El conocido activista antivacunas Robert Kennedy ha asegurado que Donald Trump le ha pedido que lidere una comisión gubernamental que se encargará de velar por la seguridad de las campañas de inmunización. Con este movimiento Trump vuelve a dar alas a los polémicos grupos antivacunas que, entre otras cosas, fueron responsables del resurgimiento del sarampión en EEUU en 2012.
Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, dio la noticia a los medios tras una reunión con el propio Trump y aseguró que la comisión probablemente duraría un año y que estaría compuesta por una mezcla de científicos y “estadounidenses prominentes que no tengan una idea preconcebida de este asunto”. Una portavoz de Trump reconoció que el presidente electo está “explorando la posibilidad de formar una comisión sobre el autismo” en relación a las vacunas, aunque aún no se ha decidido.
Kennedy es un reconocido crítico de las campañas de vacunación. En 2014 publicó el libro Thimerosal: Let the Science Speak, en el que aseguraba que el timerosal contenido en las vacunas era responsable de causar autismo en los niños, pese a que la mayoría de los estudios rechaza esa relación. Además, en su página web acusa a los organismos gubernamentales de haber creado un sistema regulatorio opaco que favorece a las grandes farmacéuticas y que pasa por alto los posibles efectos de las vacunas.
Trump y sus relaciones con los antivacunas
No es la primera vez que el magnate norteamericano apoya a los grupos antivacunas. Según informó la revista Science, en agosto Trump se reunió con el británico Andrew Wakefield, principal impulsor de los movimientos antivacunas y autor del estudio que en 1998 relacionaba las vacunas con el autismo y que fue publicado por The Lancet.
En los años siguientes varias investigaciones independientes desmontaron las tesis de Wakefield y demostraron que su estudio era falso. La revista decidió retirar el artículo y en 2010 el Consejo General de Medicina Británico retiró la licencia médica a Wakefield por mala conducta profesional.
Sin embargo, a pesar de haberse demostrado el fraude de Wakefield y de que no existan pruebas de la relación entre las vacunas y el autismo, el propio Trump ha defendido esta idea en repetidas ocasiones. El nombramiento de Kennedy no es sino un paso más dentro de la deriva antivacunas del futuro presidente norteamericano, lo que resulta especialmente delicado en un país donde la fuerza y la popularidad de estos grupos ha tenido importantes efectos en la salud pública de la población, tal y como han demostrado varios estudios realizados durante los últimos años.
Los antivacunas y el sarampión en EEUU
El pasado año, la Revista de la Asociación Americana de Medicina publicó un estudio que relaciona directamente los brotes de sarampión sufridos en el país desde 2012 con los movimientos antivacunas. El estudio recuerda que el sarampión se declaró erradicado en el año 2000 y que en 2014 el país sufrió 23 brotes con más de 600 infectados, con otros tantos al año siguiente.
Los autores del estudio concluyeron que “una proporción sustancial de los casos de sarampión de los Estados Unidos en la era posterior a la erradicación fueron intencionalmente no vacunados” y que “el rechazo a la vacunación está asociado a un mayor riesgo de contraer el sarampión”, tanto entre las personas que rechazan las vacunas y como entre los individuos vacunados.
No es la primera que vez que se analiza el impacto de los movimientos antivacunas en la literatura científica. Ya en 1998 un estudio comparó la incidencia de tos ferina en países donde se mantenía una alta cobertura de vacunación (Hungría, la antigua RDA y EEUU) con países donde la inmunización había sido interrumpida por movimientos antivacunas, como fue el caso de Suecia, Japón, Alemania Occidental o Australia.
Los datos obtenidos por los investigadores mostraron que la incidencia de la tos ferina era entre 10 y 100 veces menor en los países donde se mantuvo una alta cobertura. Los autores concluyeron que “lejos de ser obsoletas, las vacunas siguen teniendo un papel importante en la inmunización mundial”.
En España la cobertura es mayoritaria
Los datos de cobertura en España son relativamente buenos y no indican que los grupos antivacunas estén teniendo impacto en las cifras globales. Los porcentajes de inmunización de los menores se mantienen regularmente por encima del 90%, según datos del Ministerio de Sanidad, y las pequeñas disminuciones en la cobertura que se han dado en los últimos años tienen su origen principalmente en la exclusión.
Aún así, cabe recordar casos como el del niño que falleció de difteria en 2015 en la localidad de Olot. El menor, que no estaba vacunado por decisión de los padres, se convirtió en el primer caso de esta enfermedad en España desde 1987. El bacilo que provoca la enfermedad infectó a ocho niños más, pero ninguno desarrolló la enfermedad debido a que estaban vacunados.
Pese a que desde el sistema sanitario español se recomienda encarecidamente que se vacune a los niños como medio más eficaz para controlar y erradicar diversas enfermedades, la legislación española no obliga a los padres a vacunar y la mayoría de los expertos coincide que no es necesario un cambio legislativo en este sentido.
Según un informe del Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría, “la cobertura vacunal en España, a pesar de la no obligatoriedad, es incluso superior a la de algunos países en los que la vacunación sí es obligatoria”.
Cabe recordar que en EEUU el calendario vacunal es obligatorio, aunque no gratuito, mientras que en España las vacunaciones forman parte de la cartera de servicios de Atención Primaria aprobada por el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud.
Los autores de este informe recuerdan que “la vacunación ha sido la medida sanitaria más efectiva para el control de las enfermedades infecciosas junto con la disponibilidad de agua potable limpia” y que “la evidencia científica disponible permite afirmar que las vacunas […] son seguras y tienen gran efectividad y eficiencia”.
Aun así, el comité asegura que “en una sociedad plural como la actual, debemos asumir que en ocasiones se producirán desacuerdos con los padres” y que los médicos deben intentar “persuadir[les] para conseguir actitudes y decisiones saludables para los niños”, pero “evitando la confrontación” y “fomentando la responsabilidad compartida”.