El drama de las residencias de ancianos: uno de cada diez murieron durante la pandemia

Al menos 29.000 personas que vivían en residencias de mayores y centros residenciales de servicios sociales fallecieron durante la crisis del coronavirus en España. Representan más del 9% de los ancianos que vivían en residencias de 14 comunidades autónomas, según los datos de las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales de cada una de estas comunidades recopilados y analizados por eldiario.es. Estas cifras, que el Gobierno todavía no ha publicado, muestran un primer esbozo de las consecuencias de la crisis de la COVID-19 en las residencias de mayores de todo el país.

Los datos señalan que la crisis de la COVID-19 no ha afectado por igual a la mortalidad en residencias de todas las comunidades: en Madrid fallecieron el 17% de los residentes, el 14% en Castilla-La Mancha y el 11% en Castilla y León y Extremadura.

Una lista a la que se podrían sumar Catalunya, que no ha remitido a eldiario.es la cifra de fallecidos por todas las causas en las residencias de mayores, La Rioja y Aragón, que solo han publicado sus cifras de fallecidos con COVID-19 confirmado, y Euskadi, que no ha querido proporcionar sus datos de mortalidad en los centros residenciales. Los datos de Euskadi de esta información solo incluyen a los fallecidos en residencias con prueba PCR positiva, y han sido recopilados y proporcionados por la edición local de eldiarionorte.es. Ver metodología para más detalle.

La mortalidad en las residencias de mayores en cada comunidad autónoma

Porcentaje (%) de residentes fallecidos en cada comunidad durante la crisis de la COVID-19. Aragón, Euskadi y La Rioja no han proporcionado sus cifras

Cada cuadrado representa el número de residentes totales frente a los fallecidos con COVID-19 confirmado, incluyendo casos sospechosos y los fallecidos por todas las causas

Fuente: datos recopilados por eldiario.es de las comunidades autónomas actualizados a la semana del 15 al 19 de junio

Más de la mitad (el 55%) de los residentes que fallecieron desde el 8 de marzo hasta la semana del 15 al 19 de junio lo hicieron con una prueba PCR positiva de COVID-19 o con síntomas compatibles con la enfermedad. Este cálculo no incluye los más de 4.000 fallecidos en residencias de Catalunya que tenían una prueba positiva o presentaban síntomas compatibles con la COVID-19 ya que la Generalitat no ha proporcionado los datos totales de mortalidad en los centros de ancianos.

Esta información, que debería estar en poder del Ministerio desde hace más de dos meses, todavía no ha sido publicada por el Ejecutivo. El 4 de abril, el Gobierno obligó a las comunidades autónomas a suministrar datos semanales de la situación de los centros de servicios sociales de carácter residencial, un formulario detallado en el que solicita a cada región el número total de defunciones en las residencias, los fallecidos con COVID-19 confirmado, el número de residentes o las muertes de casos con síntomas compatibles.

Casi 3 meses después, Sanidad no ha publicado oficialmente ni una sola cifra sobre la mortalidad en las residencias de mayores en España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no pone fecha a la difusión de estas cifras y se remite a la falta de información proveniente de los gobiernos autonómicos: “cuando tengamos información más completa de las comunidades autónomas y la hayamos analizado la daremos a conocer”.

Casi 20.000 muertes con COVID-19 o sospecha

En total, al menos 19.611 personas de centros residenciales murieron con un prueba PCR positiva de COVID-19 o con síntomas compatibles con la enfermedad. Las cuatro comunidades más afectadas por el virus (Madrid, Catalunya, Castilla-La Mancha y Castilla y León) acumulan 3 de cada 4 fallecimientos vinculados a la COVID-19 en geriátricos de toda España.

Destacan los casos de la Comunidad de Madrid y de Catalunya, que tienen más casos sospechosos que confirmados. Casi 5.000 ancianos fallecieron las residencias madrileñas sin prueba PCR. Una situación muy distinta a la de otras comunidades como Canarias, Baleares y Cantabria, que apenas han reportado una decena de casos de muertes sospechosas pero sin confirmación en residencias desde marzo.

Estas cifras y diferencias tienen mucho que ver con cómo ha sido el impacto y la evolución de la crisis en cada territorio, ya que esto ha repercutido en el colapso de los sistemas sanitarios y su capacidad para realizar test. Por ello, muchos mayores murieron como casos sospechosos de COVID-19 en las comunidades más afectadas pero sin que se les realizara una prueba PCR que confirmara el diagnóstico, especialmente al inicio de la pandemia.

En concreto, las residencias de la Comunidad de Madrid han sido uno de los mayores focos de contagio y letalidad en todo el país. La situación llegó a tal punto que el 20 de marzo se envió a las residencias y a los centros sanitarios un protocolo para impedir que los ancianos de los geriátricos fueran trasladados a hospitales y que fue firmado por un alto cargo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tal y como publicó infoLibre. La gestión de las residencias ha desatado una grave crisis interna en el gobierno regional con enfrentamientos públicos entre cargos del PP y Ciudadanos.

El impacto de las muertes en residencias

Con más de 28.000 fallecidos con COVID-19 desde principios de marzo, la crisis del coronavirus ha provocado un exceso de más de 43.000 muertes que no esperábamos en comparación con el promedio del mismo periodo de años anteriores. Los centros sociales de carácter residencial se han llevado una de las peores partes: 10.000 ancianos fallecieron con COVID-19 confirmado en residencias de personas mayores, según los cálculos realizados por eldiario.es a partir de los datos proporcionados por las comunidades. A ellos se suman otros 10.000 fallecidos con síntomas compatibles pero sin prueba que confirme el diagnóstico.

Para profundizar en el impacto que han tenido las muertes en las residencias sobre el conjunto de la pandemia en nuestro país, eldiario.es ha calculado qué proporción suponen los fallecimientos en los centros residenciales (de ancianos, de personas con discapacidad, etc.) sobre el total de muertes confirmadas y sobre el exceso de mortalidad en cada autonomía.

Hay que tener en cuenta que esta proporción varía dependiendo de si hablamos de decesos con COVID-19 confirmado o si lo hacemos de muertes con síntomas compatibles con la enfermedad. Como mostraba el gráfico anterior, no todos los territorios reportan casos sospechosos o no lo hacen al mismo nivel, por lo que en algunos casos, como en Catalunya o la Comunidad de Madrid, la diferencia entre ambos datos es muy significativa.

De media, las muertes confirmadas con coronavirus en residencias suponen el 35% de los fallecidos totales con prueba PCR positiva. Una cifra que aumenta hasta el 45% si comparamos las muertes confirmadas y sospechosas respecto al exceso de mortalidad de cada comunidad.

El exceso de muertes, en los mayores de 74 años

En los centros centros residenciales, un 80% de los usuarios tienen más de 80 años, según datos del Imserso. Ha sido precisamente entre los grupos de elevada edad donde la mortalidad se ha disparado muy por encima de lo esperado durante los peores meses de la pandemia del coronavirus.

Por franjas de edad, se registraron un 47% más de muertes respecto lo esperado en el grupo de personas de entre 65 y 74 años, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Entre los mayores de 74 años, el exceso de mortalidad subió hasta el 64%.

Contando el total de población, entre el 13 de marzo y el 22 de mayo hubo en España 40.600 muertes de personas de más de 64 años por encima de la media habitual para esas fechas, cifra que representa el 94% de la mortalidad no esperada en ese período.

No todas las comunidades autónomas registraron el mismo aumento de mortalidad entre su población mayor. Madrid, Castilla-La Mancha, Catalunya, Castilla y León y Navarra estuvieron muy por encima de la media. En las tres primeras, la mortalidad en los grupos de más edad llegó a duplicar –y casi triplicar, en el caso de Madrid– la expectativa de mortalidad durante los meses más críticos de la pandemia. Estas regiones son precisamente las comunidades con más incidencia del coronavirus en España.

Metodología

Para la elaboración de esta información eldiario.es ha solicitado los datos a las consejerías correspondientes de cada comunidad autónoma. En concreto, se solicitaron los datos de: número de muertes (confirmadas, con sintomatología compatible y por otras causas) en centros residenciales de servicios sociales desde el 8 de marzo hasta la actualidad y el censo de la población en residencias a principios de marzo.

En aquellos casos en los que la comunidad no disponía de alguno de los datos solicitados, se utilizaron las cifras publicadas en un informe interno del Ministerio de Sanidad.

El recuento de fallecidos corresponde a todo tipo de centros residenciales excepto en los casos de Catalunya, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Asturias, donde las cifras de mortalidad corresponden exclusivamente a centros residenciales para personas mayores, según aseguran fuentes de cada Ejecutivo autonómico a eldiario.es.

La Rioja y Aragón no han facilitado a eldiario.es los datos de mortalidad total ni el censo de las residencias en la comunidad. Euskadi no ha proporcionado ningún dato a eldiario.es y ha remitido a este medio a las diputaciones provinciales, que tampoco han facilitado datos completos de la mortalidad en residencias. Los datos de Euskadi de esta información solo incluyen muertes en residencias  con prueba PCR, y han sido recopilados y proporcionados por la edición local de eldiarionorte.es. La Generalitat de Catalunya, no ha publicado las cifras de muertes por otras causas en los centros de servicios sociales.

La fecha de actualización de los datos acumulados de fallecidos totales, con prueba positiva de COVID-19 y con sospecha de COVID-19 están actualizados a la semana del 15 al 19 de junio.

Para el censo de las residencias se ha usado el dato disponible durante el mes de marzo, con algunas excepciones. Para la Comunidad Valenciana, se ha usado el número de plazas en estas residencias, para Castilla-La Mancha, la proporción habitual de ocupación sobre las plazas en oferta; para Andalucía, Baleares y Catalunya se ha usado el dato de usuarios de la comunidad publicado por el Gobierno central.

La información de esta pieza está abierta a actualización según las comunidades autónomas vayan aportando nuevos datos o ampliando información.