicó lo que estaba pasando y muchos pensaron que se les estaba castigando”, y destaca “el grave deterioro que ha supuesto para las personas residentes”. Todo esto confluye en la vulneración de los otros dos derechos: el de las personas residentes a la vida privada y familiar.
El informe de AI comienza con el diagnóstico sobre por qué “se ha hecho evidente que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19, en particular en Cataluña y Madrid, han sido insuficientes e inadecuadas, han vulnerado los derechos humanos y han costado miles de vidas”, y en consecuencia falló todo lo anterior. El primer repaso es a qué estaba tan mal para que la COVID-19 se extendiese de aquella manera es la conocida falta de equipamiento: no había ni equipos de protección individual, por lo que muchos trabajadores se contagiaron y tuvieron que cogerse bajas; no había test disponibles, ni protocolos preparados.
A corto plazo: revisar protocolos
La investigación de AI concluye con varias recomendaciones y objetivos. El primero es que no se repitan todos estos errores en la segunda ola, aunque “la situación sigue siendo muy preocupante”. Según el informe sobre casos del Ministerio de Sanidad del 12 de noviembre, “los brotes de mayor tamaño continúan ocurriendo en residencias de mayores, algunos con más de 100 casos”, esa semana hubo 124 brotes con 1.765 casos asociados. Según un análisis de datos de elDiario.es, la mitad de las muertes COVID-19 siguen produciéndose en estas instituciones para mayores.
AI indica que las competencias sobre residencias son de las autonomías, les pide desarrollar políticas públicas dirigidas a la prevención de pandemias y a recoger datos pormenorizados sobre los usuarios de residencias, y a mejorar el sistema de inspección. A corto plazo, a los gobiernos regionales deben“ revisar y modificar los protocolos que establecen instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios, a fin de que en ningún caso puedan constituir discriminación en el acceso a la atención sanitaria”. Al gobierno central, principalmente, le instan a a apoyar una investigación independiente sobre qué pasó en primavera en las residencias y el papel de las administraciones, estatal y autonómica. Y al Congreso, a impulsar “la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado”.