Dos años de la Ley de Memoria y ningún crimen franquista juzgado: “No se ha terminado la impunidad de los verdugos”

Han pasado dos años desde que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática, aprobada –con la oposición de las derechas– con el objetivo de dibujar una nueva hoja de ruta tras la norma anterior, de 2007. Varios son los avances consignados, entre ellos el inicio de las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros o la creación de una Fiscalía especializada, pero las organizaciones memorialistas y de derechos humanos lamentan las cuestiones pendientes y son unánimes en señalar como “uno de sus grandes puntos negros” la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo.

El tiempo que ha pasado desde el 20 de octubre de 2022 ha servido a los colectivos para constatar lo que ya advirtieron durante la tramitación de la norma, a pesar de que desde el Gobierno de coalición se insistió en que la ley abriría la puerta a juzgar los crímenes de la dictadura: “Sin embargo, no elimina los obstáculos para que puedan investigarse judicialmente ni para que se pueda avanzar en el esclarecimiento de las graves violaciones de derechos cometidas” en dictadura, esgrimen Amnistía Internacional, CEAQUA, Iridia y Sira, que han suscrito un comunicado conjunto.

Las organizaciones cifran en un centenar las querellas por torturas, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales presentadas por víctimas “en los últimos años”, más de diez tras la entrada en vigor de la nueva ley, pero todas han acabado inadmitidas o archivadas. La última, la presentada por Julio Pacheco por torturas policiales durante el franquismo, que se convirtió en el primer represaliado en ser escuchado en sede judicial en nuestro país. Sin embargo, el caso fue archivado en septiembre en base a los argumentos jurídicos habituales y a la sentencia del Tribunal Constitucional que cerró la puerta a la posibilidad de juzgar los crímenes.

Por eso, en el aniversario de la ley, las organizaciones reclaman el impulso de medidas legislativas que aseguren que los juzgados no pueden ampararse en la Ley de Amnistía de 1977 o el principio de legalidad. Así, piden la derogación o modificación de la norma y la reforma del Código Penal para que puedan enjuiciarse hechos que en el momento de cometerse eran considerados delitos de genocidio o lesa humanidad por el derecho internacional –y por tanto, imprescriptibles– aunque no estuvieran así tipificados en España, que no introdujo esta figura hasta 2004. Sin embargo, el último intento de reforma en este sentido fue rechazado por el Congreso con los votos del PSOE, PP y Vox.

A la misma reclamación se suman desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH): “La ley hace alusión a que los jueces pueden usar los tratados internacionales y eso es lo que políticamente se trató de vender como el final de la impunidad de los verdugos, pero es que el texto no estaba hecho para terminar con ella, en la práctica se ha optado por no hacerlo. Era claro durante la elaboración de la ley y lo sigue siendo dos años después”, afirma Emilio Silva, su presidente.

Desde la secretaría de Estado de Memoria Democrática apuntan a que la norma “aboga fundamentalmente por la justicia restaurativa” y recalcan que se ha creado la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos y ya hay fiscales designados en muchas provincias “que están trabajando en ello” y que “acuden a las fosas en pro del establecimiento de la verdad de lo que ocurrió”.

Esta es una de las cuestiones que sí celebran los colectivos, que aplauden que la fiscalía “se haya posicionado a favor de impulsar” la investigación por vía penal en algunos de los casos abiertos, aunque “no ha iniciado ninguna acción” por sí misma, lamentan. La ley también ha facilitado las declaraciones de hechos pasados en sede judicial, una figura del derecho civil mediante la cual se reconoce judicialmente que algo ha ocurrido y es verdad judicial, como hizo la Audiencia de A Coruña con un obrero asesinado por la policía en Ferrol en 1972.

La salida de los monjes de Cuelgamuros

Además, la norma ha retirado una treintena de títulos nobiliarios concedidos por Franco, declara ilegítimos los tribunales franquistas y anula sus sentencias o endurece la retirada de símbolos franquistas de las calles a través de un decreto que ya tramita el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que también ha puesto en marcha ya el inventario de Lugares de Memoria. Además, el Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para la extinción de la Fundación Francisco Franco. “Somos conscientes de que queda camino por recorrer. Pero el compromiso es firme”, ha reconocido el ministro Ángel Víctor Torres.

El Valle de Cuelgamuros –antes de los Caídos– es otra de las asignaturas pendientes que tiene el Gobierno sobre la mesa: ya han salido de allí los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera y siguen los trabajos de búsqueda de los restos de víctimas allí trasladadas sin permiso para devolvérselos a sus familares, un proceso obstaculizado en los tribunales por los sectores franquistas. De momento, han sido exhumadas 12 personas, de las cuales 11 han sido identificadas, además de otras tres procedentes de Borja (Zaragoza).

Sin embargo, aún se espera la salida de los monjes benedictinos de la basílica, que será “consensuada”, tal y como ha reiterado este fin de semana desde el Vaticano el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la conversión del espacio en un centro de interpretación. Por el momento, se ha creado una web que explica cómo el franquismo concibió y ejecutó su construcción, pero su resignificación está siendo trabajada en el seno de una comisión interministerial creada el pasado mes de julio a pesar de que ya se han cumplido tres años desde que se anunciara que se haría mediante un concurso de ideas, que fuentes de la secretaría apuntan a que “se pondrá en marcha en breve”.

Para la ARMH, los avances en este sentido son “lentos e insuficientes”: “Es incomprensible que los monjes benedictinos permanezcan todavía allí y también que desde el año 2007 que se aprobó la primera ley la narrativa que hay en el monumento sea exactamente la misma que la que dejó la dictadura”, lamenta Silva, para el que es “igualmente grave” que la tumba de Franco en Mingorrubio tras su salida de Cuelgamuros se haya convertido en un altar franquista.

Comisiones en marcha y otras pendientes

El Gobierno ha creado ya, aunque con medio año de retraso, las comisiones previstas en la ley para estudiar la violencia en la Transición, otra para reparar al pueblo gitano y una última que estudiará posbiles indemnizaciones económicas a las víctimas de la dictadura, pero aún falta la creación del Banco Estatal de ADN que tiene por objetivo almacenar los perfiles de víctimas de la guerra y el franquismo y sus familiares, “así como de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos”, estima la ley, que también mandata a la puesta en marcha de un censo estatal de víctimas que tampoco ha visto la luz.

Pendiente está también la auditoría de bienes inmuebles expoliados por razones políticas o ideológicas, para la que la norma daba un año desde su entrada en vigor, y en la que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática asegura que ya se está trabajando. Lo mismo ocurre con el inventario de obras realizadas por trabajadores forzados y la “reparación y reconocimiento” de esas víctimas. En este sentido, se prevé la elaboración de un censo y a partir de ahí, el impulso de iniciativas “por parte de empresas” que utilizaron trabajo forzado “en su beneficio”. Varias asociaciones memorialistas agrupadas en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Democrática y de Víctimas del Franquismo y la Transición reclaman también la creación del Centro de la Memoria Democrática, también pendiente.

La secretaría de Estado de Memoria Democrática explica que muchas de estas cuestiones están en proceso: aseguran que ya se ha adquirido un instrumento informático y se ha formado a los técnicos de cara a desarrollar el banco de ADN, para el que “ahora se está regulando la subida de datos de laboratorios procedentes de las comunidades”. En el censo de víctimas “ya se han volcado más de 400.000 registros de expedientes militares y más de 16.000 del convenio de instituciones penitenciarias” y el trabajos forzados “está en investigación en archivos”, añaden.

En cuanto a las exhumaciones de restos, el departamento dirigido por Torres cifra en 20 millones de euros el presupuesto consignado al primer plan cuatrienal de exhumaciones (2020-2024) mediante transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos con el que se han recuperado 5.600 cuerpos, según el Gobierno. Silva asegura que el modelo “favorece las exhumaciones”, pero “no sabemos cuántas de estas personas han sido identificadas” debido a que “no se obliga a llevar a cabo una investigación profunda previa que permita entregar los restos a sus familias”.

Paralelamente a la puesta en marcha de la nueva ley, en varias comunidades gobernadas gracias a las alianzas entre PP y Vox se ha impulsado la derogación de las leyes de memoria propias y su sustitución por las llamadas leyes de concordia, lo que ha motivado la reacción del Gobierno central, que en el caso de Aragón ya ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional y se prepara para hacer lo mismo, si no hay novedad, con el texto valenciano y cántabro. Amnistía Internacional, CEAQUA, Sira e Iridia apuestan por no pasar por alto lo que llaman “retrocesos autonómicos” en este segundo aniversario: “Parece que se pretende invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo”, concluyen.