La estación de esquí de Navacerrada, en la frontera con el Parque Nacional de Guadarrama, ha conseguido ya un año extra de negocio gracias al embrollo judicial creado por el Gobierno autonómico del PP en Castilla y León apoyado por el ejecutivo de la Comunidad de Madrid. La empresa culminó la temporada de nieve el pasado 13 de abril, a pesar de que su permiso para ocupar un monte público caducó hace un año.
“Otro año más se nos escapa la lágrima”, ha expresado la empresa al clausurar las actividades de esquí. La estación afirma que ha batido su récord de actividad nívea al cerrar “únicamente tres días” desde que abrieron las pistas en enero pasado.
La temporada ha existido aunque la propietaria del monte público sobre el que discurren las pistas, el Organismo Parques Nacionales, decidió que, una vez vencido en abril de 2021 el plazo de 25 años de concesión para la estación, prefería regenerar el terreno que linda con el parque nacional.
El organismo explicó que la infraestructura incidía en el deterioro del espacio natural al promover la masificación humana y que, además, las condiciones provocadas por el cambio climático habían reducido muy significativamente las precipitaciones de nieve.
La empresa Puerto de Navacerrada tenía que devolver el monte el 30 de octubre de 2021 “apto para la recuperación vegetal de la zona”, según la resolución de Parques Nacionales. Pero la sociedad adujo que, como había existido estado de alarma por la pandemia de COVID 19, merecía que se le ampliara dos años la autorización. Ahí se larvó el embrollo judicial.
Oportunidad para confrontar con el Gobierno
En noviembre, solo un mes después de la fecha tope para retornar los terrenos y a pesar de haberse lavado las manos sobre la petición de prórroga, la Junta de Castilla y León afirmó que no veía “razones políticas ni jurídicas” para que se cerrara la estación.
El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se hizo acompañar de su homóloga madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) para hacer el anuncio. El Partido Popular aprovechaba para abrir así un nuevo frente de batalla con el Gobierno de España: Parques Nacionales depende del Ministerio de Transición Ecológica.
La madeja judicial se ha liado, ya que por un lado está la concesión vencida para utilizar 7,6 hectáreas de monte público como pistas de esquí y, por otro, la licencia de actividad. La primera dependió del Organismo Parques Nacionales; la segunda, de la Junta. La cuestión es que, una vez entró el caso en los tribunales, la empresa ha aprovechado el visto bueno de Fernández Mañueco para seguir funcionando, por el momento, durante meses.
Los jueces, además, no dieron la razón a Transición Ecológica, que pidió que, mientras resuelven el caso, se paralizara la actividad para no seguir dañando el ecosistema. Los magistrados continúan deliberando, así que la empresa ya ha anunciado las actividades de verano como mantener un telesilla para turistas que pueden acceder así al negocio de restauración que regenta en uno de los montes.
El récord de días activos del que ha hablado Puerto de Navacerrada se ha basado en la nieve artificial. El 67% de todo el manto utilizado en las pistas ha sido fabricado, según reconoce la propia empresa. Y toda esa nieve se ha creado a base de captar el agua que fluye por el arroyo del Telégrafo, por encima de la reserva natural fluvial del Alto Eresma.
Bombear el agua hasta los cañones de fabricación de nieve precisa de un permiso especial de la Confederación Hidrográfica del Duero, que también ha considerado que esa autorización acabó cuando expiró la concesión para ocupar los suelos públicos. Pero, al estar esta cuestión también judicializada, la empresa ha continuado con la captación para fabricar nieve.
Madrid doblará el plazo de ocupación privada de montes públicos
Esta disputa por mantener las pistas de Navacerrada más allá de la fecha en principio permitida se refiere a la vertiente segoviana de la estación. Es la que dispone de cañones de nieve y permite que el negocio sea rentable. La parte madrileña no tiene esa infraestructura y sus pistas no son aprovechables durante muchas jornadas por no caer suficiente nieve natural, como ha reconocido la empresa.
A eso se añade que la autorización para ocupar los montes públicos que caen en la Comunidad de Madrid está caducada desde hace más de tres años. El Gobierno autonómico debía haber tramitado el expediente de caducidad, pero no lo ha hecho. En su lugar, prevé modificar la Ley Forestal mediante una normativa ómnibus para que las concesiones para ocupar montes como la de la estación de Navacerrada se alarguen del tope actual de 15 años a otro de 30 o 75 años, según los casos. Mari Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, resume así esta iniciativa legal: “Es un intento claro para legalizar la estación al menos en ese lado”.