Ángela Rodríguez: “Casi todas las medidas del Pacto contra la Violencia de Género estarán en marcha en 2022”
Hace poco más de dos meses que Ángela Rodríguez es secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, pero ya antes fue una de las figuras que capitaneó algunas de las reformas de mayor calado del Ministerio de Igualdad. 'Pam', como es conocida, aterrizó como asesora en el gabinete de la mano de Irene Montero, pero asumió el pasado octubre el cargo que hasta entonces ocupaba Noelia Vera. Con el objetivo de consolidar lo que el Ministerio llama “una nueva generación de derechos feministas”, Rodríguez afronta el mandato con la vista puesta en varios proyectos legislativos ambiciosos, entre ellos la Ley del Aborto o renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Para ello busca “un acuerdo con todos los grupos políticos”. “Es la mejor foto que podemos dar a las víctimas este 25N, que estamos juntas”, asegura a las puertas del Día Internacional contra la Violencia Machista, que se celebra este jueves.
El próximo año se cumplen cinco años desde que se aprobara el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Cuántas medidas están ya en marcha?
Le queda un año para terminar su vigencia y entonces, en septiembre de 2022, se habrá completado el 100% o la práctica totalidad del dictamen. Uno de los grandes retos era ampliar las herramientas y las políticas que ya había en este país para la violencia de género a todas las formas de violencia contra las mujeres. Nunca antes España, a través de sus políticas, había protegido a tantas víctimas. En este sentido podemos decir que el pacto ha funcionado y que hemos avanzado una barbaridad desde 2017, sobre todo porque se va a consolidar una financiación que no va a tener vuelta atrás.
¿Destacaría alguna medida concreta?
Hay cosas muy relevantes, como lo que tiene que ver con el régimen de visitas o la prohibición del Síndrome de Alienación Parental, que es un avance enorme en la Ley de Infancia. También el desarrollo de una ley integral contra las violencias sexuales, algo que era impensable hace unos años, que el 016 funcione para todas las víctimas, que lo hemos hecho este año, o ampliar el recuento de mujeres asesinadas, que es algo que ocurrirá en 2022 con la creación del Observatorio de Feminicidios. Son muchas medidas, pero creo que a veces no todas han sido contadas con la misma intensidad porque no todas generaban polémica.
El pasado julio el Consejo de Ministros aprobó el catálogo de medidas del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género. ¿Cómo va su implantación?
Nos iremos a Navidad con el plan terminado y algunas de sus medidas más importantes van a ser puestas en marcha en las próximas semanas, entre ellas la creación de un instrumento de cribado universal en el Sistema Nacional de Salud para la detección precoz de la violencia o la ventanilla única en Servicios Sociales. Una cosa por la que hacemos este plan es porque detectamos que hay casos en los que la Administración llega tarde y hemos visto que hay protocolos que estaban sin actualizar desde hace más de una década. Es inadmisible. Por eso, otra de las medidas será una guía para actualizarlos.
El Gobierno ha iniciado los contactos con los grupos parlamentarios para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia Machista pero Igualdad inició una consulta pública para reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género con este propósito. ¿Cómo se hará finalmente?
Tienen que ser compatibles. Desde el Ejecutivo pensamos que se tienen que volver a dar ambos caminos: un acuerdo político en las cámaras acompañado de reformas que blinden los mecanismos que el Estado ha diseñado para luchar contra la violencia de género, que pueden pasar por la reforma de la ley de 2004. Pero la cuestión legislativa es flexible, estamos abiertas a trabajar cualquier carril. Lo más importante es que exista un acuerdo político y para eso estamos trabajando de forma muy estrecha con el PSOE, también teniendo en cuenta que hay partidos que en su día no firmaron el pacto en 2017. Es tarea del Ejecutivo tender la mano a todas esas fuerzas políticas porque es la mejor foto que podemos dar a las víctimas el 25N, que estamos juntas en esto.
En esta consulta pública, aparte del blindaje del pacto se nombraba la inclusión de otros tipos de violencias machistas en la ley. ¿Qué efectos prácticos va a tener?
Lo que se acordó en el pacto es que habría leyes integrales específicas para cada forma de violencia, que implicaba, al menos, una contra las violencias sexuales y otra contra la trata. Estamos en ello, pero además la medida 86 decía que tenía que haber un lugar en el que se definieran cuáles son las formas de violencia contra las mujeres en España, es decir, en qué lugar de nuestro ordenamiento se transpone lo que dice el Convenio de Estambul. Pensamos que un buen lugar puede ser la ley de 2004, sin perjuicio de que el itinerario específico que despliega siga siendo para las víctimas de violencia de género en la pareja. Quizás pueda ir ahí, quizás en una ley marco... Estamos trabajando para poder llegar a un acuerdo. Para nosotras es más importante eso que dónde se incluye finalmente.
La ley del 'solo sí es sí' incorpora medidas sobre prostitución con las que los grupos parlamentarios están siendo críticos. Al PSOE le parecen insuficientes y el resto, muchos los socios habituales del Gobierno, piden que el debate se dé fuera de la norma. ¿Se está replanteando el Ministerio su postura para allanar el trámite?
La tarea de un Gobierno debe ser siempre intentar llegar al máximo número de consensos. En el feminismo ha habido un debate histórico sobre la prostitución que desde Igualdad no queremos resolver. De hecho, convivimos en el Ministerio personas con distintas posiciones. Pero creemos que sí puede haber consenso en materia de políticas públicas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proxenetismo. Hay herramientas que no están lo suficientemente afinadas para luchar contra esta industria y ahí podemos tener un primer consenso. No hay ninguna feminista, sea cual sea su posición en el debate de la prostitución, que dude de que hay que perseguir la explotación sexual.
Puede haber un segundo consenso. Las mujeres que están en contextos de prostitución, víctimas de explotación sexual o trata son mujeres que están expuestas a muchísima precariedad. Hagamos todo lo posible para que se reconozcan sus derechos; más del 80% están en situación irregular, así que lo primero que tenemos que hacer es modificar la política de extranjería para que puedan acceder a una vivienda, un empleo o abrir una cuenta corriente. A nosotras no nos deben interesar como Gobierno los debates sobre etiquetas, lo que nos interesa son los derechos de las mujeres y ahí vamos a estar.
Sería un error que el Tribunal Constitucional, que representa los consensos más importantes de nuestro país, diera una imagen de retroceso en el derecho al aborto
El Ministerio está ultimando una propuesta para reformar la Ley del Aborto. Uno de los objetivos que se han marcado es garantizar que los abortos se practiquen en la sanidad pública. ¿De qué manera concreta lo van a hacer?
Confiamos en que la propuesta del Ministerio esté lista para finales de este año. Estamos estudiando las distintas fórmulas, pero hay algo imprescindible que tiene que quedar reflejado, que es que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una prestación más de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud. Si no blindamos esto no vamos a asegurar que se desplieguen los mecanismos necesarios para que en todos los hospitales públicos puedan darse esas interrupciones voluntarias de embarazo. Sobre qué mecanismos, creo que hay que trabajar consensuadamente con todos los operadores y profesionales de la salud y también con las comunidades autónomas. No es el momento de desarrollarlos sino de decir que esta es una prestación normal que debe darse en la sanidad pública.
¿También los abortos que no sean por causas médicas sino fruto únicamente de la decisión personal de una mujer?
Por supuesto.
Lo que se observa en algunos lugares cuando la sanidad pública empieza a asumir una cantidad mayor de abortos es que se tiende al aborto farmacológico. ¿Va la reforma que preparan a garantizar que las mujeres puedan elegir el método para interrumpir el embarazo?
Es imprescindible que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo lo hagan de manera informada. Hoy la información que se da es de otro tipo. Si acudes, por ejemplo, a un centro de planificación familiar en Galicia te van a dar más información sobre los cheques de ayuda a la crianza que sobre los métodos que se pueden usar para la interrupción del embarazo. Eso es algo que también hay que modificar en esta norma, junto con el blindaje de la elección del método; vamos a trabajar con todos los actores para que así sea.
¿Se refiere a que el Gobierno pretende eliminar los sobres con información que a día de hoy reciben obligatoriamente las mujeres que quieren abortar antes de someterse a la intervención?
Sí, sin duda. Los tres días de reflexión y los sobres con información son algo que hay que revisar. Las mujeres no necesitamos tres días para reflexionar sobre una decisión que ya hemos tomado ni necesitamos un sobre con información sobre cheques bebés para decidir si queremos interrumpir voluntariamente un embarazo. La maternidad libremente decidida es otra cosa.
Hace unos días supimos que el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo, será el magistrado que redactará la ponencia sobre el recurso del PP a la Ley del Aborto aprobada en 2010. ¿Les preocupa que la Ley de Plazos pueda declararse inconstitucional?
En este país el movimiento feminista ya dio una lección muy poderosa cuando hizo caer a un ministro al proponer que se retrocediera en los derechos que les había concedido a las mujeres la Ley del Aborto. El Constitucional debería poner mucha atención a este debate y sería un error que una institución que representa los consensos más importantes de nuestro país diera una imagen como esa. Es más, creo que lo suyo sería caminar hacia que la Constitución reconozca los derechos de las mujeres, que reconociera el derecho al aborto como un derecho constitucional.
En caso de que el Tribunal sí opte por la inconstitucionalidad, ¿está trabajando el Gobierno en alguna alternativa?
Por supuesto, los gobiernos trabajan siempre con todos los escenarios, pero en este momento el escenario que barajamos es una ley del aborto que vaya más allá de los derechos que ahora se reconocen, no retroceder. Si nos viéramos en esa situación, por supuesto reaccionaríamos.
"Si hubiera un Me Too sobre violencia gineco-obstétrica nos llevaríamos una sorpresa abrumadora"
Otra de las novedades que quieren introducir en esa norma es la tipificación de la violencia obstétrica como una forma de violencia hacia las mujeres, ¿en qué va a traducirse eso?
La violencia obstétrica es algo de lo que tenemos que empezar a hablar con relativa normalidad. Si hubiera un Me Too sobre violencia gineco-obstétrica, para incluir lo que sucede no solo en relación al embarazo y al parto, nos llevaríamos una sorpresa abrumadora porque creo que casi todas las mujeres hemos vivido experiencias difíciles a lo largo de nuestra vida. Es normal que haya reacción. De la misma manera que cuando decimos que una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en nuestro país, como muestran los datos de la última macroencuesta de violencia machista, muchos hombres responden “Yo no soy un agresor”, entiendo que la comunidad médica diga en este caso 'Yo no tengo nada que ver con esto, no lo he hecho', pero eso no significa que no suceda.
Este debate demuestra que tenemos que introducir el concepto en la ley y visibilizar cuáles son esas formas de violencia: definir en qué ámbitos se da, qué prácticas no deben reproducirse y ver qué derechos se generan para esas mujeres. En eso estamos trabajando a día de hoy, pero me van a permitir que sea prudente porque requiere de un consenso muy profundo.
La pandemia ha supuesto, según los estudios e investigaciones hechas hasta el momento, un aumento de la brecha de género en los cuidados y el mercado laboral. La apuesta del Ministerio para abordarla fue el Plan Corresponsables, ¿tienen un balance de cómo va su aplicación?
El Plan Corresponsables tiene que mejorar. De hecho somos muy ambiciosas para el diseño del plan en 2022. Un programa de 200 millones de euros no puede resolver lo que la OIT dice que es un 15% del PIB en nuestro país.
En lo concreto también puede haber mejoras, por ejemplo, flexibilizando los criterios de financiación, y por eso en estos Presupuestos hemos acordado que las comunidades que no hayan podido gastar todo el dinero de 2021 puedan seguir haciéndolo el próximo año. Hay otras tareas importantes, como la acreditación para las cuidadoras profesionales. En segundo lugar, si quitamos a las personas en situación de dependencia y a los menores de 14 años, sigue habiendo personas que pueden necesitar cuidados. Vamos a intentar reflexionar sobre si este plan puede llegar a ellas. Somos optimistas porque mi experiencia con las directoras de los institutos de las mujeres y las consejeras de igualdad es que está funcionando. Tenemos que dar un salto y acompañarlo de un plan para la corresponsabilidad, para señalar que no es un asunto de mujeres y que en esto se tienen que implicar los hombres pero también el Estado.
Para terminar, la Ley Trans desató un conflicto en el seno del Gobierno. Ahora que se ha aprobado, echando la vista atrás, ¿hace autocrítica el Ministerio sobre cómo se llevó ese proceso?, ¿se podría haber negociado de otra manera?
Nosotras en todo momento hemos defendido los derechos humanos y hay quien no ha estado de acuerdo con esa defensa. A mí me alegra mucho que nosotras hayamos tenido la valentía en este proceso.
¿Qué esperan ahora del trámite parlamentario? ¿Van a intentar incluir algunos de los puntos que finalmente quedaron fuera de la norma respecto a su primer borrador?
Por supuesto, la ley puede ser mejorable en cuanto a las personas no binarias, a las personas en situación administrativa irregular, o a la cantidad de prestaciones que incluye el sistema de salud respecto de las personas trans y sus necesidades. En ese sentido probablemente vayamos a encontrar más acuerdo en el Parlamento del que hemos encontrado hasta ahora. Diría que no va a haber la mitad de conflicto que ha habido con este tema hasta ahora porque esta ley, recordemos, ya fue aprobada en ponencia en la Comisión de Justicia en 2019.
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