Ana Redondo, ministra de Igualdad: “La Ley Trans es una ley socialista”

Ana Redondo (Valladolid, 1966) aterrizó en el Ministerio de Igualdad en una semana especialmente movida. A escasos días del 25 de noviembre, Día contra la Violencia Machista, esta doctora en Derecho Constitucional recogía la cartera de la mano de Irene Montero consciente de que ocupaba un departamento convulso. En un contexto de brecha en el feminismo y en el PSOE a cuenta de la Ley Trans y con la extrema derecha poniendo en la diana todo lo que suene a igualdad de género, Redondo afronta otra semana clave, la del 8M, pidiendo “unidad de acción” a pesar de las diferencias en el movimiento, que cristalizarán en dos manifestaciones diferentes en ciudades como Madrid.

Procedente de la política local, Redondo recibe a elDiario.es en la sede del Ministerio de Igualdad, a cuyo ritmo aún se está acostumbrando y desde donde pretende cumplir con su hoja de ruta, que pasa por la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la aplicación de la legislación aprobada en el mandato anterior. Asegura que este viernes acudirá a la marcha convocada por la Comisión 8M y descarta cesar a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, tras participar en un congreso organizado por una asociación anti Ley Trans: “Ella comparte que vamos a desarrollar las leyes”, dice en referencia a la norma.

Este viernes es 8M y, como ha sucedido en años anteriores, hay dos manifestaciones convocadas en Madrid. ¿A cuál acudirá usted?

Lo importante es que estemos todas en la calle, que estemos reivindicando en esta jornada de reflexión sobre lo que hemos conseguido y lo que tenemos todavía por delante. Es una jornada especialmente reivindicativa y también alegre para las mujeres que nos encontramos en la calle. Más importante que haya dos o tres o cinco manifestaciones es que estemos manifestándonos por la misma idea, que es la de la igualdad, la agenda feminista, la lucha porque los estereotipos de género y las brechas de tantas clases se superen. Siempre digo que el movimiento feminista es muy coral, muy diverso y se va enriqueciendo aglutinando esas voces diversas. Iré a la manifestación en la que siempre ha estado el Partido Socialista, la que convoca la Plataforma 8M.

Me gustaría que el movimiento feminista pueda debatir y dialogar de todas las diferencias sin que demos una sensación de división que aparta a buena parte de la ciudadanía de lo que son las reivindicaciones justas de una sociedad democrática

Ha dicho que una de sus misiones como ministra era tratar de reconstruir el feminismo, de coser heridas. Pero justo acaba de decir que el feminismo siempre ha sido también diverso. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Por otro lado, ¿cree que es misión de una ministra de Igualdad unir o recomponer un movimiento que es autónomo?

A lo mejor es pretencioso. Lo que sí que creo es que necesitamos unidad de acción, es decir, tenemos que demostrar la fortaleza del movimiento feminista y poner en las políticas públicas el acento feminista. No hace falta una unidad absoluta porque, como digo, nunca ha habido una unidad de criterio en el movimiento. Esa diversidad es importante, pero sí que tenemos que dar una imagen de fortaleza, de que no vamos a ceder ni un paso en los avances de la agenda feminista. Me gustaría que el movimiento feminista pueda debatir y dialogar de todas las diferencias sin que demos una sensación de división que aparta a buena parte de la ciudadanía de lo que son las reivindicaciones justas de una sociedad democrática.

El pasado 17 de febrero, la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, participó en la inauguración de un congreso de una asociación abiertamente anti Ley Trans y que celebró los recortes de Isabel Díaz Ayuso a la ley autonómica, incluso los consideró tibios. En el programa de ese congreso se anunciaban intervenciones que relacionaban la teoría queer y la pedofilia. ¿No es ese motivo suficiente para prescindir de ella?

Somos un equipo, fundamentalmente mujeres, que estamos profundamente implicadas en el avance en derechos. Y nadie que no esté de acuerdo en ese avance y en el reconocimiento de lo que se ha hecho en la legislatura anterior, que ha sido mucho y muy importante, cabe en el equipo. Estoy convencida de que todas compartimos esa necesidad de desarrollar las leyes que se aprobaron en la legislatura anterior y de seguir avanzando en otras, como la ley de paridad.

Nadie que no esté de acuerdo en ese avance y en el reconocimiento de lo que se ha hecho en la legislatura anterior, que ha sido mucho y muy importante, cabe en el equipo de Igualdad

Recibimos todos los días decenas de invitaciones a todo tipo de actos, congresos, jornadas y no podemos hacernos cargo de todo lo que se dice. Ni siquiera podemos vetar quién lo dice. Yo creo que desde la institución tenemos que ser conscientes de que nuestra presencia, cuando se pide y se solicita, es institucional para dar visibilidad a los grandes debates que tienen que estar en la mesa de cualquier Estado que quiere avanzar en derechos. Yo a veces acudo a eventos en los que creo que debe estar el Ministerio como institución y, sin embargo, tampoco comparto cien por cien lo que ahí se está diciendo. Hay que diferenciar nuestras cuestiones individuales de lo que es nuestra presencia institucional.

Y precisamente porque tienen muchas peticiones y porque, como dice, esa presencia institucional implica dar voz o ampliar debates, ¿no le parece controvertida la participación de García, que ya tuvo que pedir perdón por sus declaraciones contra las personas trans, en unas jornadas donde se afirma que hay relación entre la teoría queer y la pedofilia?

En esas jornadas hay información sobre otras muchas cosas que compartimos, como por ejemplo la necesidad de que se siga incidiendo en la educación afectivo sexual.

Pero esa entidad habla de “ideología de la identidad de género” y tiene entre sus demandas “la salida” de esa identidad de las aulas.

En absoluto se dijo nada de eso. La directora del Instituto me trasladó que se había incidido en la necesidad de seguir avanzando en una educación afectivo sexual, que es una de las reivindicaciones que seguimos haciendo, lo más amplia, lo más diversa, lo más integradora posible.

¿No puede ser contradictorio que usted participara en la manifestación contra el recorte de Ayuso a las leyes autonómicas trans y LGTBI y que alguien de su equipo participe en la inauguración del congreso de una asociación que celebró ese recorte? ¿No cree que puede ser entendido como un mensaje contradictorio o confuso sobre cuál es su posición?

Ninguna confusión. Nos manifestamos en contra de los recortes del Gobierno de Ayuso y lo seguiremos haciendo. En este momento se está estudiando el recurso de inconstitucionalidad. No puede haber ninguna confusión posible y no cabe ninguna interpretación que no sea que estamos absolutamente en contra de los recortes de las leyes trans y LGTBI del Gobierno de Ayuso, que vamos a hacer todo lo posible para que se reviertan y que afortunadamente la ley estatal ampara y genera un paraguas suficiente para que estas personas no se vean relegadas.

Más allá de las disculpas de Isabel García en Twitter, ¿cree que nombrar y mantener como directora del Instituto de las Mujeres a una persona que se ha pronunciado activamente no solo contra la ley trans, sino incluso acerca de la existencia de las personas trans, ayuda a coser heridas o a unir a ese movimiento, como espera usted?

Ya dije que no me hago cargo del currículum digital de las personas de mi equipo. Lo que valoré fue la trayectoria feminista, en defensa de los derechos de las mujeres y en la que ha luchado por la agenda feminista allí donde ha estado. Creo que hizo bien en pedir disculpas y yo las entendí como una forma de integrarse en un equipo. En este momento ella comparte absolutamente lo que estoy diciendo, que vamos a desarrollar las leyes de la legislatura anterior, que vamos a luchar contra toda regresión que suponga una limitación de derechos de las personas LGTBI. No cabe en mi equipo alguien que no esté dispuesta a trabajar cada día en esa dirección.

Individualmente cada uno puede pensar o manifestar opiniones discrepantes, entra dentro de la libertad de pensamiento y expresión. Como partido apoyamos la Ley Trans en la legislatura anterior y por supuesto vamos a seguir apoyando su desarrollo

¿Sigue existiendo conflicto interno en el PSOE alrededor de la ley trans, específicamente alrededor de la autodeterminación de género, que fue el el meollo de la cuestión? Hay figuras destacadas, como Carmen Calvo, que hace muy poco volvió a hacer declaraciones muy contundentes contra la norma.

Individualmente cada uno puede pensar o manifestar opiniones discrepantes, entra dentro de la libertad de pensamiento y expresión. Como partido apoyamos la ley en la legislatura anterior y por supuesto vamos a seguir apoyando su desarrollo. Es una ley socialista, que se aprueba fundamentalmente con los votos socialistas y va a ser una ley que se desarrolle con una voluntad clara de un gobierno progresista. Puede haber personas que consideren que no es una ley que las representa al cien por cien y eso entra dentro de la libertad de pensamiento.

Hablaba ahora del desarrollo de la propia ley, más allá del cambio de sexo legal. La ley incluía medidas en todos los ámbitos para proteger al colectivo LGTBI, para garantizar sus derechos. ¿Hay alguna medida concreta que vayan a poner en marcha a corto plazo?

El ámbito laboral es importante. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo precisamente para que haya unos planes que incorporen en igualdad de condiciones a las personas trans y LGTBI al empleo. Es una de las grandes reivindicaciones del colectivo y ahí vamos a avanzar de forma firme.

Se ha marcado como una de las prioridades inmediatas la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. De hecho, esta semana los grupos presentarán una iniciativa conjunta para desarrollar la subcomisión que reiniciará los trabajos. Hemos hablado mucho de la renovación del pacto, pero concretamente, ¿qué cree el Ministerio que debería incluirse como medidas novedosas?

El pacto es muy complejo y muy amplio y hay una mayoría importante que está a favor de revisar y de valorar primero, y luego incorporar medidas. Una de las importantes es incorporar todas las clases de violencia, como exige el Convenio de Estambul que firmó España en 2014, como ya se ha producido con la ley integral de libertad sexual. Eso va a suponer una serie de medidas que lógicamente tienen que ser objeto de ese debate plural en el seno de la subcomisión y que no voy a avanzar unilateralmente. Si hay algo importante que caracteriza al Pacto es precisamente la integración de voluntades políticas diversas para avanzar en lo que es la gran política de Estado. Ahí hemos avanzado como país y tenemos la obligación ética, moral y feminista de seguir en esa dirección, en medidas que sí que han funcionado.

¿Qué grupos políticos van a presentar la iniciativa conjuntamente? Vox ya se ha descolgado en otras ocasiones.

A mí me gustaría que fueran todos los firmantes, al menos del Pacto de Estado anterior. Es verdad que en las comparecencias que ya se han producido en el Congreso y en el Senado no hemos visto a Vox en predisposición. Tiene una ideología claramente contraria a la lucha feminista, que pretende devolvernos a las mujeres a la época franquista, y eso hace muy difícil que se incorporen al pacto.

Podemos hablar de fallos concretos [en la justicia], pero yo me quedaría con que, efectivamente, el gran fallo es la cultura machista

En 2023 fueron asesinadas 58 mujeres por violencia de género y se alcanzaron los 50 hijos o hijas de víctimas también asesinados por esta causa desde 2013, la mayoría por sus propios padres. En varios de estos casos la justicia había autorizado regímenes de visitas o visitas sin supervisión e incluso había denegado órdenes de protección. ¿Hay fallos en el ámbito judicial a la hora de proteger a las víctimas de violencia de género?

El fallo es la propia cultura machista, esa cultura androcéntrica y patriarcal en la que estamos instalados todavía. Son 10.000 años de cultura patriarcal los que nos traen hasta aquí y en España llevamos 20 años de lucha contra la violencia de género. Afortunadamente en estos 20 años ya se han producido datos positivos. Podemos decir que ha habido una reducción de asesinatos en torno al 27%. Hemos hablado con los ministerios porque esta lucha es transversal, es colectiva. Por supuesto que hay mejoras que hacer. Ahora mismo acabamos de renovar los dispositivos para que sean más sencillos de llevar, para ampliarlos a todos los tipos de violencias, que generen más sensación de seguridad a las mujeres. Hay que seguir incidiendo en la educación en igualdad, en la formación.

Por supuesto, podemos hablar de fallos concretos, pero yo me quedaría con que, efectivamente, el gran fallo es la cultura machista, que no es fácil de vencer. Creo que avanzamos y hay que mandar un mensaje positivo. Y que todos los esfuerzos, presupuestos, todo el tejido institucional, que es muy potente, es útil. El problema son los discursos negacionistas que nos quieren devolver a la caverna.

¿Cree que esa cultura patriarcal condiciona de algún modo las decisiones de jueces o juezas? 

Soy muy respetuosa con la separación de poderes y las decisiones del Poder Judicial. Cuanto más concreto es el legislador, menos margen de interpretación tienen los jueces, que aplican la ley con interpretaciones y perspectivas muy diversas. La ley es su límite y un juez puede hacer una interpretación que la mayoría no comparta, pero los recursos a las sentencias existen y habrá un tribunal que probablemente haga una interpretación más acorde con la forma generalizada de interpretar la norma. 

Más allá de la independencia judicial, se dan circunstancias como que hay juzgados de violencia de género que conceden el 80% de las órdenes de protección solicitadas y otros, apenas el 30%.

Cada uno tiene que estar en su sitio. La doctrina está en posición de criticar y confrontar una decisión, para eso está. Los jueces están para aplicar la ley, lo pueden hacer con un criterio u otro, pero siempre justificadamente. Y luego están las instituciones gubernamentales y parlamentarias. La nuestra es una posición de respeto institucional y de intentar hacer las mejores leyes posibles para que en su aplicación se exprese la voluntad popular.

Estoy de acuerdo con el recurso planteado por la Fiscalía en el caso Dani Alves, pero no voy a hacer una crítica al Poder Judicial porque considero que cada uno de los poderes del Estado tiene que hacer su trabajo

¿Se va a abstraer como ministra de criticar o comentar decisiones judiciales que tengan que ver con los derechos de las mujeres?

Voy a intentar ser coherente con lo que acabo de decir, con la división de poderes y el respeto institucional que debe el Ejecutivo al Poder Judicial. Eso no significa que no esté de acuerdo, por ejemplo, con el recurso planteado por la Fiscalía en el caso Dani Alves, pero no voy a hacer una crítica al Poder Judicial porque considero que cada uno de los poderes del Estado tiene que hacer su trabajo y lo tiene que hacer conforme a la Constitución y a la ley.

Cambiando de tema, se cumple un año de la aprobación de la reforma de la ley del aborto, pero la mayoría de intervenciones se siguen haciendo en clínicas privadas y muchos hospitales se niegan a hacerlas. ¿Tiene en mente algún tipo de medida para garantizar que se cumpla la norma?

Seguiremos hablando con el Ministerio de Sanidad, pero también con las comunidades, que son las que tienen que desarrollar la ley. A finales de abril tendremos una interterritorial para ver cómo podemos avanzar. Tenemos que seguir trabajando estrechamente con ellas para que las mujeres podamos interrumpir el embarazo fundamentalmente en hospitales públicos, en condiciones de seguridad, proximidad, intimidad y mediante las dos técnicas que se ofrecen, de forma farmacológica o instrumental.

Hay comunidades, algunas gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha, en las que se asegura que hay una objeción de conciencia prácticamente unánime. ¿Les van a pedir que hagan algo concreto?

No puede haber una objeción de conciencia que impida el desarrollo del derecho. La ponderación de los derechos que están en juego en este caso, por un lado, la objeción de conciencia y por otro, el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, se salda ahora con un peso mayor de la objeción de conciencia, por lo que no se están cubriendo todos los elementos para que las mujeres ejerzan su derecho. Eso es lo que transmitiremos a las comunidades.

Vamos a ampliar el concepto de proxenetismo, castigar a quien, con ánimo de lucro y de forma sostenida, ceda locales para que se ejerza la prostitución y castigar con multas a quien acuerde el ejercicio de la prostitución a cambio de una compensación

Ha anunciado que quiere recuperar la propuesta del PSOE para penalizar la tercería locativa –castigar a los dueños de locales en los que se ejerza la prostitución–. ¿También se plantea incluir las multas a los clientes?

La propuesta tiene tres patas importantes: ampliar el concepto de proxenetismo, la medida mencionada y castigar con multas de 12 a 24 meses a quien acuerde el ejercicio de la prostitución a cambio de una compensación. Estamos poniendo el foco en quien consume. Es un paso muy importante hacia el abolicionismo, siempre teniendo en cuenta que no se va a penalizar a quien ejerce la prostitución.

Son medidas que ya en la pasada legislatura generaron debate. ¿Qué piensa de la alerta que hacen asociaciones de mujeres y expertas sobre que la medida de las multas a clientes puede perjudicar a las propias mujeres y llevarlas a una mayor clandestinidad y desprotección?

Pertenezco a un partido abolicionista y el presidente del Gobierno también lo es. Hay un mandato claro que no podemos obviar. Creo que una democracia avanzada no se puede permitir la prostitución, la esclavitud sexual de las mujeres. Lo que tenemos es que ser conscientes de que no podemos dejar a las mujeres sin una alternativa de vida digna, de empleo y solución habitacional y en eso tenemos que trabajar.

¿Hay alguna medida concreta al respecto que esté sobre la mesa en ese sentido?

En este momento estamos valorando la Ley de Trata, que queremos que incida precisamente en las alternativas, en dar un abanico integral de medidas que favorezcan esa integración laboral y económica a mujeres que han sido víctimas y han sobrevivido a la trata y, en definitiva, a la prostitución, porque la trata y la prostitución son vasos comunicantes.

Ningún problema en reunirnos con asociaciones de prostitutas, por supuesto que sí, lo haremos. Nuestra idea es que el Ministerio esté abierto de par en par. La única manera de no equivocarse es escuchar todas las voces

Una de las líneas que defiende es tender puentes desde el Ministerio con la sociedad civil. ¿Se va a reunir con asociaciones de prostitutas para abordar las políticas que les afecten?

Ningún problema, por supuesto que sí, lo haremos. Nuestra idea es que el Ministerio esté abierto de par en par. La única manera de no equivocarse es escuchar todas las voces. Quiero que todas consideren que el Ministerio es su casa y a mí me gustaría conocer en profundidad esta realidad, que por lo que conozco es una realidad durísima, tener un diagnóstico más certero y reunirme con cuantas asociaciones lo consideren. Desde aquí las convoco.

En este camino de medidas abolicionistas que defiende, ¿están contemplando la reforma de la Ley de Extranjería?

Trabajamos transversalmente y la mayoría de las medidas tienen que discutirse, hablarse, valorarse con muchos ministerios. En este sentido, tenemos que seguir trabajando con el Ministerio del Interior para intentar impulsar algunos cambios que probablemente son necesarios.

Necesitamos una implicación de todas las administraciones y en la interterritorial insistiremos en la educación sexual porque a la sociedad en general le preocupa

Más allá del plan anunciado para restringir el acceso de los menores a la pornografía, ¿se va a diseñar alguna medida concreta para garantizar la educación sexual en las aulas? 

Somos conscientes de que hay que desarrollar la Lomloe, que es donde aparece recogido que haya una educación afectivo sexual acorde a cada tramo. Es lo que quiere el legislador y, por lo tanto, es la opinión de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Son las comunidades las que deben implementarlo y deben dotar a los centros. Necesitamos una implicación de todas las administraciones y en la interterritorial insistiremos en esto porque a la sociedad en general le preocupa.

Una reciente encuesta del CIS apuntaba a que un 44% de los hombres siente que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos. Más allá de su perfil, en general de derechas, sí hay una preocupación compartida por los mensajes misóginos y la radicalización de algunos hombres. ¿Tienen previsto poner en marcha alguna línea de trabajo sobre masculinidades?

El negacionismo de la violencia de género y del feminismo es una ideología antidemocrática y está haciendo muchísimo daño a la sociedad. Supone un caldo de cultivo a futuras violencias muy peligroso. El negacionismo no es baladí, el negacionismo mata. O caminamos juntos o no vamos a avanzar, necesitamos a la sociedad entera. Muchos hombres no se encuentran, están perdidos en un siglo que es el de la igualdad, pero a poco que se lee o investiga se dan cuenta de que el feminismo también les libera y eso es fantástico. El feminismo es igualdad, avance social y democracia y ahí vamos a trabajar estos cuatro años para que los pasos sean significativos y podamos mirar hacia atrás y decir que hemos dejado un mundo mejor a nuestras hijas.

Entrevista completa a Ana Redondo

Vídeo: Nando Ochando