Anular la condena a Companys y los juicios del franquismo: ¿cómo, cuándo y para qué?
El Gobierno de España rechaza la condena a muerte de Lluis Companys. La dictadura de Francisco Franco ejecutó al presidente de la Generalitat en 1940. Pero el Consejo de Guerra que mandó al paredón al político catalán sigue vigente. ¿Cómo se anulan los juicios del franquismo? ¿Y para qué serviría que el Estado asuma esta revisión?
La ley de Memoria Histórica declara la “ilegitimidad” de los tribunales franquistas. El Congreso de los Diputados fue un poco más allá y en septiembre de 2017 señaló como “radicalmente nulas e injustas” las sentencias dictadas en este marco jurídico.
Queda el gran paso, reclamado por las asociaciones memorialistas como una reivindicación básica: anular la parafernalia judicial franquista. Requiere una modificación del marco legal que está en trámite en el Parlamento gracias a un acuerdo de PSOE y ERC, como aclaran fuentes de Moncloa.
La tarea es, sin embargo, enorme y compleja. Porque el propio concepto de víctima es muy amplio. Desde los esclavos del franquismo a los bebés robados, desde los muertos tirados en cunetas a los disidentes sexuales y los presos políticos del tardofranquismo. Miles de expedientes, centenares de miles de afectados. Porque fueron 40 años de dictadura y de represión poliédrica.
¿Para qué serviría la anulación de la justicia de Franco? Como elemento reparador, y quizás solo simbólico, para las víctimas y sus familiares. Que el propio Estado subraye el carácter ilegítimo de aquellas sentencias declarando, por tanto, que los condenados por la judicatura golpista eran inocentes.
La justicia al revés
Los golpistas de Franco, rebeldes contra el Gobierno de la República, juzgaron por un delito de rebelión a quienes defendían la democracia. Era la justicia al revés. De ahí, el régimen franquista quedó asentado sobre una encarnizada matanza fundacional que nació de la aplicación de los Bandos de Guerra que permitía ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias.
Es decir: quienes dan el golpe de Estado matan sin abrir juicio, emitir sentencia, ni otorgar capacidad de defensa para los asesinados. Como sucedió con el Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, por ejemplo, y decenas de miles de personas que siguen tiradas en centenares de fosas comunes y cunetas.
Desde febrero del 37 los rebeldes intentan vestir con un halo de legalidad a las ejecuciones por motivos ideológicos, sociales y políticos. Pasan de la represión caliente a celebrar una suerte de juicios farsa: los Consejos de Guerra. Como el que condenó a Companys. Y, de nuevo, a otros miles de republicanos.
Los 'juicios sumarísimos' son una carta común en los cajones de miles de familias en España. Mientras la justicia franquista siga viva, aquellos asesinados, torturados, encarcelados, depurados profesionalmente… seguirán siendo, de manera oficial, delincuentes.
Única vía: reformar la ley
La declaración de “reparación” a Lluis Companys ha dejado encima de la mesa, de nuevo, el asunto. El reconocimiento aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona es el primero de este tipo que realiza un Ejecutivo español.
El Gobierno de Pedro Sánchez proclama “su reconocimiento y la restitución de la dignidad de Companys como presidente de la Generalitat”. Y rechaza y condena el Consejo de Guerra que sentenció a muerte al político catalán, como apuntó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
La postura gubernamental casa con la ya adoptada en el Congreso, señaló la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. La nulidad de los juicios franquistas, no obstante, “requiere una previsión normativa y legal” que está contemplada en la propuesta de reforma de la ley de Memoria Histórica que ya tramita el Congreso.
Un retoque a la legislación memorialista que, eventualmente, puede ser aprobada, subrayó. La memoria de las víctimas, y sus familias y las asociaciones de derechos humanos, esperan. Como en el caso de Companys, detenido por los nazis en colaboración con el 'cazados de rojos', el espía de Franco que también rastreó a Manuel Azaña.
Miles de casos en espera
Como espera la memoria de Blas Infante. Y la del poeta Miguel Hernández, del comunista Julián Grimau, el socialista Julián Besteiro o el anarquista Salvador Puig Antich, condenados a muerte, encarcelados, ejecutados... O los presos políticos que acabaron siendo torturados por Billy el Niño, los dirigentes de Comisiones Obreras juzgados en el Proceso 1001… Y tantos otros.
Pero hay más. Miles de víctimas anónimas. Decenas de miles de casos que esperan respuesta. Como aquellos generados en la maraña represora que significó el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (de 1940 a 1971). O centenares de cajas con expedientes condenatorios del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas (de 1936 a 1945).
Y la represión continuada en el tardofranquismo, asumiendo lo que la dictadura consideraba “delitos políticos” desde el Tribunal de Orden Público (TOP), creado en 1963 y que en 1977 mutó a Audiencia Nacional. O todos los afectados por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social del año 70 que sustituía a la Ley de Vagos y Maleantes, aplicada contra los “antisociales”: mendigos, homosexuales, “vándalos”, consumidores de drogas, prostitutas… e inmigrantes ilegales.
La memoria espera una decisión final, anular la justicia franquista, que no es fácil de ejecutar por la magnitud del aparato judicial y represor de la dictadura de Franco. Pero que dejaría a cambio un elemento reparador que, aunque simbólico en muchos casos, sigue siendo un reclamo de las familias de las víctimas y las asociaciones memorialistas. Un camino que muestra el Gobierno con la declaración de “reconocimiento” a Companys y sobre el que se siguen dando pasos en el Congreso con la reforma de la ley de Memoria Histórica.
