No hay excepción. Tampoco en España. La crisis climática ha disipado en todas partes el espejismo de una abundancia de recursos naturales ilimitada. Se trata de una realidad que el periodista Antonio Cerrillo (La Rambla, Córdoba, 1959) ha tratado de contar a lo largo de su extensa trayectoria, en la que, entre otras distinciones, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Ambiental en el año 2004.
“En los grandes litigios ambientales se decide la prosperidad de nuestro futuro”, reflexiona, preguntado por la variopinta situación ecológica española, y sus palabras son especialmente pertinentes por dos motivos. Primero, porque sabe que, por cada crisis ambiental que amenaza la geografía peninsular, hay gente perjudicada que puede perderlo todo, incluso su salud, y hay también beneficiarios que ganan mucho dinero a costa de la explotación desmesurada del agua, de la tierra o del aire. Segundo, porque reclama a la justicia que tome “un papel activo” a la hora de proteger “la conservación del medio ambiente” en el país.
Era tan acuciante para Cerrillo la voluntad de llevar a cabo “una radiografía” de todos esos conflictos que asolan la transición ecológica en España, que el periodista se decidió a juntar esfuerzos con varios colegas –16 en total, entre los cuales está el redactor de elDiario.es, Raúl Rejón– para coordinar “un libro coral”.
En las páginas de El mapa de la crisis ambiental en España (Icaria editorial), que es al mismo tiempo ejercicio periodístico y un golpe de realidad, resuenan como gritos, desde las aguas rebosantes de nitratos del Mar Menor hasta los acuíferos esquilmados de Doñana o las ciudades convertidas en hornos abrasadores, los desafíos perpetrados por un sistema económico depredador que, dice Cerrillo, ha destacado por el “incumplimiento” sistemático de las leyes ambientales.
A nivel climático y ambiental, ¿qué diagnóstico hace de España?
La geografía española es tan extensa que se hace muy difícil establecer un diagnóstico. Hay diversos problemas. Muchos están relacionados con la explotación del agua, como Doñana, la sequía, la contaminación o los vertidos, como los que tienen lugar en el Mar Menor. Otros conflictos tienen que ver con modelos de desarrollo urbanístico, o con especies animales que hay que proteger, o, por supuesto, con el cambio climático. Pero todos surgen porque no se entiende suficientemente bien el derecho a tener un medio ambiente sano. Echamos en falta que nuestro sistema judicial resuelva y asuma con un mayor grado de comprensión la defensa ambiental.
Precisamente, en el libro se relatan denuncias ante juzgados contra algunos desastres ecológicos en España. Unas prosperan, otras muchas, no. ¿Qué papel juegan los jueces en este sentido?
Yo creo que los jueces deberían intervenir de una manera más decidida en casos en que sea necesaria una protección del medio ambiente. Hemos visto decisiones judiciales sorprendentes, como el fallido intento de protección de la atmósfera en Madrid. Necesitamos más amparo. Echo en falta una participación más activa de los jueces cuando hay incumplimientos de leyes que significan desprotección a la naturaleza. Veo que hay un activismo judicial en unos ámbitos, y que, en otros, como este, no lo hay.
¿Cree que los intereses particulares y económicos han dejado sin efecto las leyes medioambientales españolas o las han modificado a su voluntad?
En general, en España, el ámbito legal en materia medioambiental viene precedido de normativas europeas. El problema es que esos intereses particulares han incumplido las leyes sistemáticamente o han intentado buscar huecos legales para proseguir con sus actuaciones. En Doñana, por ejemplo, hemos visto cómo se abrían miles de pozos ilegales que han sobreexplotado el acuífero. No nos falta más legislación: necesitamos que ésta se defienda y se fiscalice más.
Casi no hay políticos y políticas que defiendan la calidad del medio ambiente de manera mucho más decidida frente a ese ejército de intereses que miran en un sentido egoísta
Esos conflictos están también avalados por decisiones políticas ¿Hasta qué punto han influido las decisiones políticas en el medio ambiente en este país?
Tanto la acción como la inacción es responsabilidad de las instituciones, sin duda. Muchos de los proyectos que son destructivos y dañinos para la naturaleza son promovidos precisamente por las administraciones públicas. Es una gran paradoja. En el debate político apenas hay presencia de cuestiones ambientales. Casi no hay políticos y políticas que defiendan la calidad del medio ambiente de manera mucho más decidida frente a ese ejército de intereses que miran en un sentido egoísta. El bien común hay que defenderlo, y lo tienen que hacer los políticos.
¿Quiénes son los grandes perjudicados de este daño ambiental, y, en definitiva, de la crisis climática en España?
No tiene por qué haber un patrón. Un perjudicado puede ser un peatón al que le quitan todos los derechos por la prioridad monumental sobre el coche, o el pequeño ganadero murciano que quiere practicar una ganadería respetuosa con el territorio y ve cómo se lo come una competencia brutal e injusta, o los vecinos que ven cómo la inacción política está destruyendo el Mar Menor, o el agricultor que no sobreexplota los recursos en Doñana pero que resulta perjudicado porque el que abre pozos ilegales no es sancionado, o los habitantes de pueblos que viven junto a macrogranjas y que no pueden salir a la calle porque el aire es irrespirable… Las víctimas de la crisis ambiental son muy diversas, y no entienden de territorios ni clases.
Nos sigue faltando conocimiento. En España, por ejemplo, no sabemos ni cuántas botellas de plástico se reciclan
A día de hoy, en pleno 2024, todavía surgen oportunidades de negocio que dañan el entorno, como nuevas minas de metal en diferentes partes de España, o planes de ampliación del aeropuerto de El Prat sobre los humedales del delta del Llobregat… ¿Cree que seguimos cometiendo los mismos errores?
Tenemos, en el plano teórico, unos instrumentos legales mejor dispuestos y una ciudadanía más concienciada. El problema es que, a veces, se produce un deterioro del medio ambiente incluso con todas esas condiciones. Yo creo que no es suficiente pensar que el derecho ambiental va a ser defendido solo porque consta en una legislación. Se requiere de una ciudadanía muy activa. Nos sigue faltando conocimiento. En España, por ejemplo, no sabemos ni cuántas botellas de plástico se reciclan. También nos falta Administración asuma que la protección del medio ambiente es una función pública y que no podemos cederla al albur de la interpretación de los sectores privados.
En relación a esa interpretación de los sectores privados, hay casos en que surgen sectores negacionistas y se desata una pugna contra la ciencia, los datos y la realidad.
Efectivamente. Existe un negacionismo que afecta a todos los problemas ambientales y que se manifiesta de diversas formas. Por ejemplo, con el negacionismo climático de Vox, que es más explícito y obstruccionista, o el de otras derechas, que es más sutil. También hay un negacionismo que se basa en negar las evidencias, en fake news y en desinformación. Aun así, hay que resaltar que, en España, según las encuestas, la mayoría de ciudadanos están convencidos de que existe un cambio climático, y de que éste se atribuye a las actividades del hombre.
Hay sectores de la sociedad que incluso asocian la transición ecológica y sus actuaciones prioritarias con la ideología.
Es una cosa que siempre me ha extrañado: pensar que la protección de la naturaleza y la conservación del clima o la mejora de la calidad de nuestro entorno sea una cosa de izquierdas. No lo entiendo. Es algo que está por encima de las ideologías. Es una cuestión que debería ser asumida por toda la sociedad. No debería ser una bandera.
Con respecto a temas específicos que aborda el libro: la sequía, la desertificación, la escasez de agua ¿Es tan alarmante y difícilmente reversible como parece?
Lo que sabemos por el CSIC es que en los últimos años se ha producido, en una importante extensión de las zonas áridas, una sobreexplotación de los recursos y un mal uso de los suelos. Eso está muy focalizado en el sudeste español.
La protección de la naturaleza y la conservación del clima o la mejora de la calidad de nuestro entorno es algo que está por encima de las ideologías. No debería ser una bandera
En Almería, Alicante o Granada. Yo creo que el riesgo mayor es la proliferación de regadíos para producir cultivos que no están adecuados a nuestro clima y que requieren de una mayor cantidad de agua. Eso provoca una colisión de intereses entre la escasez que se genera y esos agricultores que necesitan agua para seguir regando sus cultivos. La sequía puede generar un problema de convivencia.
En pleno verano, con las olas de calor a la vuelta de la esquina ¿Están preparadas las ciudades para soportarlas y para llevar a cabo un cambio verde?
La mayoría no. Me parece importante señalar determinados materiales, como hormigones o mármoles, o la poca vegetación y el escaso arbolado. Todo ese cóctel va en detrimento del aire y de ciudades más frescas. Y, por supuesto, va en contra de la salud de las personas.
Los urbanistas e ingenieros tienen que trabajar de la mano con los que informan de la situación climática y del incremento de las temperaturas, así como de los epidemiólogos que están preocupados por los problemas asociados a los golpes de calor y por la mortalidad especialmente intensa en las ciudades, y también de los botánicos y los naturalistas. No se trata de embellecer las ciudades en el sentido estético, sino de hacerlas habitables y seguras.
¿Pueden las crisis ambientales llegar desarrollar crisis sanitarias?
Hay muchas muertes provocadas por exceso de temperatura. España es el país europeo donde más subieron las muertes relacionadas con el calor en 2023. Para que ese aumento deje de suceder falta mucha regulación, y no solo en aspectos urbanísticos, sino también porque hay muchas personas expuestas a las olas de calor en las horas centrales del día: trabajadores precarios, riders que van en bicicleta para repartir comida, empleados que se dedican a hacer instalaciones, obreros, barrenderos que tienen que mantener limpias las calles…
Parece que estaremos siempre en tensión entre los que propugnan esta mejora en la vida de la gente y los que actúan movidos por las presiones de los sectores que dependen de la economía vinculada al coche
Con respecto a la contaminación, hay ayuntamientos que incluso siguen fomentando el uso del coche, el asfalto… ¿Está en juego el derecho a la salud y a tener una vida alejada de la contaminación?
La Ley de Cambio Climático incorpora la obligación, en ciudades con una atmósfera contaminada, de crear zonas de bajas emisiones. Pero, en la práctica, son poquísimos los municipios que están cumpliendo la normativa. Estas zonas de bajas emisiones están hechas para protegernos a nosotros. Estamos hablando de nuestro derecho a tener unos pulmones limpios de contaminación. Pero parece que estaremos siempre en tensión entre los que propugnan esta mejora en la vida de la gente y los que actúan movidos por las presiones de los sectores que dependen de la economía vinculada al coche.
Aquí sale a la palestra, también, la promoción turística, la construcción inmobiliaria exagerada ¿Es sostenible?
Salta a la vista lo que está pasando. Todos lo vemos, en Canarias, en Balears, en Barcelona, en Málaga. Hay ciudades que se han convertido en parques temáticos para turistas. No es sostenible un turismo masivo. No es turismofobia. Es que es un ejemplo muy claro de desarrollo insostenible. Y hay incumplimientos legales flagrantes: la Ley de Costas, la ocupación de espacio de dominio público marítimo-terrestre. No se respetan las normas ambientales.
¿Es usted optimista con respecto al futuro?
Sí, lo soy, pero con la condición de que se cumplan algunos de los requerimientos que exige la actual situación: si se respeta la legislación ambiental, si los representantes sociales y políticos actúan en consecuencia, si llegan a acuerdos o pactos, como el que tuvo lugar en Doñana. Se requiere muchísimo diálogo, y, a la sociedad española, en general, le cuesta mucho dialogar.
¿Qué desafíos conllevará el futuro?
Yo creo que el gran desafío es que Europa siga manteniendo una legislación que proteja nuestro medio ambiente y nuestra salud. Hay en el Parlamento y la Comisión Europea una pulsión de hacer una contrarreforma verde, propiciada sobre todo por el auge de la ultraderecha. Es un riesgo latente. Eso significaría que las zonas degradadas de Europa y de España no tendrían posibilidad de ser revertidas, y quedarían como vertederos y homenajes al desarrollo mal entendido. Existe el riesgo de que Europa reduzca su ambición climática.